Manifestación de pensionistas en Bilbao
Manifestación de pensionistas en Bilbao - EFE

La crispación política paraliza el Pacto de Toledo con las pensiones al límite

La subida del 1,6% ha disparado el gasto al 7%, lo que ha contribuido a engordar el déficit, de más de 19.000 millones

MadridActualizado:

El acuerdo en el Pacto de Toledo era inminente. Al Gobierno se le ha llenado la boca en los últimos meses de anunciar unos avances que le permitirían legislar una nueva reforma para asegurar los pilares del sistema de pensiones, afectado por un déficit superior a 19.000 millones de euros. Pero ese acuerdo tendrá que esperar. Con la cuenta atrás de la legislatura ya en marcha, la comisión parlamentaria ha encallado y con ella la veintena de recomendaciones en las que trabajan sus señorías para afrontar la que probablemente sea la reforma más importante y compleja que tiene pendiente España.

La actitud que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos meses de negociación no ha sido la esperada entre los grupos parlamentarios de la oposición para construir un ambiente proclive al entendimiento. «No hay muestra de interés alguna», aseguran fuentes parlamentarias. Y aunque a principios de año el documento final llegó a esperarse para los primeros días de febrero, lo cierto es que los desplantes han ido acumulándose hasta erosionar por completo las posibilidades de pacto. Los populares han denunciado en reiteradas ocasiones cómo el Ejecutivo no les ha llamado para acordar ninguna de las medidas económicas aprobadas en los últimos meses, una actitud que choca de frente con el llamamiento a todos los grupos parlamentarios que el pasado mes de julio hizo Pedro Sánchez «para construir un nuevo Pacto de Toledo».

Reformas por decreto

Un punto de inflexión en las negociaciones lo marcó también el decreto de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros de diciembre, que con el anzuelo de la revalorización del pago a los pensionistas el Gobierno incluyó además la eliminación de las bonificaciones a la contratación impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo logró sacar adelante este «cajón de sastre» con el apoyo de Podemos y ante el desconcierto de Ciudadanos, que cambió su sentido del voto a última hora y se unió al PP en su abstención. Una «desvergüenza», en palabras del diputado popular Carlos Floriano, que protagonizó un fuerte rifirrafe con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en aquel pleno y que en la práctica supuso romper con el espíritu de la comisión del Pacto de Toledo de mantener las pensiones públicas alejadas de las tensiones políticas.

Tampoco ha tenido buena acogida en la oposición un artículo escrito por la portavoz socialista en Pacto de Toledo, Merce Perea, con un buen puñado de dardos al Partido Popular. Bajo el título «¡Es el Pacto, estúpido!», Perea asevera que «despreciar el Pacto como se hizo en 2013, dejarlo caer, como pretenden algunos ahora, constituye una regresión que no nos podemos permitir» de un instrumento que se creó hace más de 20 años y que es «referente mundial». Según la portavoz socialista, la unanimidad en torno a las recomendaciones del Pacto de Toledo es fundamental, porque «no llegar a un acuerdo lo más amplio posible» permite a cualquier gobierno «hacer la reforma que le parezca en función de su mayoría parlamentaria».

«No han faltado quienes, atrevidos a mi juicio, han argüido que el acuerdo al que se llegue será papel mojado», aseveró Perea, para añadir que «las reformas estructurales del país se deben hacer por consenso, nunca por imposición ya que carecerían de la suficiente legitimidad social».

Alternativas de financiación

El Pacto de Toledo lleva intentando deshacer la madeja en la que está enredado desde que en septiembre pasado acordara volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. Fue el primer fruto de unos trabajos que habían comenzado más de año y medio antes con el objetivo acuciante de poner sobre la mesa alternativas para asegurar la financiación y sostenibilidad del sistema público, para el que este año había presupuestados 153.864 millones, un 6,2%. Es la cifra más alta de la historia.

El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social lejos de reducirse, sigue aumentando. La subida general del 1,6% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas aplicadas en 2018 y este año han elevado la factura de las jubilaciones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas. El pasado enero el gasto en prestaciones se disparó un 7%, hasta hasta la cifra récord de 9.535,5 millones de euros. Hay que remontarse a 2009 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones próxima a la registrada el primer mes del año.

Y, mientras, los grupos parlamentarios son incapaces de ponerse de acuerdo. El PSOE, porque ha decidido legislar por libre, y los partidos de la oposición, porque no están dispuestos a poner sobre la mesa de Pedro Sánchez un acuerdo que podría rentabilizar en las urnas.

En lo que todos coinciden es en que el gran asunto por acordar tiene que ver con cuál tiene que ser la estructura financiera del sistema público de pensiones. Comparten que hace falta más dinero para pagar las prestaciones, pero el acuerdo se aleja cuando se baja al detalle.

Sí que hay consenso en la necesidad de que aumente la aportación procedente de los impuestos, pero el acuerdo se evapora rápido cuando se plantea cómo pagar esa mayor aportación. Falta entendimiento y las discrepancias se ha agudizado por la crispación política, que hace que hoy la posibilidad de pacto este más lejos si cabe.