El Consejo Europeo plantea dudas legales sobre la prórroga a España por el déficit

El informe analiza la coherencia y las implicaciones de la decisión de la Comisión Europea de recomendar dar a España un año más, hasta finales de 2017, para reducir su déficit por debajo del 3 %, pero esperar antes de pronunciarse sobre si se debe imponer una multa al país por haber incumplido sus compromisos, indicaron a Efe hoy fuentes comunitarias.

También analiza el caso de Portugal , que tenía que haber cumplido con el tope europeo del 3% en 2015 y no lo hizo, por lo que la Comisión planteó darle hasta finales de este año para hacerlo, mientras ha pospuesto también la decisión de multar al país o no.

«Es complicado cuando anuncias nuevas fechas límite (para bajar el déficit), mientras que las fechas establecidas anteriormente bajo el procedimiento por déficit excesivo son todavía válidas», indicaron a Efe otras fuentes.

El análisis del servicio jurídico «no deja totalmente claro si es legal o no» el procedimiento que ha decidido seguir la CE, dijeron.

Según las fuentes consultadas, el servicio legal no analiza la legalidad de la decisión, sino la coherencia del procedimiento y las implicaciones ahora de cara a la resolución que deben tomar al respecto los ministros de Economía y Finanzas de la UE.

La adopción o no de las recomendaciones específicas por países, que en el caso de España incluyen la propuesta de conceder un año más al país, figura ya en la agenda del consejo de ministros de Economía y Finanzas, el Ecofin, del próximo 17 de junio.

Después pasaría a los líderes en la cumbre del 28 y 29 de junio y volvería el 12 de julio al Ecofin para su adopción formal.

El informe del servicio jurídico indica, según las fuentes que, si los ministros adoptan las recomendaciones para España y Portugal, entonces deben también hacerlo con el procedimiento por déficit excesivo, es decir sobre si imponer o no la eventual multa.

La propuesta de la CE sobre una posible sanción por incumplimiento del déficit se conocerá solo a principios de julio, una vez pasadas las elecciones españolas del 26 de junio.

Los titulares de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin, pidieron la semana pasada que el servicio jurídico del Consejo de la UE emita una opinión después de que el BCE y algunos ministros criticaran la decisión de la CE de recomendar un año extra para España y Portugal para corregir sus respectivos desvíos y la forma «política» en que aplazó el anuncio sobre una eventual sanción.

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble , fue el que más criticó la decisión de la CE en público, además del presidente del Eurogrupo, foro informal que reúne a los titulares de Economía y Finanzas de la eurozona , y actual presidente del Ecofin, el holandés Jeroen Dijsselbloem.

Schäuble dijo la semana pasada que él y algunos otros ministros dijeron que «dar la impresión de que no se quiere tomar una decisión - probablemente por una cita electoral- no contribuye a reforzar la credibilidad» de las reglas de disciplina fiscal.

En opinión de la CE, «no era ni el momento político ni económico adecuado» para tomar la decisión , explicó el pasado día 18 el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici.

En opinión de Schäuble, la CE debería decidir sobre el procedimiento por déficit excesivo , es decir sobre la multa, antes que emitir las recomendaciones por país y aconsejar un año adicional.

No obstante, recalcó que la CE «puede hacerlo, porque no hay un momento específico en el que tiene que tomar esta decisión».

Dijsselbloem, quien también ha criticado la decisión de la Comisión, ha admitido que hay « preocupaciones » sobre cómo se aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) ante el temor de que las reglas fiscales pierdan credibilidad.

La opinión jurídica de la CE es que la decisión está dentro de su mandato y ajustado a la legalidad y hoy el portavoz comunitario Margaritis Schinas, ha reiterado que presentarán su decisión sobre una eventual multa a principios de julio.