El déficit superó el 5% del PIB en 2015 por la desviación autonómica

La principal fuente de la desviación han sido las comunidades autónomas. El objetivo marcado para las autonomías era del 0,7% del PIB y ya en octubre alcanzaban el 1,3%. Las elecciones que se celebraron el pasado mes de mayo y los nuevos Ejecutivos que llegaron a muchas comunidades podrían estar detrás de esta desviación.

También la Seguridad Social superó sus objetivos, aunque esta desviación podría haberse compensado con el mejor comportamiento de los ayuntamientos.

Otro de los motivos del mayor déficit es el gasto extra en el nuevo medicamento de la hepatitis C, que superó los 1.000 millones de euros. Otros 2.000 millones de desviación se deben a facturas pendientes del año 2013 de obras del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Generalitat de Cataluña, que Eurostat ha obligado a imputar en el año 2015.

Ante estas cifras, que el Ministerio de Hacienda hará públicas hoy, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que presidirá Rajoy, estudiará nuevas medidas de control del déficit autónomo, incluidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero que hasta ahora no se habían puesto en marcha. La Comisión Europea pidió a España hace unas semanas que aplicara en su totalidad esta ley de Estabilidad, y el Gobierno incluirá las medidas en la actualización del Programa que tiene que enviar a Bruselas antes de que acabe el mes de abril.

Como avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista para ABC, este plan incluirá medidas disuasorias , pero no coercitivas. Descartó, en este sentido, suspender la autonomía de aquellas regiones que no cumplan sus objetivos de reducción del déficit, algo que permite la ley de estabilidad.

Entre las medidas que sí se están barajando está la de aumentar la condicionalidad para poder recibir financiación de los planes de proveedores o del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA); exigir planes de recorte de gastos o incremento de ingresos más estrictos que garanticen el recorte de los números rojos , o incluso que sea Hacienda quien directamente pague las facturas de los proveedores. Asimismo, el Gobierno estudiará en la Comisión Delegada la posibilidad de fijar a las autonomías objetivos de déficit que no tengan en cuenta los intereses de la deuda.