Bruselas exigirá a España reducir su deuda pública en dos puntos anuales del PIB desde 2018

Por su parte, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos , señaló la pasada semana que España podría cumplir el objetivo de déficit público en 2016 solo con la aplicación de los acuerdos de no disponibilidad de gasto previstos para este año, para reducirlo en ausencia de más medidas al 2,9% en 2017 gracias a la inercia del ciclo económico. A partir de ahí, Guindos dejó la puerta abierta al próximo Gobierno para que adoptase las medidas preceptivas para rebajar el saldo negativo de las cuentas públicas al 2,5%.

Por otro lado, Bruselas ha pedido a España un esfuerzo estructural del 0,75% para cumplir esta senda , el primer 0,25% este año, que el Gobierno en funciones da por cubierto con esos acuerdos, y el 0,50% restante en 2017. Sin embargo, estas fuentes indican que se dicho límite al gasto podría tomarse como un esfuerzo estructural en la medida en que fuera «permanente».

Además, la vigilancia de Bruselas no se limita sólo al déficit, sino también a los desequilibrios económicos que persisten y, sobre todo, a la elevada deuda pública de España. Así, además del procedimiento de déficit excesivo en el que aún se encuentra la economía española, también está inmersa en un menos conocido proceso de vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos, en cuya posición España va mejorando, pero del que las mismas fuentes han indicado que va a tardar mucho tiempo en salir.

Actualmente, España está siendo objeto de esta vigilancia a la par que Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Eslovenia y Suecia . Otros países de la UE se encuentran, no obstante, en una situación de desequilibrios excesivos, que España ya ha dejado atrás.

Uno de los principales desequilibrios es el de la deuda pública, que supera el 100% del PIB. La Comisión Europea da por hecho que España seguirá siendo una de las economías más fuertes de Europa el año que viene, pero alcanzar el objetivo del deuda del 60% que prevé la UE, más aún en un contexto de inflación negativa, parece complicado.

El reglamento comunitario indica que, una vez un país sale del procedimiento correctivo del déficit, del que España saldría previsiblemente en 2018, año para el que las previsiones de su programa de estabilidad ya debería fijar un déficit inferior al 3%, se activaría un procedimiento preventivo, muy estricto también.

Según este procedimiento, España tendría que rebajar su exceso de deuda pública a un ritmo del 5% anual , lo que supone unos dos puntos porcentuales. No obstante, en este caso se tiene más en cuenta el ciclo económico y existen mayores flexibilidades, por lo que en caso, por ejemplo, de que la inflación se mantenga en niveles muy bajos, la Comisión Europea podría abrir algo la mano a la hora de exigir el cumplimiento.

En caso de que un país no cumpla tampoco esta senda de reducción de la deuda pública, podría enfrentarse a sanciones de hasta el 0,2% del PIB, igual a las que aún está por ver si la Comisión Europea impone a España por el incumplimiento del déficit en 2015.