Vídeo: El Congreso aprueba las subidas de impuestos del Gobierno - ATLAS
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Congreso da luz verde al techo de gasto y a la subida del salario mínimo y de los impuestos

El Gobierno salva así su primer escollo de cara a aprobar los Presupuestos Generales de 2017

MadridActualizado:

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al techo de gasto del próximo año, a los objetivos de déficit público y deuda para el periodo 2017-2019, así como a las subida del salario mínimo y de los impuestos al alcohol, al tabaco y a las empresas. La propuesta del Ejecutivo de límite de gasto financiero, que asciende a 118.337 millones de euros, ha tenido el visto bueno de la Cámara Baja al aprobar los objetivos de déficit, que suavizan el ajuste para las comunidades autónomas, y deuda para 2017 a 2019 con el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra de Podemos y sus confluencias, ERC y el Pártido Demócrata Catalán. La iniciativa ha contado con 251 apoyos, 87 votos en contra y 1 abstención.

El límite de déficit será así del 0,6 por ciento el año que viene para las comunidades mientras que el Estado deberá congelar su gasto en 118.337 millones, mismo importe en el que el Ministerio de Hacienda espera que acabe este año.

En cuanto al Real Decreto que incluye las subidas de impuestos el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) un 8 por ciento y de las bases de cotización otro 3 por ciento, también ha recibido el visto bueno de PP y PSOE y ha contado con las abstenciones del PNV, ERC y UPN. Podemos y sus confluencias, el Partido Demócrata Catalán y Foro Asturias lo han rechazado. De esta forma, ha recibido 214 votos a favor, 11 en contra y 114 abstenciones. Eso sí, el pleno se ha opuesto a que se trámite como un proyecto de Ley.

Así se ha solventado una sesión eminentemente económica en el Congreso de los Diputados, que también ha dado su aprobación a las reformas financieras para avanzar en la Unión Bancaria Europea.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido esta última medida sacando pecho de la situación de la banca española y presumiendo de que, no solo ya no «genera dudas» sino que «contribuye al crecimiento» del país.

En consecuencia, ha solicitado el apoyo de la Cámara al último Real Decreto ley de medidas financieras aprobado por el Consejo de Ministros que prevé retrasar la privatización de Bankia y BMN dos años más. Un plazo que no tendrá por qué agotarse, ha avanzado Guindos, pero del que probablemente se consumirá al menos un año.

Con esta medida, Economía tendría hasta el último trimestre de 2019 para vender su participación en la anterior Caja Madrid, y hasta el primer trimestre de 2020 para hacerlo en BMN. El objetivo es sacar la mayor rentabilidad posible a la participación del Estado en ambas entidades, superior al 65 por ciento del capital.

Además, el titular de Economía ha propuesto un préstamo del Tesoro a la Junta Única de Resolución (órgano que interviene en caso de problemas en una entidad europea) por un importe de 5.291 millones de euros, que será devuelto con las aportaciones que realizarán los propios bancos hasta 2024. Este préstamo no repercuritá en la tasa de déficit público. Y la reforma contable de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Precisamente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido como un «valor» el entendimiento alcanzado entre todos estos grupos de la Cámara. «Tenemos la necesidad, la obligación y la oportunidad de contener medidas de otros grupos parlamentarios de aportar soluciones a lo que debe ser un ejercicio común: la reducción del déficit público», ha subrayado desde la tribuna de oradores. Su consecuencia última será la consolidación de la recuperación económica y la consolidación del empleo en España, ha incidido.

Subidas de impuestos de 4.800 millones

Desde este púlpito ha defendido la subida de los Impuestos de Sociedades, Alcohol y Tabaco como palancas «necesarias» y neutrales para aumentar la recaudación del Estado y cumplir el objetivo de déficit. En el caso del primer gravamen por ejecutarse fundamentalmente a través de la reducción de deducciones para así ingresar 4.650 millones en 2017. Alcohol y Tabaco, por motivos de sanidad para desestimular su consumo y recaudar, de paso, 50 y 100 millones más respectivamente. El Congreso convalidará el decreto con las subidas de impuestos, de 4.800 millones.

Pero esta medida ha sido duramente condenada por su socio de investidura, Ciudadanos. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, lamentando la «prisa» del Gobierno en aprobar alzas impositivas frente a su lentitud en lanzar medidas de lucha contra el fraude o auditoría pública. «Usted es una amenaza para los que se quieren recuperar. Llevan en su ADN el ansia recaudatoria. Si en su ADN alguna vez existió la bajada de impuestos, ese ADN ha mutado», ha rematado.

La bancada socialista ha centrado el tiro en que el Ejecutivo haya tenido que recurrir a las subidas de impuestos para cuadrar el déficit pese a que antes de las elecciones abrió la puerta a bajar el IRPF. El diputado del PSOE, Julián López, ha recordado que su partido en campaña electoral aseguró «que no iba a ser posible bajar los impuestos».

«Hubo otro candidato, el señor Rajoy, que dijo que subir impuestos era un gran error y una gran equivocación», ha rememorado el parlamentario, que también ha reprochado que el propio Montoro «cayó en la tentación» y apuntó en junio que sería posible bajar el IRPF en 2017. Como fuere, López sacó pecho de que el Ejecutivo haga recaer el ajuste sobre las empresas mediante el Impuesto de Sociedades. «De otra manera mi grupo no lo hubiera podido respaldar», ha aseverado.

Patrimonio y catastrazo

Dentro del mismo Real Decreto-Ley el Gobierno ha incluido la limitación de los aplazamientos de las deudas tributarias de las empresas, la prórroga del impuesto sobre el patrimonio, la actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios.

Esta mezcolanza también ha sido duramente criticada tanto por Ciudadanos como por Podemos. El primero ha tachado el decreto de «surrealista» mientras que la formación morada lo ha calificado de «chapuza» y la consecuencia de hacer política «a rebufo de sus propios pufos».

Ambos grupos han solicitado, sin éxito, la tramitación de este decreto como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.