Cataluña dispara su gasto un 6,6% y triplica el límite fijado por Hacienda

Precisamente, ante el riesgo de que la Generalitat destine fondos públicos a la convocatoria del referéndum independentista del próximo 1 de octubre, el Ministerio de Hacienda reforzó los controles sobre la comunidad autónoma desde el pasado mes de julio . Los interventores y responsables económico financieros deben informar semanalmente al ministerio sobre los gastos de la Administración . Hacienda recibe así cada siete días un informe con la firma del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para detallar estas facturas.

Pese al fuerte aumento del gasto de la Generalitat, ni la inversión ni las subvenciones de la comunidad crecieron hasta junio . Según los datos de ejecución presupuestaria hasta junio, la formación bruta de capital fijo de la Generalitat cayó un 1,7% hasta los 950 millones, mientras que las subvenciones se redujeron en un 16,2% hasta 202 millones. Las partidas que más aumentan son las transferencias entre administraciones, con un repunte del 25,6% hasta 1.100 millones , y los intereses, con un alza del 11,1%. La principal partida, como suele ser norma en todas las administraciones, es la remuneración de asalariados, que repunta un 4% hasta los 5.839 millones.

Como fuere, los datos de ejecución solo sirven de instantánea de la primera mitad del año, un mes antes de que la Generalitat recibiera en julio, como el resto de comunidades, la actualización de las entregas a cuenta de 2017 registradas en los Presupuestos —que durante los siete primeros meses estuvieron prorrogados— y la liquidación del sistema de financiación. De esta forma, estos recursos elevarán los ingresos de la comunidad, pero no reducirán su nivel de gasto que en los seis primeros meses creció con intensidad. Si se toma otro indicador, los empleos financieros, el gasto creció un 5,4% los primeros meses, solo superados por el 7% de Canarias.

La regla de gasto es uno de los cuatro corsés de Hacienda sobre las administraciones según la ley de Estabilidad, junto al déficit, la deuda y el pago a proveedores. Este indicador cobra relevancia cuando las administraciones comienzan a reducir su déficit y es el control del gasto el capítulo más restrictivo. Así ha ocurrido con los ayuntamientos, que desde 2012 tienen superávit cada año sin poder gastarlo debido a los controles de Hacienda a través de los interventores. Si una administración incumple, se activan los controles del ministerio.

Cataluña ya contaba con la tutela del Estado previamente, debido al incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado , cuando cerró con un desfase del 0,93% del PIB en lugar del 0,7% fijado por Hacienda. La comunidad cosechó un déficit del 0,87% en los seis primeros meses del año, por encima del 0,6% anual, aunque este desequilibrio se reducirá cuando reciba los recursos del sistema de financiación. De hecho, la Autoridad Fiscal consideraba «factible» que llegara a reducir sus números rojos al 0,6% del PIB apalabrado con Hacienda.

La Generalitat sí cumplió la regla de gasto en 2016 al reducir sus gastos un 6,5% el año pasado, aunque parte de este efecto se debió a que en 2015 afloraron gastos en autopistas de años anteriores a 2009, que se anotaron contablemente en dicho año. Para este ejercicio, la Autoridad Fiscal avisaba de «cierta tensión» hace unos meses en el gasto de Cataluña, aunque no advertía razones para dudar del cumplimiento de la comunidad .

El control de Hacienda sobre la Generalitat cobra especial importancia al observar la dependencia financiera de la comunidad a los préstamos del Estado. El departamento dirigido por Cristóbal Montoro es el que controla la inyección de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat. El Gobierno autonómico recibirá 4.870 millones en préstamos a bajo coste del Estado este año. Desde 2012, Hacienda ha inyectado 50.627 millones de euros a la Generalitat, por lo que tiene en sus manos un 67% de los 75.443 millones de deuda del Gobierno catalán .

Con la financiación en la mano, el celo del departamento dirigido por Montoro sobre la Generalitat no es nuevo: ya en 2015 fraccionó el FLA a cobrar para asegurar que no destinaba recursos al desafío independentista, llegando a atender directamente el pago a sus proveedores.