Ayuso ataca a Sánchez por sus cesiones al País Vasco mientras castiga a Madrid

A la guerra ideológica se ha sumado la distinta vara de medir del Ejecutivo. La voluntad del Hacienda de limitar la autonomía fiscal de las comunidades de régimen común ha coincidido con el pacto con el PNV de ampliar las competencias de País Vasco. «Mientras le van a dar la Seguridad Social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el Gobierno pretende imponer dos impuestos anacrónicos : Patrimonio y Sucesiones y Donaciones», abrió fuego.

Esto, apuntaba la presidenta, «significa que una familia madrileña cuando herede su vivienda va a tener que pagar impuestos por ello, y se han dado muchas situaciones de ciudadanos que no han podido heredar porque no podían pagar este impuesto anacrónico». De este modo, continuaba, «pretenden hacer una subida de impuestos indiscriminada a Madrid rompiendo su autonomía».

A ello se le suma que el proyecto de armonización de Hacienda solo incluye a las regiones de régimen común , y no a las forales de País Vasco y Navarra, que al poder decidir sobre más impuestos y tener una financiación por habitante muy superior por las ventajas del cupo y del concierto. Mientras las comunidades de régimen común tienen, de media, una financiación de 2.082 euros por habitante, las forales reciben casi el doble, 3.978 euros , según las últimas balanzas territorializadas del Ministerio de Hacienda.

En este contexto, Ayuso avisó de que van a hacer frente a esta subida. «Ante un Gobierno de opresión, va a haber un Gobierno de la libertad en la Comunidad de Madrid. Los madrileños trabajan mucho, nadie nos regala nada, para que nos de ese trato y nos suban los impuestos, y que creen esas desigualdades entre comunidades autónomas y que creen esa «leyenda negra» contra Madrid», indicó.

La dirigente quiso advertir de que no va a «callarse» ante esta subida fiscal. «Tienen en pie de guerra a las familias, a los ciudadanos, a los empresarios... Es una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial, que nos asfixien fiscalmente y rompan la autonomía de los ciudadanos», zanjó.

Durante el desayuno, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, destacó que «si hay que armonizar, hay que armonizar a la madrileña» .

La ministra de Hacienda anunció el jueves que su intención era tener para noviembre u octubre el «esqueleto» de su propuesta de modelo de financiación autonómica, en el que figurará la armonización de impuestos como Sucesiones y Patrimonio. Montero ya se opuso con contundencia a las bajadas fiscales de Madrid en su etapa de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Hasta el punto de que, en la anterior Conferencia de Presidentes que convocó Mariano Rajoy en 2017, las comunidades del PSOE que entonces encabezaba la región que presidía Susana Díaz acusaron a Madrid de «dumping fiscal». Precisamente, Andalucía propuso entonces que el Impuesto de Sucesiones volviera a ser estatal y se compensaran con recursos los 2.400 millones que recaudan las regiones con el impuesto.

La entonces consejera y ahora ministra señaló el pasado jueves en la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados que su intención era pactar el nuevo modelo de financiación autonómica con el PP. Sin embargo, hubo varios rifirafes con los diputados populares y la propia Montero llegó a afear al Gobierno de Rajoy no haber aprobado un nuevo modelo cuando este preveía que se revisara, en 2014, aprovechando la mayoría absoluta que tenía. Entonces Rajoy no lo hizo esgrimiendo la falta de recursos de las arcas públicas cuando aún se estaba saliendo de la crisis. Todos los modelos de financiación se han saldado con más recursos para las comunidades . La propia Montero calculó hace un par de años que el nuevo modelo debía asegurar a las regiones 16.000 millones de euros más al año en recursos.

Todo ello, provoca que desde las regiones del PP se tema que el PSOE apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica sin acuerdo. Ya lo hizo en 2009, fecha en la que se aprobó el último marco autonómico . Entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió unos 13.000 millones de euros de mayores recursos pero no pactó la reforma con el PP, por lo que salió aprobada en el Congreso de los Diputados con un solo voto de ventaja, con 176 apoyos de PSOE, ERC, ICV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, y con la oposición, entre otros, del PP, CiU y BNG. El entonces diputado de CiU y ahora presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, señaló lo siguiente entonces: «A quienes van a apoyar esta ley de financiación autonómica les digo que van a cometer un asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña».

El nuevo modelo se aprobará con el consenso necesario de una Ley orgánica, ya que cambia la se modifica cambiando la Ley de Financiación de Financiación Autonómica (LOFCA) . Sin embargo, es deseable alcanzar un consenso amplio entre las regiones, que se reparten en su mayoría PSOE (con siete regiones, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Baleares) y PP (con cinco, Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia). Suenan tambores de guerra.