40.000 millones de los impuestos ya van a pagar pensiones, un 16,2% más

Los pagos extra del Estado se producen en un momento en el que lo ingresos por cotizaciones han crecido un 6,8%, hasta los 117.248 millones, 7.507 millones más que el año anterior. Dentro de los ingresos destaca la inyección económica que supone el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se puso en marcha el 1 de enero de 2023 con el objetivo de volver a nutrir la denominada 'hucha de las pensiones'. Fue una de las medidas más controvertidas de la reforma del ex ministro José Luis Escrivá y su incremento en el último año ha sido del 32,5%, hasta situarse en 3.237 millones.

Importe mensual de la

nómina de las pensiones

En miles de euros. Datos a 01/09/2025

Clase de pensión

Incapacidad permanente

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Fallecimiento familiar

TOTAL

13.638.084

9.969.135

178.608

1.256.509

36.527

1.256.509

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad

Social y Pensiones / ABC

Importe mensual de la nómina de las pensiones

En miles de euros. Datos a 01/09/2025

Clase de pensión

Incapacidad

permanente

Viudedad

Jubilación

Orfandad

Fallecimiento

familiar

TOTAL

13.638.084

1.256.509

2.197.305

9.969.135

178.608

36.527

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones / ABC

Son varios los expertos en pensiones los que destacan la contradicción que supone que se aporten ingresos a la 'hucha' en un momento en el que el sistema suma déficit contributivo histórico. Este es el motivo por el que se está realizando cada ejercicio una aportación creciente del Presupuesto a la Seguridad Social, y dado el ritmo de gasto, si ninguna reforma paramétrica lo evita, será prácticamente imposible que mengue el futuro.

Las pensiones no podrían pagarse hoy sin la ayuda de los impuestos y de la deuda pública. El desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social aumenta irremediablemente, como también lo hace el endeudamiento del sistema. En los últimos años el crecimiento de los ingresos ha sido histórico por factores como la creación de empleo y la subida de los sueldos, pero sobre todo por la espiral de aumentos de cotizaciones e impuestos, una vía a la que abrió las puertas de par en par la reforma de pensiones y se ha instalado en la economía.

Mantener esta política se ha convertido en la garantía de que el Estado respalda el sistema público de pensiones y que este es viable pese a sus números rojos que arrastra. Ese recurso a los impuestos para tapar los agujeros permite que el sistema de pensiones registre superávit, aunque ficticio. A 31 de agosto las cuentas del sistema público registraron un saldo positivo de 6.059 millones frente a los 1.619 millones de un año antes.

Por el lado de los gastos, las prestaciones que se pagan a familias e instituciones crecieron un 6,7% hasta los 144.379 millones, cifra que representa un 94,3% del gasto total de la Seguridad Social. La mayor partida, de 132.050 millones, se ha dedicado a las pensiones y prestaciones contributivas, con un alza del 6,3% respecto a los ocho primeros meses del pasado ejercicio. En el mes de agosto el sistema afrontó un pago mensual de 13.639 millones para satisfacer la nómina de los jubilados.

Los cálculos del último 'Pensiómetro', del Instituto Santalucía, sitúan el déficit contributivo del sistema en 31.315 millones, el equivalente a un 1,97% del PIB, un empeoramiento que rompe la estabilidad registrada entre 2022 y 2023. El déficit contributivo es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones contributivas. Es, en definitiva, el nivel de cobertura que generan las cotizaciones sobre los gastos que soporta el sistema. El resto se tiene que financiar con impuestos o, directamente, con deuda pública, recursos disparados en los últimos ejercicios. Los préstamos del Estado ha engordado el pasivo del sistema un 8% en un año, hasta superar los 126.000 millones, niveles desconocidos que condicionan el déficit del Estado.

El crecimiento del gasto es imparable en todas las partidas del sistema público. Las pensiones y prestaciones no contributiva, incluidos los complementos a mínimo, que son las cantidades que dedica el Estado para complementar aquellas pensiones que no llegan a la mínima, escalaron hasta 12.329 millones, un 11,1% más que un año antes. Un alza que se explica sobre todo por la revalorización del 9% que han tenido este año.

Del total del gasto, pensiones no contributivas y complementos a mínimos han recibido hasta agosto 7.905 millones, un 10,6% más, y subsidios y otras prestaciones coparon 4.424 millones, un 12% de incremento, de los cuales 4.154 millones corresponden al ingreso mínimo vital y prestaciones familiares, que han anotado un incremento del 13,2% en lo que va de ejercicio.

La partida que sigue escalando mes a mes y año a año es la destinada a pagar bajas laborales, la denomina incapacidad temporal, una prestación que se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Administración y para las empresas, que corren con los gastos entre los días 4 y 14. En el último año la partida dedicada a sufragar las ausencias al trabajo por enfermedad han aumentado un 12,7%, según la ejecución presupuestaria, hasta alcanzar los 11.742 millones.

El absentismo no da tregua, se ha convertido en uno de los agujeros negros de la economía española y las previsiones no mejoran el escenario. Como ya informó ABC, el último informe de la patronal de las mutuas, AMAT, con el avance de los datos del primer semestre y el cierre del año mantiene las alarmas encendidas porque el problema, lejos de solucionarse, se enquista, teniendo en cuenta también el gran crecimiento que están teniendo las bajas relacionadas con la salud mental, como el estrés o la ansiedad, problemas que se agravaron tras la pandemia. Esta tipología de ausencias al trabajo ha crecido un 176,6% en los últimos nueve años.

Las previsiones que realizan las mutuas, organismos colaboradores de la Seguridad Social, son que este ejercicio acabará con más de 9,2 millones de bajas por enfermedad, que supondrían un 6% más que un año antes y un 135% más que en una década.

Y según estos mismos cálculos, el coste de estos procesos será de 32.800 millones, lo que habrá supuesto un incremento del 223,26% más que en 2015, año en el que las bajas comenzaron su ascenso meteórico tras superar España la Gran Recesión. De la cantidad total de desembolsos previstos para final de este 2025, 16.011 millones de euros estarían a cargo de las arcas públicas y otros 16.788 millones de las empresas.