¿Por qué tienen tan mala fama las sicav si son perfectamente legales?

En primer lugar hay que aclarar que la sicav española y la sicav luxemburguesa se rigen por la misma directiva europea pero no son exactamente lo mismo. Para poder constituirse, la sicav española necesita un cuórum mínimo de 100 accionistas, un capital inicial de 2.400 millones . Lo que la convierte en un instrumento atractivo para las grandes fortunas es que su accionariado puede estar en un 99,9% en manos de la misma persona y mientras no se vendan las acciones apenas tributan. El 1% frente al 21% que tiene que pagar una sociedad de toda la vida. La parte mala es que hay que informar a la CNMV de quienes son los «accionistas relevantes que la forman, entendiendo como tal por ejemplo a Alicia Koplowitz , propietaria de una de estas sociedades». Precisamente por ese deber de información la opinión pública conoce que muchas grandes fortunas tienen una sicav.

La sicav luxemburguesas, como la que tenían asociada a su plan de pensiones los eurodiputados cuenta con unas condiciones todavía más ventajosas para las grandes fortunas. En primer lugar no es necesario un cuórum mínimo para constituirlas, pueden juntarse uno, cien o miles de accionistas. En segundo lugar su tributación es incluso más irrisoria, entre un 0,01% y un 0,05%. No hay que olvidar que Luxemburgo es un «quasi paraíso» fiscal. En tercer lugar basta con un capital mínimo de 300.000 euros para constituir una. Y lo más importante, en Luxemburgo no existe obligación de informar sobre quienes son los accionistas relevantes, por lo que en este caso la privacidad de las grandes fortunas está garantizada.

El primer argumento a favor de las sicavs es que son perfectamente legales, tanto en España como en Luxemburgo. Además, según algunos analistas como Ángel Martínez- Aldama, Director General de Inverco , las sicav han sido demonizadas injustamente por la opinión pública.

El analista considera que eso de que las sicav no pagan impuestos es completamente falso, ya que «se pagan pero en diferido, cuando se venden las acciones». Martínez-Aldama cree que es injusto que se vincule este instrumento con las grandes fortunas ya que «en él invierten los muy ricos, los ricos y los nada ricos». Esta asociación de la opinión pública se debe precisamente a «ese deber de informar a la CNMV de la existencia de accionistas relevantes» que normalmente suelen coincidir con «apellidos que venden mucho, como el Koplowitz». Además, considera que en realidad estos instrumentos «no son tan disintos de otros instrumentos de inversión como los seguros o los depósitos» y estos «no están siendo juzgados por la opinión pública».

El último argumento es de corte pragmático. «Si se imponen trabas a las sicav en España, el dinero se marchara a otra parte como ya está ocurriendo», considera. Martínez-Aldama recuerda la experiencia del País Vasco, que subió su gravamen hasta el 28%, el mismo que se aplicaba a las sociedades mercantiles, consiguiendo que estas sociedades desaparecieran por completo de la región. «En la Unión Europea hay libertad de circulación de capitales y si en España se crean trabas los españoles constituirán sicav luxemburguesas, algo que ya está ocurriendo y va en aumento», considera el analista.

En la cara opuesta se sitúa Carlos Cruzado, presidente de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). Cruzado considera que estas sociedades están «desnaturalizadas» ya que no se utilizan para invertir sino como forma de eludir el pago de impuestos a través de «su pago en diferido». Un desembolso que a veces nunca se produce ya que «se eterniza en el tiempo». Además, es habitual que el 99% del capital esté en manos de una sola persona y los otros 99 accionistas «son lo que nosotros llamamos "mariachis", porque solo te acompañan y poseen apenas el 0,01 de la compañía» . En esa situación lo que ocurre es que «la sicav puede comprar una sociedad que tiene un único bien a su nombre, ya sea una mansión en Marbella, un yate, que va a disfrutar ese accionista mayoritario y sin pagar más que un 1%».

El Director General de Gestha considera que la legislación española en sicavs lejos de ser laxa debería endurecerse para evitar esa «desnaturalización de la sociedad» . «Que se obligue a que cada accionista aporte como máximo el 3% o el 4% o que tengan que tributar por sus bienes como una sociedad normal cada equis años», propone.

Por último, Carlos Cruzado cree que en concreto el caso de la sicav asociada al plan de pensiones de los eurodiputados es «un poco feo». Ya no solo por la naturaleza de este instrumento financiero, sino porque la Eurocámara es un organismo al servicio de los ciudadanos desde el cual se ha puesto en duda en numerosas ocasiones la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones y a través del cual se ha impulsado el recorte de estas prestaciones o el retraso de la edad de jubilación.