Argentina paga a los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda

El próximo vencimiento de la deuda para los acreedores que entraron en los canjes de 2005 y 2010 concluye el próximo 30 de junio y hoy, según el ministro, era el último día hábil para depositar los fondos.

Kicillof criticó la parcialidad del juez estadounidense Thomas Griesa, que dictó sentencia favorable a fondos especulativos que reclaman el pago de la deuda íntegra a Argentina, y reiteró la decisión del país de «honrar sus deuda con el 100% de los acreedores, de manera justa, equitativa y legal».

«No pagar teniendo los recursos y forzando un default (suspensión de pagos) voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería contrario al orden público argentino y una clara violación a los prospectos de deuda», dijo el funcionario.

Esta decisión «implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial», agregó el ministro.

El pago supone también que un posible embargo de los fondos -que el ministro no mencionó abiertamente- «afectaría los derechos de sus verdaderos dueños», los tenedores de bonos adheridos voluntariamente al canje, y llegaría a implicar «una apropiación indebida de fondos de terceros», agregó.

«Cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional, que prohíbe la coerción a otros estados en virtud de la igualdad soberana, claúsula que también rige en Estados Unidos», subrayó.

Para el ministro, «no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la república argentina al default (suspensión de pagos) para derribar la reestructuración 2005-2010, que alcanzó luego de largas negociaciones un consenso del 92,4%».

«No podrá lograr su objetivo», añadió, porque Argentina «cumplirá sus obligaciones» para «terminar con el artilugio de considerar una decisión judicial absurda con efectos sistémicos a nivel internacional, como un «default (suspensión de pagos) técnico», que constituye solo un modo sofisticado de intentar ponernos de rodillas ante usureros de carácter global».

El Gobierno de Cristina Fernández había pedido al juez neoyorquino Thomas Griesa medidas cautelares que le permitieran cumplir con el pago a los acreedores que aceptaron entrar en la reestructuración de la deuda sin caer en riesgo de embargo de sus activos.

El juez Griesa falló a favor de los fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago íntegro de la deuda tras rechazar los canjes ofrecidos por el país y abrió un proceso que puede desembocar en la declaración de quiebra técnica.