La Fiscalía acusa a Bartomeu de causar un perjuicio económico al Barça con el fichaje de Malcom, la contratación de un abogado y pagos al Club Esportiu Laietà

En cuanto al fichaje de Malcom, la Fiscalía de Delitos Económicos sostiene que Bartomeu, en julio de 2018, firmó un contrato con Business Fútbol España, mercantil dedicada a la asesoría deportiva, para fichar así al brasileño, delantero que entonces jugaba en el Girondins de Burdeos. Una vez en el Barça, la citada mercantil emitió una factura al club de 8,4 millones de euros más IVA por los servicios de intermediación prestados.

Esa misma fecha, Malcom firmó un acuerdo de intermediación con Elenko Sports y Business Fútbol. Finalmente, la primera de las sociedades emitió otra factura al Barça de 855.600 euros por dichas labores. Como el club no había firmado ningún contrato con Elenko, en enero de 2022 presentó una declaración complementaria por dichos pagos diferidos «con la retención hipotéticamente alterada», indica la denuncia, ingresando 2,9 millones en concepto de cuota tributaria, recargos e intereses, «por lo que se podría haber causado un perjuicio al Fútbol Club Barcelona».

Por eso sostiene que Bartomeu, junto a otros directivos entonces, como Óscar Grau, «acordaron el abono a intermediarios con los que el club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación de Malcom, causando, en consecuencia, un perjuicio económico» al Barça. Dichas comisiones habrían ascendido a 10 millones de euros.

En cuanto al denominado caso Neymar I, la Fiscalía apunta que en mayo de 2017, Bartomeu indicó a los miembros de la Junta que la gestión del despacho de abogados González Franco «había sido muy favorable para el club» -al haberse reducido la cantidad de peticiones económicas de las acusaciones y alcanzar una conformidad- y por eso explicó que había decidido «acordar el pago de unos honorarios fijos de 50.000 euros y una variable del 10 por ciento sobre las diferencias entre las peticiones consignadas en los escritos de acusación» y el total que había tenido que asumir finalmente el club. Por lo que, tras dicho acuerdo, se realizó un primer pago de 950.000 euros más IVA, restando pendiente de abonar más de 769.000 euros.

Ese primer pago se realizó en julio de 2016, pero la junta no fue informada del mismo hasta la citada reunión de mayo del año siguiente. Reitera así la Fiscalía que Bartomeu omitió los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando, además, una capacidad de decisión que le correspondía a la junta directiva, «a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de la operación». en connivencia con los ahora también investigados, Grau, y de quien fuera jefe de los servicios jurídicos del Barcelona Roman Gómez Ponti.

Los pagos al abogado José Ángel González Franco, también citado a declarar como imputado, «se realizaron sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad» que se pactó en el caso Neymar, indica la denuncia. Fue en 2015 cuando el club firmó con el despacho González Franco la prestación de servicios 'compliance penal', para implementar el programa de la consultora KPMG. Indica así el fiscal que el abogado era conocedor del conflicto de intereses entre Bartomeu y el propio Barça como persona jurídica.

El tercer hecho que recoge la denuncia de la Fiscalía es sobre la modificación del plan general metropolitano para las obras del Camp Nou. Aunque dicha modificación no afectaba al Club Esportiu Laietà (CEL) y su fundación privada, cuando ambas trasladaron al Barça su intención de «realizar ciertas apreciaciones» sobre el plan, algunos dirigentes azulgranas llegaron a un acuerdo para abonar «unas determinadas cantidades» al Laietà como consecuencia de las obras del Espai Barça.

En una junta de noviembre del 2017, Bartomeu informó de la existencia de un problema en los límites con la finca adyacente del Laietà -a pesar de que la modificación no afectaba a esos terrenos-, defendiendo así el acuerdo alcanzado, para que gracias al pago no se retrasasen las obras. El importe era de 1,5 millones. Finalmente, el Barça pagó dos facturas al CEL. De 421.925 euros y otra de 516.000 euros.

Por todo ello, Bartomeu tendrá que dar explicaciones ante el juez, el próximo 24 de octubre.

Su defensa, que ejerce José María Fuster Fabra, ha apuntado que la voluntad de su cliente es «aclarar ante la Justicia» su gestión al frente del Barça. «Pudo haber aciertos y errores, pero el Sr. Bartomeu se enfrenta a varios procedimientos derivados de su gestión, sin que en ninguno de ellos se le acuse, ni haya el más mínimo indicio de haber obtenido beneficio patrimonial personal alguno», reza el comunicado. Y es que además de por el supuesto pago de comisiones millonarias irregulares, Bartomeu está imputado también en el caso Negreira y en el denominado 'Barçagate'.