Actuaciones jurídicas frente a los ataques antitaurinos

El documento, elaborado por el incluye diferentes propuestas de acciones jurídico administrativas, penales y civiles en defensa de la tauromaquia.

La Fundación del Toro de Lidia está determinada a llevarlas a la práctica, y a asesorar y a defender a cuantos profesionales y aficionados (asociados a la fundación o no) se sientan atacados o consideren vulnerados sus derechos.

El ordenamiento jurídico español reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural, y establece para los espectáculos taurinos un régimen de fomento, divulgación y protección que obliga a los poderes públicos.

Las propias instituciones públicas autonómicas y locales , así como particulares y asociaciones privadas que vulneren ese marco legal, pueden ser denunciados. El propósito de la Fundación del Toro de Lidia es estudiar todos los casos y ejercitar sus derechos en los que determine.

El prontuario se propone denunciar en lo sucesivo aquellas conductas perturbadoras del inicio y el desarrollo de espectáculos taurinos, bien por ilícito penal, bien por infracción administrativa. Asimismo, las declaraciones de ciudades antitaurinas pueden impugnarse directa o indirectamente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Actuará también frente a proposiciones de leyes autonómicas o proyectos de ley que pretendan impedir o prohibir espectáculos taurinos, iniciativas contra las que pueden interponerse recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias exclusivas del Estado. Además, las proposiciones no de ley de Parlamentos autonómicos carecen de efectos jurídicos vinculantes, al tratarse de una mera figura de impulso jurídico.

El informe advierte de que manifestaciones y comportamientos hostiles que profesionales y aficionados vienen sufriendo pueden ser constitutivos de amenazas, coacciones, injurias y calumnias, y que interpondrá acciones de responsabilidad civil solidaria contra medios de comunicación e instituciones que dañen el honor de los profesionales taurinos.

Además, caben acciones penales contra organizaciones e instituciones que financian hechos delictivos antitaurinos , sean autores, instrumentos, inductores o cooperadores. La financiación o apoyo económico podrían suponer agravantes para los ejecutores materiales, a la luz del apartado tercero del artículo 22 del Código Penal. Asimismo, las intromisiones al derecho al honor y al buen nombre de profesionales y aficionados y sus familias son derechos constitucionales esenciales, y las intromisiones en ellos pueden denunciarse por vía civil o penal.