El juez cita como imputados a dos de los policías que investigaron a Nacho Cano

En una providencia a la que tuvo acceso ABC, el instructor avanza así en la investigación de la denuncia que interpusieron los 17 jóvenes mexicanos que fueron retenidos durante la explotación de la operación a lo largo de varias horas en comisaría donde se les tomó declaración y que vienen señalando que no fueron tratados como víctimas sino como sospechosos con medidas que vulneraron derechos fundamentales como la consulta de sus terminales móviles.

Están citados el 27 de febrero y la causa se sigue por delitos de coacciones, si bien la denuncia también lo es por detención ilegal. Los denunciantes sostienen que fueron «obligados a prestar declaración en unas circunstancias en las que no eran capaces de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban su libertad y con constantes comentarios amenazantes, lo que unido a su condición de extranjeros, les llevó a prestar declaración de forma forzada».

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Sostienen que no fueron «informados de nada» y que el acta de sus respectivas declaraciones recogía «párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por ellos y que a pesar de manifestar no estar de acuerdo con tales cuestiones, no fueron corregidas por los agentes que les interrogaron», por lo que apuntan también a un posible ilícito de falsedad en documento público, que se suma a las horas que pasaron retenidos y separados entre sí en la comisaría del barrio madrileño de Leganitos «como delincuentes».

Esta causa se desarrolla en paralelo a la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, donde Cano, así como la directora de operaciones de Malinche, Roxana Drexel y su productor Ejecutivo, David Hatchwell, entre otros. Se presume que se concertaron para desplazar fraudulentamente a España a una veintena de jóvenes que sobre el papel se desempeñarían como becarios en formación pero en realidad tenían desempeño laboral en el espectáculo, cosa que desde la compañía se ha venido negando.