El último casco celtíbero recuperado por España del expolio del yacimiento de Aratis es falso

Sin embargo, los análisis que se le han realizado desde la citada institución han revelado que la pieza no es original , ya que se trata de una réplica fechada en el siglo XX . Así lo ha comunicado el Gobierno de Aragón a través de un comunicado, en el que también ha puesto de manifiesto que no se incorporará a la exposición junto a los otros.

Todos ellos fueron entregados por Christian Levett , fundador y propietario del museo de Arte Clásico de Mougins (Francia). En el acto de entrega oficial de los siete primeros, Levvet informaba que había adquirido en 2010 un octavo casco , del cual se había visto obligado a desprenderse posteriormente, pero creía que podría averiguar su paradero actual .

Meses más tarde, ya en plena pandemia , Levett comunicó que había localizado la pieza y que iba a tratar de recuperarla con la única intención de entregarla sin contraprestación alguna al Gobierno de España, para completar lo ya hecho y demostrar su firme compromiso en la defensa del patrimonio histórico y la lucha contra la ilegalidad.

Finalmente, el pasado 21 de julio, la directora del Museo de Arte Clásico de Mougins informó que la pieza había sido encontrada, adquirida en el mercado internacional y depositada en el centro. Las gestiones para la llegada del casco, iniciadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, en coordinación con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, culminaron con la citada entrega.

Posteriormente, el Museo inició, como en el caso de las anteriores piezas, todos los análisis pertinentes ( radiografías, fotos con luz ultravioleta o análisis de pigmentos y elementos metálicos, entre otros ). Los resultados concluyen que los primeros cascos son auténticos , mientras el octavo está confeccionado en el siglo XX con materiales actuales.

Los cascos proceden de la ciudad celtíbera de Aratis , ubicada en la Comarca del Aranda y erigida en la Edad del Hierro entre los años 4.000 y 800 antes de Cristo , y que fue posteriormente destruida por el ejército de Roma entre los años 74 a 72 antes de Cristo, con motivo de las guerras sertorianas que acabaron también con Numancia. Este asentamiento se situaba en el llamado Cerro de Castejón, sobre la localidad de Aranda del Moncayo, en Zaragoza.

Desde finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX, la necrópolis fue expoliada de manera sistemática por dos vecinos que llegaron a reunir una extraordinaria colección de piezas metálicas celtíberas correspondientes a la Edad del Hierro.

Entre los hallazgos se encontraban restos y fragmentos de un lote de cascos celtíberos de factura hispano-calcídica que fueron exportados ilegalmente al extranjero por los autores del expolio con la colaboración de un anticuario español, residente en Suiza. Los cascos se vendieron en el mercado internacional.

Varios investigadores alertaron al Ministerio de Cultura y Deporte sobre el posible expolio de un yacimiento celtibérico, si bien la falta de pruebas y la ausencia de evidencias arqueológicas que pudieran relacionar los cascos con un yacimiento concreto, impidieron avanzar en el asunto durante un tiempo.

Las investigaciones continuaron y, finalmente, la colaboración del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico y la Guardia Civil, culminó en marzo de 2013 en la operación Helmet I, con la detención de uno de los autores del expolio y la intervención en su domicilio de 4.000 piezas arqueológicas.

Cinco meses más tarde se cerraba la operación Helmet II, que detuvo al segundo autor del expolio, y logró la incautación de 2.000 piezas arqueológicas más.

Los dos detenidos fueron condenados en julio de 2018 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a penas de cárcel y multas, así como a la entrega y adjudicación al Estado Español y a la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los bienes arqueológicos intervenidos.

Dicha sentencia ha sido ratificada a finales de junio de 2020 , por la Sala II del Tribunal Supremo, señalando el Alto Tribunal que la destrucción del contexto arqueológico del yacimiento, ha impedido que los especialistas conocieran datos fundamentales que podrían haber modificado la información y conocimiento de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica.