El vergonzoso expolio arqueológico que España consintió durante un cuarto de siglo

La responsabilidad administrativa y política anda repartida entre la Administración del Estado y el Ministerio de Cultura que, sin embargo, son los que ahora deberán ser indemnizados por el autor material del expolio, Ricardo Granada, un vecino de Morata de Jalón, otra localidad zaragozana próxima al lugar donde cometió el expolio de forma continuada durante decenios.

El yacimiento fue esquilmado de forma persistente y visible . Tanto que, según indica la sentencia en su relato de los hechos probados, el acusado llegó a utilizar una excavadora para buscar a lo grande , lo que agravó los daños provocados en este enclave arqueológico. Con la excavadora podía mover grandes cantidades de tierras, de forma indiscriminada, para luego cribarlas en busca de piezas de valor.

Durante ese cuarto de siglo que medió entre finales de los años 80 y el día en que por fin se actuó contra él, el 13 de febrero de 2013, ni las autoridades estatales y ni las autonómicas frenaron a este hombre en su ilegal afán por destripar arqueológicamente el subsuelo de Aranda de Moncayo.

Tan en evidencia queda la Administración autonómica como que no fue hasta la primavera del año 2016 cuando el yacimiento quedó protegido específicamente. Fue cuando, por fin, el Gobierno aragonés declaró Bien de Interés Cultural el solar por el que se extendió esa antigua población celtíbera, la ciudad de Aratis o Aratikos. En total, diez hectáreas que abarcaron el asentamiento urbano, la muralla y la necrópolis -ésta fue especialmente expoliada por el ahora condenado-.

Durante sus alrededor de 25 años de rastreos ilegales, el acusado se hizo con miles de piezas «de extraordinario valor», según se subraya la sentencia . Tan valiosas que una nutrida y significativa parte de ellas han acabado en el extranjero y no han vuelto a España. Al menos no de momento, y es incierto que lo hagan. De hecho, fue l a insistencia de conservadores de un museo alemán la que, en los años 2008 y 2009, acució a las autoridades españolas a que pusieran remedio al comercio ilegal de piezas de alto valor arqueológico que se estaba produciendo desde hace tiempo en Europa y que tenían como origen el mismo enclave, la ciudad celtíbera de Aratikos.

Entre las piezas más valiosas de ese expolio constan 18 cascos de guerreros celtíberos, que fueron subastados en varias ciudades europeas hace años . Se trata de unos cascos «únicos en el mundo», según destaca la sentencia dictada ahora por la Audiencia Provincial de Zaragoza, unas piezas datadas entre los siglos V y II antes de Cristo , que ocupan un lugar especialmente destacado en la «ingente cantidad de efectos arqueológicos celtíberos» que llegó a atesorar el expoliador ahora condenado. Entre los miles de piezas con las que se hizo figuran también lanzas, espadas, puñales, escudos, discos de corazas pectorales y cientos de proyectiles de onda.

La dejadez de las autoridades queda de manifiesto en la propia sentencia , en la que se certifica que es imposible alegar desconocimiento ante un expolio que no solo se prolongó de forma persistente en el tiempo -durante decenios- sino que además fue visible y notorio. Así, el tribunal subraya que el acusado «se dedicó» a excavar ilegalmente este enclave «de forma exclusiva y sistemática desde finales de los años 80 del siglo pasado» hasta que se actuó legalmente contra él en febrero de 2013. Y, además, destaca que ya en 1993 una arqueóloga advirtió formalmente que en ese enclave se habían realizado movimientos de tierras que apuntaban claramente a excavaciones ilegales.

La sentencia de la Audiencia de Zaragoza acaba de condenar a Ricardo Granada, que ahora tiene 71 años, a seis años de prisión: tres por un delito continuado de daños intencionados en yacimiento arqueológico, y otros tres por un delito de balnqueo de capitales. Además, deberá pagar 126.480 euros en multas, e indemnizar con 106.825 euros a las administraciones estatal y autonómica. También ha condenado a otro hombre, Mariano Ostalé, por haber participado en el tráfico ilícito de las piezas arqueológicas. En este caso ha sido condenado a tres años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales, y a pagar 108.000 euros de multa.