La reunión del pleno del Consell que hoy se ha celebrado en El Campello ha sido algo más tensa de lo normal por la destitución del número dos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó. Su imputación en relación a un contrato firmado con el arquitecto Santiago Calatrava por el Centro de Convenciones de Castellón ha provocado que el presidente Alberto Fabra prescinda de sus servicios.

La consellera de Infraestructuras y número dos del PPCV, Isabel Bonig, dio la pista definitiva sobre la destitución de Monzó: «la línea está marcada y mañana (por hoy) se tomarán las decisiones que se tengan que tomar sobre el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos».

Esa «línea roja» contra la corrupción que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, lleva a rajatabla en la mayoría de los casos –no en todos– ha acentuado el malestar entre los consellers y más aún en el segundo escalón de la Administración.

Piden que reflexione

Este diario constató que varios consellers han expresado ya a Fabra su «preocupación» por el hecho de que cada imputación a un alto cargo suponga la destitución del mismo, descapitalizando así departamentos del Gobierno valenciano al perder gente de valía como es el caso de Monzó, y otros anteriores.

La propuesta de esos consellers a Fabra es que reflexione y se plantee aplicar la línea que marcan los jueces en España –que cuando un magistrado resulta imputado sigue en sus responsabilidades, y es cuando se abre un juicio oral cuando se toman medidas contra él–, tal como adelantó ABC el pasado lunes. Otros miembros del Ejecutivo valenciano han defendido ante el presidente que sería conveniente para no erosionar al Consell que esa línea la marcara el comité de Derechos y Garantías del PP, y que en cada caso valorara las situaciones.

Esas críticas, que suben de tono, se han reproducido durante la reunión del Consell de hoy en El Campello. Y también se han acrecentado mucho en el segundo escalón de la Administración autonómica (secretarios autonómicos y directores generales), al entender que están «desprotegidos» ante la línea de ejemplaridad que marca Fabra, y a merced de la judicialización feroz de la política a la que se ha lanzado la oposición.

Algunos de los integrantes de ese escalón de responsabilidad de la Generalitat advierten de que Fabra está provocando una cierta «parálisis» en la Administración porque nadie quiere firmar convenios y contratos sin múltiples informes jurídicos que sustenten su actuación, lo que multiplica las actuaciones burocráticas.

Los consellers, por su parte, afirman encontrarse en una difícil situación porque tienen que trabajar en un ambiente de cierta «desmotivación» y que se ha podido vislumbrar en las últimas salidas de altos cargos que vuelven a sus plazas de funcionarios o eligen reintegrarse en la actividad privada.

Fabra, no va a mover esa «línea roja», y por eso no ha hecho una excepción con Monzó. Un buen termómetro para determinar si Fabra medita o no rebajar el grado de exigencia es el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (su principal aliado político). Y éste apoya sin reservas a Fabra en su particular cruzada.

Abusar del uso de la justicia

La misma declaración de Isabel Bonig en la que sugería que Monzó iba a ser destituido sirvió para comprobar que también hacía una crítica velada a la línea de ejemplaridad de Fabra, al entender que su objetivo de «devolver la honradez y honorabilidad en la política» se encuentra con «el abuso constante que la oposición hace de las instituciones, y en este caso de la Justicia». Bonig se preguntó «por qué en vía penal, al igual que en la civil, no se empieza a condenar a los partidos que utilizan las instituciones y el derecho penal para atacar a las personas».