El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, amaneció ayer sobresaltado. El diario «El Faro de Vigo» desvelaba parte del último auto de la juez Pilar de Lara, que instruye la «operación Pokemon» bajo secreto de sumario. En él se aseguraba que la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 sospecha que una empresa supuestamente sobornaba al regidor lucense y a su mano derecha en 2005, Francisco Fernández Liñares, con 2.000 euros mensuales. Como contrapartida, esta resultaba adjudicataria del servicio de grúa municipal. Todo siempre presuntamente, pues Orozco no tardó en comparecer para negar esta información.

El también presidente del PSdeG decidió personarse en los juzgados de la ciudad para denunciar estas filtraciones y reclamar que se investigue «quién está intentando destruir a una persona inocente». Y es que pese a los datos desvelados y las imputaciones que suma, Orozco reitera desde hace meses que no ha cometido delito alguno.

«Tremenda indefensión»

«Fui al juzgado a pedir amparo ante la difusión, una vez más, de una grave acusación contra mí, que atenta contra mi honor, contra mi imagen y contra el buen nombre del alcalde y de la ciudad», declaró en rueda de prensa Orozco. No pudo hablar con De Lara, puesto que estaba tomando declaraciones, pero sí lo hizo con Estela San José, su compañera del Número 3.

En concreto, Orozco —sin «miedo», pero «cabreado»— amplió la denuncia que ya había formulado hace meses por las filtraciones del sumario: «No se puede hacer impunemente una afirmación semejante. Reto a quien lo diga a que lo demuestre y me querellaré contra quien hace afirmaciones gratuitas».

El objetivo es que «se levante el secreto de las actuaciones», según explicó su abogado, Gregorio Arroyo, a Ep. Es su petición para evitar lo que considera una «tremenda indefensión». Además, desveló que en la declaración el pasado noviembre ante la juez Orozco negó cualquier soborno.