La Corte Internacional clarificará la responsabilidad legal de los países en el cambio climático

La resolución ha sido adoptada por consenso y su ejecución podría tener «un impacto duradero en el orden jurídico internacional», ha valorado en su intervención el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin nombrar a ningún país concreto, la corte deberá responder a dos preguntas: qué obligaciones legales tienen los Estados para garantizar la buena salud climática del planeta y cuáles son las consecuencias legales de aquellos países que más han contribuido al cambio climático con respecto a los países más vulnerables y respecto a las generaciones futuras.

No es casualidad que Vanuatu haya presentado la propuesta. Es uno de los más amenazados por el cambio climático y uno de los que menos ha contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero. El archipiélago se enfrenta a la subida del nivel del mar y al aumento y fuerza de los ciclones tropicales. El país se encuentra en pleno estado de emergencia: a principios de este mes sufrió dos ciclones consecutivos de categoría cuatro (de cinco). Pero a pesar de que los impactos del cambio climático empiezan a sentirse con fuerza, en el orden internacional las responsabilidades no están claras.

«El pueblo donde crecí de niña se desintegra ante nuestros ojos como efecto del cambio climático», dice en una conversación online con periodistas Cynthia Houniuhi, una de los 27 alumnos de derecho de la Universidad del Pacífico Sur, en Vanuatu, donde comenzó todo.

En un debate estudiantil sobre cómo mejorar la acción climática plantearon llegar a la Corte Internacional de Justicia. Era la idea «más ambiciosa», reconoce la joven. Para ponerla en marcha debía aprobarse el mandato como una resolución en la Asamblea General de la ONU. Primero lograron el apoyo de otros estudiantes y profesores, después escribieron a los líderes de todas las naciones del Pacífico para crear un frente regional. Después se sumaron otras islas del Caribe, países africanos, latinoamericanos... «Lo demás es historia», dice Houniuhi, presidenta de la organización que crearon para la causa, Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC).

Vanuatu, con el apoyo inicial de otros 16 países (entre ellos Alemania y Portugal), decidió llevar la petición a la Asamblea General. Ahora, la Corte Internacional de Justicia deberá poner por primera vez negro sobre blanco las obligaciones que tienen los estados bajo el derecho internacional para luchar contra el cambio climático, y especificar las consecuencias legales a las que deberían enfrentarse si no actúan.

«Hoy hemos sido testigos de una victoria de proporciones épicas para la justicia climática», ha dicho el primer ministro de Vanuatu, Ishmael Kalsakau. «Vanuatu ve la resolución histórica de hoy como el comienzo de una nueva era en la cooperación climática multilateral, una que se centra más plenamente en defender el estado de derecho internacional y una era que coloca los derechos humanos y la equidad intergeneracional al frente de la toma de decisiones climáticas».

La corte podría vincular el cambio climático con los derechos humanos, aunque a corto plazo lo que esperan los países impulsores de la medida es que «los Estados se sientan motivados por la opinión consultiva resultante a fortalecer su política y legislación climática nacional, para garantizar que esté alineada con el Acuerdo de París y no haga que el planeta supere los 1,5 grados de calentamiento. Como resultado, todos los estados pueden revisar y mejorar las contribuciones determinadas a nivel nacional [los planes de recortes de emisiones de cada país]», dice Hon Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático de Vanuatu.

El texto que salga del tribunal de La Haya será «importante», resume Rosa Maria Fernández Egea, profesora de Derecho internacional público de la Universidad Autónoma de Madrid. «Aunque no sea vinculante, su contenido sí puede serlo», explica. El documento resultante identificará normas existentes de carácter general o principios consagrados a nivel internacional que se puedan aplicar a unas cuestiones que todavía son vagas porque afectan al cambio climático. Puede identificar normas nacionales, impulsando la ola de litigios climáticos ya existente. Y, no menos importante, recuerda la experta, está el componente «reputacional», en el que se basa buena parte del derecho internacional y por el que actúan muchas veces los estados. De hecho, hay otras dos opiniones consultivas solicitadas a organismos judiciales internacionales: en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Precisamente esas normas que clarifique la Corte llegarán en pleno auge de las demandas climáticas, en las que ciudadanos y organizaciones demandan a gobiernos y empresas por su papel en el calentamiento global. Podrían impulsarlas, opinan los expertos. Y hay más de 2.000 causas en marcha en los tribunales de todo el mundo. «Si bien esta resolución no está directamente relacionada con los litigios climáticos contenciosos, los casos de los tribunales nacionales hacen referencia cada vez más a las obligaciones legales internacionales», explica Regenvanu.

Ahora, lo previsible es que la CIJ acepte la petición (nunca ha rechazado un mandato de la Asamblea General, apunta Fernández Egea) y probablemente en menos de un año a partir de ese momento podría publicar su respuesta.