Demandados por no actuar contra el cambio climático: «Nunca pensé que fuera a afectarme así»

La veda se inició en Países Bajos. En 2015, una ONG ambiental llamada Urgenda y 900 ciudadanos denunciaron al Estado por no reducir lo suficiente los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. La sentencia, que fue pionera, dio la razón a la ONG y obligaba al Estado a recortar un 25% sus emisiones para 2020, y no el 16% que tenía previsto. Países Bajos recurrió, y volvió a perder el pasado octubre. Ahora procesos similares se reproducen en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Colombia o Bélgica. A finales de enero comenzó en el Tribunal Superior de Dublín un juicio por la misma causa, contra el Plan Nacional de Mitigación de Irlanda, y en Francia cuatro ONGs han amenazado al Gobierno de Emmanuel Macron con abrir un procedimiento similar en marzo.

Se ha iniciado la era los juicios climáticos y no es un frente a despreciar. El ex primer ministro francés Laurent Fabius, en una reciente visita a España, alertaba sobre los peligros contrapuestos de las legislaciones ambientales. Si pueden levantar protestas sociales en contra como la de los chalecos amarillos, también puede dar lugar a procesos judiciales. « Los planes son puestos en duda por ONGs y entidades civiles cuando no se toman medidas suficientes», decía.

«El avance científico ha sido fundamental para este tipo de acciones. Era muy complicado poner una denuncia sin base científica porque las decisiones jurídicas se apoyan en un juicio técnico», explica Esther López Barrero , profesora de Derecho Ambiental en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). Las demandas esgrimen que los gobiernos deben proteger a los ciudadanos y que sus planes de acción son insuficientes para frenar los peores efectos del calentamiento global. En el caso de EE.UU., las reclamaciones se centran en el concepto de fideicomiso : el medio ambiente es un bien público que debe preservarse para las generaciones futuras.

A España podría afectarle una causa presentada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea . La demanda la interpusieron diez familias europeas de países como Portugal, Alemania, Francia, Italia o Rumanía con el apoyo de más de 30 ONG. La demanda va dirigida contra la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que han interpuesto un recurso de anulación. Desde el pasado mes de diciembre, las partes están esperando a que el tribunal decida si el caso es admisible o no.

«Hoy ya no tenemos cuatro estaciones, solo invierno y verano . Esta situación está perturbando el trabajo de las abejas», explicaba el apicultor portugués ldebrando Conceição al presentar la demanda. Porque las familias demandantes alegan que la inacción climática de la UE está afectando a sus negocios y a su forma de vida. «La disminución en la producción de miel, que ha sido continua a lo largo de los años, ha reducido el ingreso económico de mi familia», decía. Los cambios en la temporada de floración o las olas de calor, con temperaturas que derriten los panales, son algunos de los efectos tangibles sobre su negocio, esgrime.

En la Provenza francesa, la familia Feschet ha comprobado cómo las plantaciones de lavanda han pasado de durar dos décadas a cuatro años. Tres generaciones se han dedicado a la misma actividad y ven claro que existe una tendencia a que las altas temperaturas de enero y febrero, cuando las plantas empiezan a crecer, seguidas de un periodo posterior de heladas, matan las plantas. Un problema que en los últimos años se ha visto agravado por la sequía. «El 44% en 6 años: esta es la pérdida de la cosecha de lavanda a la que nos enfrentamos por los impactos del cambio climático», decía Maurice Feschet.

Por eso piden que la Unión Europea eleve el objetivo de reducción de emisiones del 40% actual para 2030 hasta el 60%. Basan su reclamación en el derecho al medio ambiente, el derecho a una buena administración y los objetivos del Acuerdo de París. En opinión de López Barrero, será complicado que, de ser admitida, la demanda tenga éxito. «Quizá la fundamentación tiene legitimación, pero argumentan que la UE no cumple sus objetivos y eso no lo veo tan claro», explica. Como la demanda se basa en el Acuerdo de París a nivel genérico y no en objetivos concretos, la experta manifiesta sus dudas de que «el análisis científico sea tan claro y unívoco que, con el plazo de años que hay para cumplir, un tribunal diga que se incumple». Además, la UE puede alegar que ya está haciendo lo que puede para mantener un equilibrio entre la protección medioambiental y la economía. En cualquier caso, este año será clave en los procesos abiertos para comprobar si el fallo holandés fue una excepción o si marca la entrada de un nuevo actor en la fijación de los límites de emisiones: los tribunales.