El Supremo de EE.UU. se divide ante el polémico acuerdo de bancarrota del principal responsable de la pandemia de opioides

El pacto impone a sus dueños un pago de 6.000 millones de dólares, pero les protege de futuras demandas que los responsabilicen por la crisis de opioides. El alto tribunal bloqueó el acuerdo el pasado agosto a petición del Departamento de Justicia, que argumentó que la legislación de quiebras estadounidense no exime a la familia Sackler de su responsabilidad en las muertes provocadas por el analgésico Oxicodona de la compañía.

Los magistrados del Supremo escucharon este lunes los argumentos de ambas partes y una parte de los jueces se inclinó por permitir que se aplique el polémico acuerdo de bancarrota. El juez conservador Brett Kavanaugh aseguró durante la sesión que decenas de miles de familiares afectados por Oxicodona «aprueban este acuerdo de forma abrumadora», según recogen medios locales.

En una posición similar, la magistrada progresista Elena Kagan criticó al Gobierno federal por intentar «hacer estallar» un acuerdo aceptado por todas las partes. Por su parte, el Departamento de Justicia expuso que aunque Purdue Pharma esté en bancarrota, los miembros de la familia Sackler siguen siendo ricos y que no se les debería permitir usar la legislación de quiebras para protegerse de futuras demandas.

El juez conservador Neil Gorsuch también opinó que impedir a las víctimas de Oxicodona demandar a los Sackler en virtud de dicho acuerdo sería una violación al «debido proceso». Purdue Pharma se declaró en quiebra en 2019 mientras enfrentaba demandas y acusaciones por haber sido una de las grandes responsables de la grave crisis de opioides en el país mediante la comercialización de Oxicodona.

Sin embargo, algunos jueces parecieron transmitir escepticismo hacia la postura de la administración Biden. «Los tribunales de quiebras han estado aprobando planes como este durante 30 años», dijo el juez conservador Brett Kavanaugh al abogado del Departamento de Justicia Curtis Gannon, mientras preguntaba por qué la Corte Suprema debería decidir que tales planes son «categóricamente inapropiados».

Afuera del tribunal, unas 50 personas protestaron por el acuerdo, incluidos familiares de víctimas de opioides. «Los Sacklers mienten, la gente muere», coreaban algunos de los manifestantes. Algunos portaban carteles en memoria de las personas que murieron a causa de los opioides. Otro cartel decía: «Los criminales de cuello blanco más mortíferos: el cártel Sackler».

La empresa, controlada hasta hace poco por la desprestigiada familia Sackler, que retiró fondos antes de someterla a bancarrota, acordó pagar hasta 6.000 millones de dólares a decenas de administraciones y a víctimas con la condición de ser protegidos contra futuras demandas por la vía civil sobre opioides. Estados Unidos vivió a finales de la década de 1990 un 'boom' en la comercialización de opioides para tratar el dolor que provocaron un aumento de las adicciones y de las muertes por sobredosis y que ha derivado en la actual crisis del fentanilo.