Sanidad amenaza con una ley que limite la gestión privada de los hospitales públicos

Su objetivo es «evitar la corrupción y la parasitación» del sector público sanitario por parte de empresas privadas, tal y como ha explicado la propia ministra.

La ley todavía no está elaborada, pues todavía debe someterse a esa consulta pública para tener en cuenta las aportaciones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en su elaboración. Sin embargo, en el plan normativo del Gobierno para este año da pistas sobre su contenido. La norma, que modificará la Ley 14/1986 General de Sanidad, tiene como objetivo «blindar el sistema público de salud de nuestro país, identificando como modelo de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) la gestión directa, entendida como tal aquella que se presta a través de las administraciones públicas o de entidades de entre las que conforman el sector público institucional estatal, autonómico y local o mediante la creación de consorcios creados por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional, es decir, a partir de centros cuya titularidad es cien por cien pública».

Pero la norma, continúa el resumen del plan normativo, busca también «establecer las excepciones que habilitan la gestión indirecta de las estructuras y servicios públicos que integran el SNS y el régimen jurídico de los consorcios sanitarios, así como los criterios y procesos que han de cumplirse para dichas excepciones». Alude a que «de forma excepcional y justificada» el texto normativo «habilitará la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, de manera coyuntural, y no sustitutoria o estructural». A este aspecto se refirió recientemente la ministra Mónica García que, en declaraciones a los periodistas, aseguró que ese blindaje de la gestión pública de la sanidad «no significa que no se pueda concesionar, conveniar y que no pueda haber diferentes contrataciones de algunos servicios o de algunas provisiones». Pero «la privatización de la sanidad», continuó «ha servido para que haya más mortalidad y menos calidad», dijo aludiendo a un informe de la Universidad de Oxford sobre el caso de la sanidad británica.

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Ya en la anterior legislatura, cuando Carolina Darias ocupaba el Ministerio de Sanidad, el Gobierno trató de legislar esta cuestión mediante lo que llamó ley de equidad del sistema sanitario, que vetaba los acuerdos y colaboraciones con la sanidad privada. Contemplaba sin embargo una excepción por la que las comunidades autónomas podrían continuar utilizando estas fórmulas siempre y cuando pudieran justificar la necesidad de hacerlo. Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos la bloquearon hasta que decayó definitivamente por la convocatoria de las elecciones.

La sanidad privada es cauta a la hora de pronunciarse sobre este proyecto. «Hay que esperar para ver en qué términos se plantea», dice a ABC Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que defiende el valor de la sanidad privada al sistema. Cree además que desde el departamento de Mónica García «no hay intención de atacar al sector sanitario privado, sino de garantizar que las reglas para la colaboración público-privada sean transparentes». En este sentido, resalta la importancia de que se establezcan estas regalas «que otorguen seguridad jurídica a todas las partes».

Gasto autonómico en los

conciertos de la sanidad pública

Porcentaje sobre el gasto

total sanitario en 2021

Cataluña

24,1%

Madrid

11,8%

Baleares

8,6%

Canarias

7,3%

Ceuta

7,1%

Navarra

6,7%

País Vasco

6,1%

Asturias

5,9%

Melilla

5,9%

La Rioja

5,6%

Murcia

5,5%

C.-La Mancha

5%

Galicia

4,6%

Extremadura

4,2%

3,9%

C. Valenciana

Andalucía

3,9%

Aragón

3,7%

Cantabria

3,1%

C. y León

2,8%

Fuente: Ministerio de Sanidad y Fundación Idis / ABC

Gasto autonómico en los

conciertos de la sanidad pública

Porcentaje sobre el gasto total sanitario en 2021

Cataluña

24,1%

Madrid

11,8%

Baleares

8,6%

Canarias

7,3%

Ceuta

7,1%

Navarra

6,7%

País Vasco

6,1%

Asturias

5,9%

Melilla

5,9%

La Rioja

5,6%

Murcia

5,5%

C.-La Mancha

5%

Galicia

4,6%

Extremadura

4,2%

3,9%

C. Valenciana

Andalucía

3,9%

Aragón

3,7%

Cantabria

3,1%

C. y León

2,8%

Fuente: Ministerio de Sanidad y Fundación Idis / ABC

En este sentido, el presidente de IDIS insiste en que la colaboración entre la sanidad pública y la privada «ha demostrado históricamente ser beneficiosa para el propio sistema sanitario y sobre todo para el paciente», destacando la capacidad de la sanidad privada para ayudar a reducir las listas de espera. Abarca reclama que los modelos de gestión sanitaria sean evaluados en función de su eficiencia y resultados. «A priori, la gestión directa no plantea bajo nuestro punto de vista ventajas que se puedan cuantificar en términos de eficiencia y resultados sanitarios», asevera.

Precisamente IDIS en su informe anual 'Sanidad privada, aportando valor' analiza el gasto de las comunidades autónomas en la partida de conciertos con la sanidad privada. Con los datos concluye que Cataluña es la región que en 2021 (últimas cifras disponibles) más dinero del gasto sanitario total destinó a estos convenios (24,1%), seguida, con bastante diferencia, por Madrid (11,8%) y Baleares (8,6). En el lado contrario, los que menos fueron Aragón, Cantabria y Castilla y León.

El mismo informe señala qué comunidades tenían más conciertos con la sanidad privada en 2021, aunque estos datos pueden haber cambiado en los últimos dos años. Según estas cifras, en ese momento la región que encabezaba la lista era la Comunidad Valenciana, pues el 85,7% de sus servicios hospitalarios tenían algún tipo de concierto con el sector privado, situación que ha cambiado con la reversión del modelo en varios hospitales. Aragón, Canarias y Castilla y León continúan el listado, con el 72,7% de servicios hospitalarios con conciertos con la sanidad privada.