El renacer del edificio incendiado de Valencia: «Es rehabilitar o la ruina»

Las tareas de desescombro ya autorizadas, que se estima que costarán alrededor de 1,5 millones de euros, consistirán en limpiar los restos contaminantes de cada una de las 138 viviendas, así como en retirar electrodomésticos, mobiliario u otros desechos de la finca. El objetivo es dejar vacío el esqueleto negro de hormigón del que todavía hoy emana un intenso olor a quemado.

Una primera fase que va llevar a cabo la empresa Giticsa, en paralelo a la redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble –un millón de euros más– que el estudio de arquitectura Arqueha espera tener listo en el primer trimestre del año que viene. Con ese documento en la mano, los dueños del complejo residencial ubicado en el número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti sacarán a subasta la construcción.

Las primeras previsiones apuntan a que los afectados podrían regresar a sus casas a finales de 2026 o principios de 2027. Es su deseo desde que los informes periciales avalaron la rehabilitación, al no observar daños en la estructura. Pero para ello primero deben resolverse el escollo económico. Además, temen que el revuelo formado alrededor de la tragedia haga que algunas empresas se echen atrás.

«Habrá que ver si alguna constructora en España está dispuesta a hacer un proyecto tan mediático con el dinero que nos dé el seguro», explica a ABC el presidente de la comunidad de propietarios, Fran Fernández. Cuantía con la que también tendrán que sufragar los pasos previos que ya se están dando. «Todo depende de cómo se resuelva la negociación con las aseguradoras, de lo generosos o no que sean, y de si las empresas se ajustan al precio que nosotros les podamos ofrecer», apunta sin querer hablar de cifras. Otras fuentes consultadas por este periódico estiman que el coste de las obras en las 138 viviendas podría alcanzar los 30 millones de euros.

«Vamos a poner todo de nuestra parte para rehabilitarlo y esperamos que así sea, porque si no será la ruina para nosotros. Algunos estamos pagando la hipoteca y el alquiler de otro piso», comenta Fernández. Aunque es pronto para hablar de ello, los vecinos quieren que el aspecto de ese renovado complejo no ahonde en la huella psicológica de la tragedia, más allá de sustituir el material inflamable de la fachada que propagó el fuego, avivado por el fuerte viento de poniente que soplaba en la zona.

Llegado el momento, tendrán que decidirlo en junta. «La columna vertebral del edificio va a ser la misma, pero hay muchos vecinos que no quieren vivir en un sitio parecido al de antes. Se van a buscar soluciones estéticamente diferentes, con colores más claros o con materiales cuyo relieve sea totalmente diferente», señala el presidente de la comunidad.

Mientras todo eso ocurre, la vida sigue. «Con 88 años que tengo, no sé si conoceré mi finca rehabilitada, será lo que Dios quiera», comentaba Ana Aguilar, una de las propietarias el pasado lunes a los periodistas, justo cuando se cumplía el plazo para que las familias afectadas abandonaran los pisos que el Ayuntamiento de Valencia puso a su disposición tras la tragedia. Una nueva mudanza para la que contaron con la ayuda de Julián, el conserje de la finca incendiada que se convirtió en un héroe al advertir del fuego a sus vecinos aquella fatídica tarde de febrero.

Ana ha podido regresar a su «tierra», Campanar, pero la búsqueda de un nuevo hogar en un mercado inmobiliario con los precios por las nubes ha obligado a muchos de ellos a trasladarse a otros municipios.

Pese a que cuentan para ello con una ayuda de la Generalitat de hasta 1.500 euros mensuales, siete de las 99 familias realojadas se han visto obligadas a quedarse en la finca municipal del barrio de Safranar que el consistorio compró poco antes del siniestro para destinarla a alquiler asequible.

«Hay casuísticas diversas que vamos a analizar con mucho cariño y con mucho detalle. Se va a realizar una atención personalizada e individualizada sobre ellas. Hemos activado los protocolos de Vivienda y de Servicios Sociales, y vamos a estudiar su solicitud de informe de vulnerabilidad y registro como demandantes de alquiler de vivienda», explicó el martes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. El Ayuntamiento también se ha comprometido agilizar los trámites administrativos que le competen en la reconstrucción del edificio.

En paralelo, la Audiencia de Valencia ordenó a finales de junio reabrir la investigación, archivada provisionalmente en marzo –con el rechazo de la Fiscalía– «en base a un simple oficio» de la Policía Científica que descartaba la etiología criminal de lo ocurrido.

Los magistrados entienden que es necesario «determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro, y si hubo alguna omisión o acción por parte de persona/s -que por infringir normas de cuidado- hubieran podido evitar el siniestro, o contribuir a la causación de siniestro previsible».

El informe de la Científica situó el origen del fuego en una fuga del gas refrigerante de la nevera del apartamento 86. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 deberá decidir si atiende las diligencias solicitadas por todas las partes personadas en el procedimiento, tanto propietarios como inquilinos, divididos en dos asociaciones. El padre de uno de los fallecidos presentó una queja ante el Síndic de Greuges –el defensor del pueblo valenciano– contra el juez instructor y los bomberos, por la aplicación de un protocolo de actuación que los propios efectivos han defendido.

Los afectados coinciden en que quieren que se clarifique el relato de los hechos. En ese sentido, las familias de seis de las víctimas mortales, representadas por el mismo abogado, piden que se haga una reconstrucción de la ocurrido para determinar si tuvieron tiempo de salvarse pues, por las comunicaciones que tuvieron con ellos aquella tarde de febrero, se sabe que murieron horas después de que se iniciaran las llamas.