Profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña defienden la libertad de cátedra frente a la imposición del catalán

El actual Estatuto de la universidad, vigente desde 2012, debe reformarse en cumplimiento de la LOSU, aunque, según los docentes, algunos de los cambios que el centro quiere introducir en el nuevo redactado «pretenden recortar la libertad de cátedra e imponer más clases en catalán». Su intención es que la universidad acepte sus propuestas y que éstas se debatan en la próxima reunión del claustro de la universidad, que se celebrará el próximo martes día 10 de diciembre.

«Los estatutos de la UPC son de 2012, época 'procesista' de infausto recuerdo, toca renovarlos conforme a la LOSU y aunque el independentismo está de baja, nuestro rector es su ardiente defensor, de manera que intenta darles una vuelta de tuerca más y hacerlo con urgencia. Hemos intentado presentar cuatro enmiendas y aún estamos batallando para conseguir siquiera debatirlas», señala en declaraciones a ABC Juan Carlos Aguado, profesor de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de la UPC, uno de los impulsores de las enmiendas.

Los docentes denuncian que la universidad «intenta colar la lengua propia y la cultura entre los valores universitarios, como responsabilidad social general». «Creo que ninguna otra universidad se ha atrevido a tanto, mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (a los cuales nos adherimos con entusiasmo) lo que piden es exactamente lo contrario, educar para formar una ciudadanía mundial. Por eso hemos pedido eliminar la mención a la lengua y cultura propias de los valores universitarios», precisa Aguado.

En los actuales estatutos se recuerda, según apunta el docente, «los derechos lingüísticos para los catalanohablantes (y no para los castellanohablantes)» y precisa que los profesores «no se someterán sólo al marco legal sino también a los 'acuerdos del sistema universitario catalán'».

Los impulsores de las enmiendas acusan al actual rector de la UPC, Daniel Crespo, de «firmar, hace tiempo y sin consultar a la universidad, un acuerdo en el marco de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) comprometiéndose a implantar el catalán en un 80% de cada titulación universitaria, grados, másteres y doctorados». A juicio de Aguado, llevar este objetivo a término en doctorados y másteres «será suicida». Por este motivo, pide dejar el artículo tal y como estaba en los estatutos de 2012, «sin ese compromiso de aumentar la presencia del catalán».

En tercer lugar, según denuncian los docentes, el nuevo texto pretende conceder al alumnado el «derecho a recibir enseñanza en catalán, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía». «Aquí parte de una falacia porque el Estatuto concede el derecho a recibir la educación no universitaria en catalán», apostilla. «Además de nuevo, –añade– no tiene en cuenta que si una persona se matricula de un máster actualmente en inglés y cuenta con el aval de estos nuevos Estatutos, podrá exigir docencia en catalán y destruirá el máster. Por eso, pedimos eliminar este supuesto derecho, los derechos no son gratis sino que generan deberes», explica Aguado.

El profesor acusa a la universidad de «querer restringir la libertad de cátedra y de investigación» e intentar ceñirla «a lo que digan nuestros códigos éticos e incluso los de buenas prácticas, el régimen de dedicación y la organización de la docencia». «Creemos que la libertad de pensamiento debe ser absoluta, la de expresión tener muy pocos límites legales (evitar calumnias, amenazas e incitación al crimen) y sería en todo caso la parte práctica, sobre todo transferencia de tecnología, la que la Universidad podría limitar. Pedimos mantener el artículo como en 2012, sin más límites que los legales», concluye. Los docentes confían en que la universidad acepte debatir sus propuestas y someterlas a debate, aunque temen que, pese a todo, sean vetadas y no lleguen al claustro. Lamentan la «poca transparencia y urgencia» del proceso.