Oncólogos denuncian presiones para no recetar fármacos caros contra el cáncer y ahorrar costes

Los informes muestran casos de DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Sanitas especifica que, en su caso, la última palabra sobre el tratamiento la tienen sus responsables asistenciales y no Atrys. En el caso de Cigna, la contratación fue puntual y no se renovó. Atrys también trabaja con Asisa, IMQ y Allianz. ABC no ha accedido a casos de estas últimas. Las siete son completamente ajenas a las prácticas denunciadas por los oncólogos. Otras grandes aseguradoras como Mapfre nunca han querido contratar sus servicios.

Los documentos recogen reacciones de los asesores oncológicos de Atrys no autorizando de primeras tratamientos caros propuestos por los médicos, los denominados de «alto impacto», y habituales en la sanidad pública. Se trata de quimioterapias que se administran por vía intravenosa en el hospital de día oncológico y que los médicos subrayan que han aumentado la supervivencia de los pacientes. Los tratamientos señalados van desde Avastin a Panitumumab pasando por Cetuximab, Ramucirumab o Pertuzumab, entre muchos otros. En cambio, en los informes no hay casos en los que el asesor de esta intermediaria intervenga ante prescripciones de tratamientos intravenosos más antiguos y de bajo coste, ni ante fármacos orales más nuevos y muy caros pero que no cubren las aseguradoras.

En esa primera reacción, además de no dar autorización, los asesores oncológicos de Atrys Health-Bienzobas recomiendan a los médicos otras terapias más baratas. Los argumentos son varios, aunque la mayoría de los recogidos en los informes a los que ha tenido acceso ABC están relacionados con el precio, como que un tratamiento es «no coste efectivo» lo que viene a significar que el beneficio que aporta sobre otros medicamentos más baratos no justifica su precio. Otra es afirmar que las guías europeas consideran «más eficientes» otras terapias, que son propuestas por el asesor y que son más baratas.

Otra fórmula bastante repetida es sostener que un tratamiento no se encuentra en ficha técnica -la autorización administrativa que aprueba la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad-, o que no se ajusta a las guías internacionales, cuando los oncólogos aseguran que sí. Si el médico se ratifica o el oncólogo decide solicitar la intervención del servicio de atención al cliente de la aseguradora, el tratamiento que supuestamente no se encontraba en ficha técnica o en guías internacionales queda autorizado.

«Se sugiere considerar idoneidad de otras opciones», se lee repetidamente en decenas de informes antes de la recomendación de una terapia alternativa más barata, adecuada para el tipo de cáncer del paciente, pero que los oncólogos subrayan que no era la más indicada para ese enfermo en ese estadio.

Si el oncólogo acepta el criterio de Atrys y cambia la terapia, no hay disputa. Si no lo hace y se ratifica en su decisión empieza un cruce de argumentos que puede ser más o menos extenso. En ocasiones, los asesores oncológicos autorizan sin más la terapia tras la primera contraargumentación del oncólogo y en otras insisten. «Entendemos no justificada la solicitud», recogen varios informes como reacción del asesor oncológico tras ratificarse el médico en la primera prescripción. A veces esta respuesta llega dos veces seguidas.

Las formas utilizadas son muy diplomáticas. «El último criterio de valoración es el tuyo», «rogamos nos confirmes si te ratificas o eliges otras alternativas terapéuticas más eficientes», por ejemplo. Pero, como se mencionaba anteriormente, en muchas ocasiones en las que el médico aguanta y se ratifica, el asesor mantiene la presión y le devuelve una contraargumentación. Entre los informes médicos a los que ha tenido acceso ABC hay varios en los que los tratamientos han sido rechazados. Por ejemplo, un caso en el que el oncólogo avisó al asesor de Atrys Bienzobas de que la terapia que él quería prescribir tenía «evidencia» de «beneficio en supervivencia», pero que no se podía «decir lo mismo» de la que le estaba instando a aplicar. «Supondría una toxicidad innecesaria» con los «riesgos que esto supondría para la paciente», subrayaba el oncólogo, sin éxito, sobre el tratamiento recomendado por Atrys.

Esta intermediaria, sin embargo, niega que todas estas reacciones puedan constituir presiones a los médicos para hacerles desistir de los tratamientos más caros. En conversación con ABC, la directora de Oncología de Atrys Health-Bienzobas, Marian Isach, subrayó ayer que «es una barbaridad decir que estamos negando tratamientos. El médico tiene libre prescripción y siempre es el que tiene la última palabra, siempre pone el tratamiento que quiere poner. Nosotros llevamos más de 20 años en la gestión de la oncología. No ha habido ni un solo problema con ningún paciente en más de 20 años y nosotros al final lo que hacemos es una gestión oncológica acorde a guías clínicas y a agencias de medicamento europeas o a nivel nacional. Lo que hacemos es valoraciones y asesoramiento. En función de estas guías se hacen recomendaciones, pero al final el médico tiene la última palabra. Nosotros no denegamos. No está en nuestra mano la capacidad de negar tratamientos», señaló. «Lo que está tratando de ponerse sobre la mesa es que se están quitando alternativas terapéuticas a los pacientes y no es así. El paciente no tiene una denegación de la alternativa terapéutica que le impida continuar con su tratamiento o que le quite esperanza de vida».

Sin embargo, una búsqueda simple en redes sociales revela que varios oncólogos llevan tiempo denunciando que las prácticas de Atrys tienen impacto sobre la vida de los enfermos. «Bienzobas sigue acortando la vida de los pacientes. Mujer de 74 años cáncer colorrectal metastásico (...) deniega con el siguiente argumento, por favor retwittear», pedía en agosto de 2022 el director de Oncología, Investigación e Innovación de HC Cancer Center (Marbella), José Manuel Trigo, adjuntando parte de un informe en el que Atrys aseguraba que un tratamiento tenía «no coste efectivo». «Otra vez con los mismos argumentos de coste-efectividad. Lucrándose acortando la vida de los pacientes con cáncer», denunciaba cinco días después apoyándose en otro informe intermediado por Atrys.

Coincidía el jefe de la farmacia hospitalaria del centro, Tomás Arrazola. «No sé hasta dónde vamos a llegar. Las asociaciones de pacientes deben saber lo que hacen (Atrys Health Bienzobas)», pedía.

En línea parecida intervenía el oncólogo médico del Reina Sofía de Córdoba y coordinador de investigación del Instituto Maimónides (Imibic, Córdoba), Juan de la Haba, acusando a Bienzobas de operar «en el lucrativo negocio de denegar fármacos o pasarlos (a los pacientes) a la sanidad pública y quedarse con la pasta de lo ahorrado». Ricardo Fernández, especialista del Instituto Oncológico de la Clínica IMQ Zorrotzaurre (País Vasco) reforzaba la tesis. «No hay derecho. Está aprobado en ficha técnica. La póliza cubre el tratamiento. Punto y final».

La cifra de ciudadanos con pólizas en las que intermedia Atrys asciende a cuatro millones, que se traducen en unas 15.000 visitas anuales. Entre ellos se encuentran los funcionarios que renuncian a la sanidad pública para optar por Muface, Isfas o Mugeju, y su cobertura la presta una de las aseguradoras que contrata los servicios de Atrys.

En este caso se encuentran 1,6 millones entre empleados públicos y familiares. Si a alguno de ellos se les deniega el tratamiento más apropiado para su enfermedad no pueden recurrir a la sanidad pública. Para hacerlo, tienen que esperar a enero del año siguiente para modificar su convenio o solicitar un cambio extraordinario durante el ejercicio, con resultado incierto. En uno y otro caso, el cambio no es inmediato pero el cáncer sí requiere un tratamiento inmediato.