Las monjas de Belorado hipotecaron uno de sus conventos para conseguir efectivo

Según consta en el Registro de la Propiedad, al que ha tenido acceso este diario, el monasterio de Derio fue inscrito por la comunidad de Belorado en diciembre de 2022, a través de una declaración de obra nueva, aunque el edificio principal fue construido en 1970. Unos meses después, el 22 de marzo de 2023, las monjas acudieron a una entidad bancaria para formalizar una hipoteca, por quince años, sobre el bien y obtener así liquidez económica. Los 720.000 euros que obtuvieron están muy por debajo de valor real del inmueble, puesto que la tasación efectuada, a efectos de una posible subasta si las religiosas incumplen con su pago, se cifró en «tres millones doscientos veintiséis mil doscientos setenta y un euros con setenta y siete céntimos».

Podría pensarse que la operación económica estaba dirigida a sufragar las cuotas pendientes por la compra del monasterio de Orduña (Vizcaya), a donde se trasladaron desde Derio en 2020, y cuyo primer plazo, de 75.000 euros semestrales, habían dejado de pagar en noviembre de 2022. Sin embargo, ni ese ni los posteriores, han sido satisfechos por las religiosas, como han reconocido ellas mismas. Así, a 1 de mayo de 2024, la cantidad adeudada ascendía a 300.000 euros.

De hecho, ante los impagos, la comunidad de clarisas de Vitoria, la anterior propietaria original de Orduña, convocó a la de Belorado ante notario el 7 de mayo de este año para rescindir el contrato de compra-venta. A aquel acto se presentó la entonces abadesa, sor Isabel de la Trinidad, acompañada de sor Paz y sor Sión, e hicieron entrega de un pliego reclamando 1.600.000 euros en concepto del importe de las obras que habían realizado y 30% de daños y perjuicios.

Así, ¿dónde están esos 720.000 euros? Las religiosas se niegan a atender a la prensa e incluso no permiten ni comentarios en sus post de redes sociales. Desde el arzobispado de Burgos, en representación del comisario pontificio, Mario Iceta, señalan que todavía están tratando de poner en orden el «complejo entramado de cuentas» que las monjas tienen a su nombre. Al parecer las monjas tienen cuentas en varios bancos, incluso varias en algunos de ellos, y el apoderado de Iceta para esta operación todavía no se ha puesto en contacto con la entidad bancaria con la que las clarisas formalizaron la hipoteca. Al cierre de esta edición, no se ha podido confirmar si están al corriente de sus pagos o existen cuotas pendientes.

Todo parece indicar que en los primeros meses de 2023 se encuentra los hechos clave para tratar de entender esta operación inmobiliaria enmascarada como cisma. Fue también en esos momentos cuando las religiosas se pusieron en contacto con la Pía Unión de San Pablo Apóstol, según ha confirmado la abadesa en una entrevista televisiva y ha ratificado el propio obispo excomulgado, Pablo Rojas, en una conversación con este diario.

Según explicó Rojas a ABC, las monjas «dicen que empezaron a tener problemas en 2020, pero en ese momento no estaban en contacto con nosotros». Por contra, reconoce que la relación de la Pía Unión con las clarisas «se lleva fraguando desde hace un año», aunque hasta el momento en que se hizo pública «se había llevado todo con escrupulosa sigilidad (sic)». Un sigilo impuesto «para no perjudicar a las monjas, y no por nuestra parte, ya que nuestra postura es pública».

Rojas niega que conociera a las monjas a raíz de una visita al convento para comprar trufas, como él mismo había afirmado en una entrevista televisiva hace unos días. «No, no, un servidor jamás» exclamaba ante la pregunta, para añadir que «la primera vez que fui al monasterio de Belorado fue en vísperas del 13 de mayo, nunca antes había estado». «Las clarisas no se ponen en contacto directo con un servidor -añade-, sino que es de forma indirecta a través de un miembro de la Pía Unión, un numerario consagrado que vive en Vizcaya».

Según su versión, las monjas residentes en Orduña son quienes hablan con esta persona «primero por teléfono y whatsapp y después presencialmente». Más tarde, Rojas delegó en uno de sus sacerdotes, el único que hemos conocido hasta el momento, la atención a las religiosas. «Sí, ha sido don José [Ceacero] quien ha llevado todos los acercamientos y todas las cosas con las monjas», confirmó a ABC.

Desde el primer momento, las monjas han sostenido que lo que motivó su enfado fue la negativa del Vaticano a darles el permiso para la venta del monasterio de Derio. Afirmaban haber tenido un posible comprador y que la operación no pudo llevarse a término al no tener ese preceptivo permiso. Sin embargo, la versión no se sostenía porque tanto desde la diócesis de Burgos, como de la de Bilbao, negaban que se hubiera llegado a pedir esa autorización. Además, el derecho canónico sólo la hace obligatoria si la operación supera el millón y medio de euros, por lo que no coincidía con las cantidades que se manejaban.

En realidad, tal y como desveló este diario hace dos semanas, lo que las monjas pretendían vender no era el monasterio sino otra finca en Derio. Allí, su propiedad se divide en dos parcelas con sendas edificaciones principales: la del propio monasterio, de cerca de veintiséis mil metros cuadrados, y la otra parcela que lo rodea, de unos 40.000 metros cuadrados, y con un caserío que las monjas convirtieron en casa rural sin tener permiso para ello.

La parcela del caserío tiene un valor de 1.466.959,63 euros según la hacienda foral de Vizcaya, aunque las religiosas decidieron venderla por debajo de su precio real. Buscaron una inmobiliaria vizcaína que la ofrecía por 950.000 euros. Con la leyenda de «casa rústica en Derio» llegó a aparecer en varios portales inmobiliarios. Nadie la compró. Después de que el ayuntamiento de Derio obligara a las monjas al cese de la actividad de la casa rural, por estar catalogada como residencial, nadie quiso pagar ese precio por un lugar en el que quedaba descartado el uso turístico. Desistieron de la venta y, a fecha de hoy está alquilada a un particular.