Las clarisas cismáticas de Belorado, ahora en los juzgados de Burgos

El primero se depositó en una comisaría de la Policía Nacional de Logroño pasadas las cuatro y cincuenta y cuatro de la mañana del jueves, y después de un largo peregrinaje de pueblo en pueblo en busca de un cuartel de la Guardia Civil en el que poder denunciar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por «abuso de poder y usurpación de la representación». Finalmente acabaron en la capital riojana, aunque el monasterio de Belorado se encuentra en la provincia de Burgos, por lo que su presencia este viernes en la capital burgalesa puede ser la confirmación de la denuncia ya presentada o, incluso, una ampliación.

En esta ocasión, Ceacero no ha querido dar explicaciones sobre las razones que les han llevado hasta los juzgados burgaleses y a preguntas de un periodista se ha limitado a señalar que «me duele la cabeza». Las monjas se han mostrado molestas al ver a varios fotógrafos y han preguntado, incluso, si podían estar allí.

Lo que parece claro es que el cuarteto sigue firme en sus intenciones de pelear judicialmente por tener los monasterios de Belorado y Derio bajo el paraguas de la Pía Unión de San Pablo Apóstol que han abrazado tras renegar de la Iglesia católica.

Es su respuesta al anuncio realizado el miércoles por Mario Iceta de que había sido nombrado por la Santa Sede como comisario pontificio para los tres conventos -Belorado, Orduña y Derio- controlados por las clarisas cismáticas. Sus primeras medidas fueron destituir a la abadesa -a la que le expiraba su mandato este miércoles 29 de mayo-, prohibir la presencia del obispo excomulgado, Pablo Rojas y su cura José Ceacero en los conventos de las clarisas y ordenar que se realice una auditoría e inventario de todos los bienes.

Por otro parte, Mario Iceta ya está dando los primeros pasos como comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Derio y Orduña y en las últimas horas ha solicitado al Ministerio de Justicia la modificación de la representación legal en el Registro de Entidades Religiosas. Así, según ha podido comprobar ABC, el actual representante legal en este registro público tanto de los monasterios de Belorado como de Derio es Mario Iceta Gavicagogeascoa, el arzobispo Burgos.

A principios de semana, antes de que fuera nombrado comisario pontificio, la representante en este registro para los dos cenobios era Laura García de Viedma Serrano, el nombre civil de la ahora destituida abadesa, sor Isabel de la Trinidad. En este registro no ha constado nunca el monasterio de Orduña puesto que la comunidad que allí se encuentra es la misma que abandonó Derio y a efectos civiles no había cambiado la denominación.

Con este acto queda demostrado que el Ministerio de Justicia ha reconocido el nombramiento de Iceta como comisario pontificio y las consecuencias que de ello se deriva, como que sea considerado como superior mayor de la comunidad, con autoridad por encima de la abadesa y su consejo. Además, entre sus primeras decisiones se encontraba la destitución de la abadesa, que finaliza su mandato improrrogable el 29 de mayo, por lo que sus poderes de representación dejan de tener efecto desde ese momento.

Se trata del primer paso para el control legal total de los monasterios, que continuará previsiblemente, con el cambio de los autorizados en las cuentas corrientes que tiene la comunidad y en las actividades legales que desarrolla, lo que sitúa a las monjas en una compleja encrucijada. Según anunció Iceta en la rueda de prensa, el siguiente paso será la realización de una auditoría e inventario, encargados a un despacho profesional.

Estos avances legales llevados adelante por el comisario pontificio podrían explicar la actitud desesperada de las religiosas con su denuncia en la comisaría de Logroño, a las 4 y 54 minutos de este jueves, y la visita de este viernes a los juzgados de Burgos. Según consta en la primera denuncia, la exabadesa se presentaba como «representante legal» tanto del monasterio de Belorado como del de Derio y acusaba a Iceta de «abuso de poder y usurpación de la representación». Con la denuncia, según explicaron fuentes policiales a ABC, la religiosa estaría intentando «obtener personalidad jurídica» de cara a un futuro litigio. Sin embargo, parece que la acción no ha surtido efecto puesto que para el Ministerio de Justicia el representante legal es ya el comisario pontificio.