Los médicos sopesan una huelga indefinida tras un seguimiento desigual pero con mucho ruido

Los convocantes de la huelga, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han calificado el seguimiento como «masivo», por encima del 90 por ciento. Han parado más médicos que durante la huelga del pasado junio, han dicho, y en ese momento ya hablaron de éxito. Las comunidades autónomas, por el contrario, rebajan la adhesión con cifras muy dispares. Por ejemplo, mientras la Consejería de Salud de Andalucía habla de un 48 por ciento, la de Castilla-La Mancha de un 43%, la de Murcia y Galicia del 39 por ciento o la de Castilla y León de un 36%, otras lo cifran en el 3 por ciento, en el caso de Navarra, en el 6% en el caso de Ceuta y Melilla (según el Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad) o en el 10,4 por ciento en el caso de Cataluña. En los datos ofrecidos por la administración, destacan los médicos, se cuenta a los profesionales que trabajan como parte de los servicios mínimos, por lo que consideran que son más bajos de lo que realmente ha supuesto el paro.

Aun así, las sensaciones de los médicos son buenas. Creen que el colectivo está unido con un objetivo común, contar con una norma propia que regule sus condiciones y que ellos mismos puedan negociarlas. De hecho, en esta ocasión y a diferencia de lo que ocurrió el pasado junio, además de los convocantes han llamado a la huelga otros sindicatos que no están confederados y que tienen una representación importante en sus territorios, como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Metges de Catalunya o el Sindicato Médico de Euskadi.

En los centros sanitarios el paro se ha notado a través de ciertos retrasos o citas canceladas, pero la atención urgente se ha mantenido y desarrollado sin incidencias al haber establecido todos los territorios unos servicios mínimos que en todos los casos se han cumplido en su totalidad.

Además, para escenificar el paro, los facultativos se han manifestado y concentrado en las principales ciudades a las puertas de la delegación del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y de los centros sanitarios. En Madrid, alrededor de 3.000 profesionales han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta la sede del departamento de Mónica García. Las guardias de 24 horas, las horas de jornada semanal o las retribuciones han sido algunas de las quejas más repetidas. En Barcelona, cerca de 2.000 facultativos catalanes, según Metges de Catalunya (que cifra el seguimiento del paro en un 58%), se han concentrado a primera hora frente a la sede de la Consejería de Salud, informa Esther Armora.

«Estoy aquí porque estoy harta de tener que trabajar 24 horas seguidas sin cotizar y sin tener descanso», aseguraba a este medio Rula Nasimi, cirujana en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. No tenía dudas al afirmar que está dispuesta a ir a una huelga indefinida, una idea que se ha comentado en esta jornada en muchos corrillos de médicos de todo el país.

«Iríamos a una huelga indefinida. A los médicos siempre nos echa un poco para atrás el hecho de dejar de atender a nuestros pacientes, pero el sistema se aprovecha de eso, de que todos los actores pueden hacer huelga menos nosotros. Siempre se va a garantizar la atención urgente, a nadie se le va a negar, pero sí planteamos una huelga indefinida porque estamos hartos de que se aprovechen de nuestra vocación», secundaban dos ginecólogas del Hospital Gregorio Marañón.

Los médicos piden un estatuto propio y negociado por ellos que establezca, entre otras cosas, el fin de las guardias de 24 horas, que actualmente son obligatorias hasta los 55 años. El último borrador de Estatuto Marco presentado por Sanidad las rebaja a 17, pero abre la puerta a que sean de 24 por necesidades del servicio. También reclaman que esas horas de guardia coticen para la jubilación, algo que a día de hoy no ocurre.

Otra de las exigencias pasa por que la hora de guardia se pague al menos como la hora ordinaria. Hoy se paga por debajo. Sanidad incluyó este punto en su borrador de Estatuto Marco después de reunirse el pasado junio con los sindicatos médicos, pero en la última versión lo retiró asegurando que era una petición de las comunidades autónomas.

Los facultativos piden que se facilite la conciliación con la reducción de su jornada laboral, que en muchos casos supera las 80 horas semanales, que se reconozca su nivel de responsabilidad y que se mejoren las condiciones laborales de los médicos internos residentes (MIR), entre otras cosas.

«Con 46 años, estoy mirando contratos fuera de España porque este es el único país de Europa donde se trabaja en estas condiciones», lamentaba la cirujana del Hospital Rey Juan Carlos, que destacaba que actualmente la sanidad privada ofrece mejores condiciones que el sistema público a los facultativos. «En la privada negocias con la empresa y las empresas están obligadas a respetar nuestros derechos. El problema es que el ministerio no respeta nuestros derechos, por lo que hay mejores condiciones laborales en la privada que en la pública y por eso la gente se va. Es una pena pero es así», afirmaba, a la vez que reflexionaba: «Llevo 23 años en el sistema público, no entiendo por qué me tengo que ir».

Pero el Ministerio de Sanidad descarta promover una ley que recoja solo las condiciones de los médicos. Fuentes del departamento de Mónica García aseguran que, aunque respetan el derecho de huelga y entienden «el malestar acumulado tras años de sobrecarga y precariedad», una norma propia «rompería la cohesión y generaría desigualdades». Señalan además «la falta de compromiso de muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, que han mantenido la temporalidad, los contratos precarios y el deterioro de la sanidad pública», pese a que los facultativos se dirigen a ella con sus protestas.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha espetado que el Estatuto Marco «le ha estallado en la manos» a Mónica García por la «ausencia de diálogo con los sectores implicados». La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, por su parte, ha manifestado su apoyo a un estatuto propio de los médicos.