Ley de Universidades: El Gobierno fulmina todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional»

Por ejemplo, el PNV pidió eliminar todas las referencias a «nuestro país» y «territorio nacional» por la palabra «Estado». Además, también a propuesta inicial del PNV, el artículo 2 sobre funciones del sistema universitario, prevé la «promoción de las lenguas oficiales» que se suman a las de contribuir «al bienestar social, al progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial en que estén insertas» o a «la generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico» o a la «transferencia e intercambio del conocimiento y de la cultura al conjunto de la sociedad».

Así figura en el nuevo texto de la ley al que ha accedido ABC, que ha sido modificado con las diferentes enmiendas que han introducido los partidos en la tramitación parlamentaria de la norma, y que se ha aprobado este martes. Dicha votación ha tenido lugar en la Comisión de Universidades de la Cámara Baja y el texto modificado ha salido adelante por 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Lo que hoy ha salido de la mencionada comisión es el informe elaborado por la ponencia sobre la ley que incluyen las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. De ahí sale el dictamen de la norma, que ha salido aprobado aunque aún debe elevarse al Pleno.

En la misma línea, en el artículo 11 también se añade que «se promoverán, asimismo, la investigación, el intercambio y la transferencia del conocimiento en las lenguas oficiales de sus territorios». En la enmienda inicial, que no ha cambiado mucho, ERC pedía el siguiente redactado: «Se promoverá la investigación y la transferencia en las lenguas oficiales distintas al castellano desde la administración, las universidades y centros de investigación y las agencias de calidad». Además, en el apartado dedicado a la movilidad internacional de los alumnos se añade que se promoverán programas de movilidad, sobre todo el Erasmus+, asegurando «la inclusión de las lenguas oficiales del Estado español».

Otra modificación controvertida es la que afecta a la elección de rector. Tal como avanzó este periódico, una enmienda transaccional firmada por ERC, PSOE, Podemos, ERC, PDECat, Bildu y el PNV fulmina la parte del redactado que decía que los candidatos deberán ser «funcionarios» y «doctores» de los cuerpos docentes universitarios. Así, se modifica el texto de Subirats añadiendo que podrán ser candidatos a rector el «personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo» que deberá «reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos». Agregan que «dichos méritos deberán garantizar una alta capacidad investigadora, una acreditada trayectoria docente así como una suficiente experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal».

Estos cambios favorecen, sobre todo, a las universidades catalanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores catalanes tienen una relación laboral y no funcionarial con la universidad. Con la redacción de la ley que se aprobó por Subirats en Consejo de Ministros no quedaba del todo claro si los laborales podían ser rectores, duda que ahora se despeja por completo.

Por otra parte, la norma deja en el aire el derecho a la educación de aquellos alumnos que no quieran hacer huelga y opten por ir a clase. ¿Por qué? El nuevo texto, al que ha accedido ABC, garantiza el derecho al paro académico, «respetando el derecho a la educación del estudiantado». El texto original, en cambio, hablaba de «garantizar» dicho derecho.

Otro cambio sustancial que ha sufrido el texto desde que fuera aprobado en Consejo de Ministros en segunda vuelta el pasado mes de junio contradice una promesa que Subirats anunció a bombo y platillo.

Su idea era que el Estado y las comunidades incrementaran el gasto público en educación universitaria en 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, las cosas cambiaron y ahora esto ya será un simple «objetivo» entre Estado, comunidades y universidades.

Otra enmienda que salió adelante, propuesto por Mas País es la que impide que los colegios mayores privados «que tengan un régimen no mixto o segregado» puedan adscribirse «a una universidad pública». La enmienda que modifica la disposición adicional séptima sobre colegios mayores un artículo que señala que «aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse». La iniciativa viene de la polémica ocurrida en el colegio mayor Elías Ahuja, gestionado por los Padres Agustinos y adscrito a la Universidad Complutense, cuando algunos de sus alumnos gritaron «¡Putas, salid de vuestras madrigueras! ¡Sois unas putas ninfómanas!» a sus compañeras del colegio Santa Mónica y a las que pidieron disculpas.

Tras conocerse el dictamen de la ponencia, Carmen Navarro, vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular ha dicho que la norma «destruye la exigencia en la elección del rector» y lamenta el «silencio cómplice» del presidente de los rectores (CRUE), Juan Romo.

Por su parte, María Jesús Moro, diputada del PP en la Comisión de Universidades, dijo que «la ley de este Gobierno es un retroceso. También la han incluido en la subasta con los independentistas».