La decisión judicial ha sido comunicada este miércoles a los abogados del caso mediante una diligencia formal dictada tras la reincorporación del expediente al juzgado de Briviesca, una vez que la Audiencia Provincial de Burgos desestimó la recusación presentada por las exmonjas contra la magistrada instructora. La maniobra de recusación, que según fuentes jurídicas consultadas, tenía como objeto el retraso del proceso de desahucio, pero al no ser admitida, el proceso judicial ha recuperado su curso y, con este auto, la jueza ha fijado un nuevo calendario.
En una nota hecha pública, la Oficina del Comisario Pontificio subraya que la medida judicial no afecta a las cinco monjas que no han participado en el cisma y que, a día de hoy, forman la comunidad legítima del Monasterio de Santa Clara de Belorado. «Dada su avanzada edad y delicado estado de salud, han sido desde el primer momento objeto de especial preocupación por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora», señala el comunicado. La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen estas religiosas, asumirá su atención tan pronto como se restablezca el acceso al recinto monástico.
El nuevo calendario para el desahucio supone un nuevo revés judicial para las exreligiosas, que hace unas semanas también recibieron del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un fallo clave: la inadmisión de la demanda interpuesta por las exreligiosas contra la Administración del Estado, con lo que se reconocía la legitimidad del Comisario Pontificio como único representante legal de los monasterios de Belorado y Derio. El fallo refuerza la posición en el litigio del comisario pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta, y cierra la vía civil emprendida por las exmonjas para mantenerse en la propiedad.
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