La exabadesa de Belorado reconoce que vendió el oro con el fin de «usarlo para cosas del monasterio»

La exabadesa ha llegado con un ligero retraso en los juzgados, a las 10.06 de la mañana, en un coche conducido por la exmonja conocida como sor Berit y acompañada por sus dos abogados, su hermano Enrique García de Viedma, y el madrileño Florentino Aláez. En la causa también han estado presentes los abogados designados por el Comisario Pontificio y la empresa donde se realizó la venta del oro.

Se trata de la segunda ocasión en que Laura García de Viedma acude al Juzgado de Briviesca para declarar por la investigación por la venta del oro, a raíz de la investigación iniciada por la Policía Nacional que, alertada por la operación, trató de aclarar el origen lícito de los lingotes. Sin embargo, el 19 de febrero García de Viedma se acogió a su derecho a no declarar alegando que había recibido la citación apenas 48 horas antes y no había tenido tiempo para estudiar la causa. La juez fijó entonces el día de hoy para una nueva comparecencia.

A raíz de la investigación abierta por la Policía, la oficina del Comisario Pontificio, que en este momento ostenta la representación legal de los monasterios, pudo comprobar que la compra del oro se había realizado legalmente entre julio y agosto. En aquel momento, a nombre de los monasterios tanto de Belorado como de Derio, las religiosas realizaron siete compras de distintas modalidades de lingotes y monedas de oro por valor por encima de los 250.000 euros. Según pudo conocer ABC, de acuerdo a la valoración del momento, adquirieron algo más de cuatro kilos de oro.

Sin embargo, aunque la compra sí era legal, lo que ahora se investiga es la última operación y si la exbadesa, que en el momento de la venta ya estaba excomulgada y, por tanto, expulsada de la vida religiosa, tenía la representación legal suficiente para realizar la venta a su nombre y cobrarla en su cuenta personal.

Además, según han reconocido las propias exclarisas, el dinero se ha destinado para la compra de una parcela en Cangas de Onís con la autorización de núcleo zoológico en la que ha instalado su criadero de perros y para el alquiler de un hotel en Arriondas el que han abierto su 'restaurante de clausura'. Dado que la primera operación se ha hecho a nombre de una asociación protectora de animales que habían creado hace unos años, y la del hotel con el CIF de la sociedad limitada Obra et labora, que fundaron hace unos meses, también pesa la sospecha de cómo el dinero del oro de los monasterios, que pasó a la cuenta personal de la exabadesa, acabó cedido a esas otras dos entidades.

Según ha explicado a la salida de la vista Enrique García de Viedma, hermano y abogado de la exabadesa, en la operación de la venta del oro «no existe engaño para nadie, ni ánimo de lucro», por lo que «no puede existir delito». El letrado ha señalado que este tipo de operación de compraventa es «lo normal en la comunidad» religiosa y ha aclarado, como ya se conocía, que provenía de de unos fondos invertidos en una entidad crediticia desde hace tres años y que ahora habían decidido venderlo «para usarlo para cosas del monasterio».

El abogado no ha querido abundar en la declaración de la exabadesa, que ha tenido que responder a las preguntas sentada por problemas en un tobillo. Según ha podido conocer ABC, los 1,7 kilos de oro, en forma de lingotes y monedas, estaban depositados en la entidad Inveroro Gestión desde 2022. Es en esa fecha cuando las entonces religiosas suscribieron un préstamo pignoraticio, con la garantía del oro, del que había ya dispuesto diversas cantidades. De esta forma, cuando liquidaron la inversión con la venta, parte del dinero recibido fue destinado a amortizar lo ya dispuesto, por lo que de los 130.000 euros, la exbadesa cobró en su cuenta 66.226,26 euros.

El abogado de la exabadesa ha explicado que la venta final se produjo a nombre de Laura García de Viedma «porque es preceptivo» y que ella «podía disponer de una representación legal y tenía la perfecta capacidad de disponer de sus bienes». Sin embargo, no ha aclarado que en el momento de la venta la representación legal de los monasterios y la titularidad de las cuentas ya las tenía el comisario pontificio, por lo que el cobro en su cuenta personal sirvió para evitar que el dinero del oro acabara en una cuenta bancaria a la que la exabadesa ya no tenía acceso. Enrique García de Viedma ha valorado esta «intervención del monasterio como totalmente innecesaria» y que no «ha hecho más que causar problemas». En ese sentido considera que la causa que hoy ha llevado a su hermana al juzgado es «completamente artificial».