El fondo de indemnizaciones que propone el Defensor del Pueblo es inviable al no existir un censo de víctimas de abusos

La conclusión es una de las pocas novedades que tanto el secretario general, como el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, aportaron en la rueda de prensa en la que explicaron las conclusiones de su Asamblea Plenaria extraordinaria del pasado lunes, dedicada en exclusiva a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Antes ya habían avanzado una nota en la que recogían los acuerdos alcanzados. Entre ellos se encontraba la decisión de «encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación». Un itinerario que «será ya implementado en la próxima asamblea plenaria de noviembre», añaden.

La afirmación hacía pensar que asumían una de las propuestas en la que más incidió el Defensor del Pueblo al presentar su informe sobre abusos en la Iglesia: «La creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de la víctimas». Para implementar el mecanismo, Gabilondo propone crear un «órgano especial de carácter temporal» que decida sobre las indemnizaciones a las víctimas.

Según el Defensor del Pueblo «la compensación económica no puede estar sujeta a la discrecionalidad de una u otra institución» o en manos de las «organizaciones religiosas» pues puede generar «desigualdad» y contribuir a la «opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento». Por ello, insiste en la necesidad de que las compensaciones se determinen en el seno de «un procedimiento reglado, por parte de un órgano independiente e imparcial formado por un equipo multidisciplinar de profesionales». En su comparecencia Gabilondo señaló que considera «imprescindible que la Iglesia no sólo colabore económicamente en ese fondo, sino que tenga la aportación más importante».

Sin embargo, los obispos se desmarcan ahora con el argumento de que «no puede haber víctimas de primera y de segunda» y que si las indemnizaciones son «solamente para las de la Iglesia, hay un 90% de víctimas que no tendrían derecho a esa reparación, que quedan excluidas, con lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de este país», dijo García Magán.

Lo que hace inviable la propuesta de Gabilondo porque no existe ningún censo a nivel estatal de víctimas de abusos ni se ha realizado ninguna investigación sobre los diferentes sectores, salvo la presentada sobre la Iglesia católica. De crearse ese fondo, no podría incluir otras víctimas que no sean las de la Iglesia, ya que no están, ni tan siquiera, identificadas.

La única posibilidad para incorporar a todos los afectados es que el Defensor del Pueblo, u otra institución pública, realice una investigación global en todos los sectores de la población. De hecho, la encuesta que acompaña el informe ya advierte de que frente al 0,6% que reconoce haber sido abusado por el clero, el 11,7% de las personas entrevistadas «afirmaron que habían sido víctimas de abusos sexual en la infancia y la adolescencia».

La mayor parte fueron abusados en el ámbito familiar (34,1 %), seguido de la vía pública (17,7 %), ámbito educativo no religioso (9,6 %), ámbito social no familiar (9,5 %), laboral (7,5 %), internet (7,3 %), ámbito educativo religioso (5,9 %), ámbito religioso (4,6 %), ocio (4 %), deportivo (3 %) y sanitario (2,6 %), entre otros.

Un precedente en ese sentido, es el informe de situación federal titulado 'Delitos sexuales contra niños y jóvenes', que las autoridades alemanas han presentado esta semana. El texto, que se ha realizado por primera vez y se prevé que se publique anualmente, ha servido para identificar a 17.162 menores de 14 años que fueron víctimas de abuso sexual en Alemania en 2022. Según el presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal, Holger Münch, el informe es «muy necesario, en vista del creciente número de denuncias y casos, para poder desarrollar estrategias de control y prevención a medida».