Los obispos colaborarán con el fondo estatal de compensación si va dirigido a todas las víctimas de abusos y no sólo a las de la Iglesia

En una rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán y su presidente, el cardenal Juan José Omella, han presentado las conclusiones de la reunión 'extraordinaria' -la cuarta en casi sesenta años de la institución- destinada a tratar, de forma monográfica la cuestión de los abusos en el seno de la Iglesia.

En continuidad con la estrategia de «sí, pero no», tan repetida en tantas ocasiones con este tema -recordemos el «los obispos colaborarán pero no participarán en la comisión del Defensor del Pueblo»-, el Episcopado ha dejado claro que, para ellos «lo importante es cada una de las víctimas» y no tanto los números, para después condenar la extrapolación de la encuesta que eleva a 440.000 los abusados por el clero -«no corresponde a la verdad», han afirmado, y asumir las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, como la de crear un fondo estatal de compensación a las víctimas, siempre que este se destine a «todas las víctimas» de abusos en la sociedad y no sólo a las producidas en el seno de la Iglesia.

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«Si se crea un organismo al efecto, que cuente con la participación de todos, la Iglesia está dispuesta a contribuir, pero también debería hacerlo la comunidad educativa o las federaciones deportivas», ha puntualizado García Magán. Un planteamiento coincidente con las conclusiones que los obispos han sacado del informe del Defensor del Pueblo, que, según ellos «presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia». «Los abusos a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta», añaden.

«Todas las víctimas son víctimas, no puede haber víctimas de primera y de segunda», ha insistido García Magán, quien también ha explicado que si finalmente ese fondo sólo es para los afectados en el seno de la Iglesia, declinarían participar «para no discriminar al resto de víctimas». «En la Iglesia ya estamos trabajando para una reparación integral, que va más allá de lo económico, e incluye incluso reparación espiritual para quienes lo solicitan y que también tiene que ser una reparación comunitaria del Pueblo de Dios por esta herida cometida por algunos de sus miembros«, ha recordado el secretario general y portavoz de los obispos.

Con respecto a la continuidad de Cremades & Calvo Sotelo al frente de la encomienda de una auditoría sobre los abusos que la Conferencia Episcopal le realizó en febrero de 2022, los obispos tomaron la decisión de «no tomar la decisión», o cuanto menos de posponerla veinte días hasta la próxima Plenaria. Según García Magán, «la decisión de reenviarlo a la Asamblea Plenaria, se tomó mediante una votación, que obtuvo más de dos tercios de los votos». De esta forma, y hasta la decisión de noviembre el bufete «sigue trabajando, porque el encargo sigue vivo», explicó el secretario general de los obispos.

Según añadió el cardenal Omella, tomar una decisión de este tipo [la continuidad o no de la auditoría] «después de analizar el informe del Defensor del Pueblo y en una reunión no presencial, sino por Zoom, es complicado». «Estábamos cansados al final del día y dejamos la decisión para diez días más, no hubo ninguna mala actitud en ello», añadió el presidente de la Conferencia Episcopal, quien, por contra, sí que reconoció discrepancias con respecto a la cuestión. «No somos unánimes, hay diferentes opiniones en todos los ámbitos», explicó, para puntualizar que, sin embargo, «hay comunión entre nosotros.

Tras los continuos retrasos en la entrega, y después del ultimátum lanzado el 11 de octubre e incumplido por el bufete, los obispos se encontraban divididos entre quienes apostaban por romper definitivamente el acuerdo y los que preferían dar una nueva oportunidad para que el despacho entregue el informe completo, que ya han podido ver y que consta de más de 2.000 páginas. Según la última comunicación de Cremades ese informe estará listo antes de acabar el año, tras hacer algunas «correcciones», aunque los obispos pretendían que lo entregara «tal como está».

García Magán ha explicado este martes que la carta dirigida a Cremades «en ningún caso se planteó como un ultimátum sino que se le recordaba el compromiso que había adquirido con nosotros sobre la entrega». Sin embargo, el texto, filtrado a la prensa desde la Conferencia Episcopal, daba diez días a Cremades para que presentara su «informe completo» y recordaba que «si dicha entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato, que en su presentación se estimaron en un año aproximado de duración».

El secretario general de los obispos ha confirmado que el propio Javier Cremades estuvo presente, junto a personas de su equipo, en la reunión de este lunes y explicó personalmente a los obispos las razones de su retraso. A preguntas de los periodistas sobre si los obispos conocen ya el texto elaborado por el despacho de Cremades, García Magán ha señalado que «el informe no se ha entregado oficialmente», aunque sí ha reconocido que se les han ido presentando avances en las diversas reuniones con miembros del despacho que han mantenido «casi todos los meses».

La comparecencia también ha servido para mostrar, una vez más, la «sorpresa ante la extrapolación que algunos medios han hecho de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe». «Nos duelen los abusos, pero a la vez creemos que esa extrapolación no corresponde hacerla porque si seguimos esas cuentas matemáticas estaríamos todos en esa dinámica de abusos, ustedes y yo. Me parece que eso no está bien hecho», ha explicado el cardenal Omella.

«No se corresponde a la verdad, ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan con entrega», incidió el presidente de los obispos, que también explicó que ese es el motivo le llevó a poner un post en X -«al estilo Omella» ha dicho- para denunciar la situación. «Hay que desmentir la intencionalidad que hay detrás para sacar una cifra que es mentira y que no se corresponde con la realidad», ha afirmado con contundencia. «Hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica. Hay una intencionalidad para sacar esa cifra ¿Quién ha sacado esos datos?», se ha preguntado retóricamente.

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