«Afirmar que en España ha habido 440.000 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia es una 'fake news'»

El trabajo de la comisión creada por Gabilondo se sustenta en tres patas. Por una parte, los casos que han atendido y certificado directamente a través de la Unidad de Atención a Víctimas, creada para la ocasión. De ahí han llegado a verificar 487 casos. El segundo dato viene de los abusos reconocidos y reportados por la propia Iglesia católica, a través de las oficinas creadas por las diócesis y las órdenes religiosas, a las que se dirigió Gabilondo para solicitar información. De ellas se derivan 1.430 casos, algunos de ellos coincidentes con los verificados por la Unidad de Víctimas.

Sin embargo, buena parte de los medios de comunicación difundían la cifra de 440.000 abusados por la Iglesia católica, muy lejos de las otras partes del informe y cerca de mil veces mayor que los 487 casos que la investigación de Gabilondo ha podido certificar de forma directa. Una cifra que no aparece en ningún momento en las 777 páginas del informe y que es fruto de la extrapolación a partir de la encuesta realizada por algunos medios -y asumida por políticos como Francina Armengol que opinaba sobre ella en X-, a pesar de que el propio Gabilondo insistió ante los medios de comunicación en la rueda de prensa que no se debía realizar esa operación matemática. «Nosotros no hemos extrapolado porque creemos que no hay que extrapolar», sentenció el Defensor del Pueblo a preguntas de este periódico.

Sin embargo, quienes esperaban el informe para atribuir a la Iglesia católica «cientos de miles de víctimas de abusos», no atendieron a las recomendaciones de Gabilondo y comenzaron a propagar una cifra que extraían de la extrapolación del 1,13% de españoles que, según la encuesta, dicen haber sido abusados «en el ámbito religioso», una descripción que incluye tanto a consagrados y personas laicas como hechos que «han tenido lugar en seno de confesiones distintas a la Iglesia católica», según reconoce el propio informe. De hecho, Gabilondo insistía en que el importante era otro dato de la encuesta, el 0,6% que afirmaba haber sido abusado por «un sacerdote o religioso católico», de cuya proyección -también errónea- se estimarían unos 230.000 casos.

«La encuesta está bien realizada, pero extrapolar esos números de esos porcentajes, no tiene ningún fundamento científico», explican a ABC fuentes cercanas a la investigación del Defensor del Pueblo. Una apreciación en la que incide Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, quien señaló en COPE que «no se puede extrapolar porque en una encuesta siembre hay un margen de error. Para una muestra amplia de 8.013 -como es la realizada-, el margen de error es, aproximadamente, del 1%». Por esa razón, al aplicar esa posibilidad de error- un 1% sobre el 0,6%- «te baja mucho la cifra o casi te la dobla», por lo que el número resultante podría estar muy lejos de la realidad.

Además, los expertos también señalan que entrar en esa infecunda «guerra de cifras» desvía de otras conclusiones que sí se pueden extraer, sin posibilidad de error, de la encuesta presentada por el Defensor del Pueblo. La primera, que el fenómeno de los abusos sexuales a menores es un grave problema para sociedad española, y no solo por los realizados en la Iglesia católica -donde según los datos están disminuyendo- sino a nivel general. Según el informe, frente a ese 0,6% abusados por el clero, el 11,7% de las personas entrevistadas «afirmaron que habían sido víctimas de abusos sexual en la infancia y la adolescencia», es decir, al menos uno de cada diez españoles.

De ellos, la mayor parte fueron abusados en el ámbito familiar (34,1 %), seguida de la vía pública (17,7 %), ámbito educativo no religioso (9,6 %), ámbito social no familiar (9,5 %), laboral (7,5 %), internet (7,3 %), ámbito educativo religioso (5,9 %), ámbito religioso (4,6 %), ocio (4 %), deportivo (3 %) y sanitario (2,6 %), entre otros.

En lo que respecta específicamente al ámbito religioso «la prevalencia es mayor según aumenta la edad de los informantes» según el informe. Así, en el «ámbito educativo religioso» la encuesta señala un 2 % de personas afectadas en el grupo de edad entre 18 y 29, mientras que el porcentaje asciende hasta el 11 % en los de 65 años o más. Intendencia que se repite en «ámbito religioso», lo que lleva al Defensor del Pueblo a concluir que «este resultado podría indicar que el fenómeno ha ido decreciendo».

«No es necesario exagerar la cifra para valorar la importancia del problema, al contrario, esta enorme disparidad puede sembrar dudas sobre la credibilidad del informe, cuando, en la práctica, es muy solvente», afirman fuentes cercanas a la investigación. «Lo que nos revela la encuesta, más allá de la situación en la Iglesia católica, es que en las casas de mucha gente y en los colegios están ocurriendo cosas muy graves y que los menores son cada vez más vulnerables», añaden las mismas fuentes. Por esa razón no entienden el optimismo del presidente en funciones, Pedro Sánchez, al conocer el informe. «Al contrario de lo que ha afirmado, la encuesta muestra que nuestro país es un poco peor, en el ámbito de los abusos sexuales a menores», sentencian.