Las familias catalanas buscarán amparo en la Unión Europea por el incumplimiento de las sentencias del catalán

El departamento recuerda a las escuelas e institutos que este verano el Govern aprobó un decreto ley (6/2022) y una ley de lenguas (8/2022) que «hace incompatible la aplicación de porcentajes lingüísticos» en los colegios. Con este nuevo arsenal legislativo, la Generalitat pretende sortear la sentencia del TSJC, de diciembre de 2020, que le obliga a aplicar de forma generalizada en todos los centros un 25 por ciento de español. Otro objetivo en paralelo es que los centros que por dictado judicial ya aplican desde hace años esa proporción de español en su currículo (27 de un total de los cerca de 5.000 que existen en Cataluña) dejen de hacerlo.

Los padres que tienen concedido más castellano por la vía judicial llevan meses angustiados por las amenazas del Govern, que ahora se confirman. En declaraciones a ABC, las familias aseguran que «harán lo que esté en sus manos para que no les arrebaten ese derecho concedido por los tribunales». Jordi López, uno de estos padres, se adelantó a la Generalitat y a mediados de junio envió una carta a las autoridades europeas en la que pedía amparo ante lo que hasta ahora era una declaración de intenciones. «No me voy a quedar de brazos cruzados, quería que la UE estuviera al caso de que una administración quiere arrebatarnos lo que nos han concedido los tribunales», afirma el padre.

No da crédito al anuncio del Govern. «Es muy grave que una comunidad autónoma de un estado miembro de la UE no cumpla con las resoluciones judiciales, igual de grave es que el gobierno de la nación mire a otro lado, dejando a numerosas familias catalanas desamparadas», advierte Jordi en su carta remitida el pasado 23 de junio al Parlamento europeo y consultada por este diario. En una respuesta del 14 de julio, Europa le confirma que «ha transmitido su petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo». Por el momento, el padre denunciante tiene un acuse de recibo por parte de las autoridades europeas pero hace un llamamiento a otros afectados para que sigan sus pasos.

Los dos hijos de López, escolarizados en El Prat de Llobregat (Barcelona) -uno en Educación Primaria u otro en Educación Secundaria- tienen el aval judicial para cursar una asignatura más en castellano. «Los derechos de mis hijos no se tocan, y menos una administración», asegura López en declaraciones a este diario y avanza que está dispuesto a litigar de nuevo en los tribunales para recuperar su 25 por ciento de castellano en caso de que la Generalitat se lo arrebate.

En agosto la Generalitat movió pieza y pidió ante el TSJC la retirada de las medidas cautelares en diez centros en base a la nueva ley que, según especificó ante el tribunal, fija que «las lenguas no se estudian en base a porcentajes sino a criterios pedagógicos». Fue un primer aviso para los padres que tenían sentencias firmes y medidas cautelares. Ayer se dibujó en palabras del consejero su peor escenario. «Hay diferentes situaciones: los que tienen medidas cautelares y los que tienen sentencia firme. Actuaremos para que en ningún caso hayan porcentajes de lengua», zanjó Cambray en la presentación del nuevo curso escolar.

La causa del 25 por ciento de clases en castellano está ahora mismo en manos del Tribunal Constitucional (TC) después de que el propio TSJC presentara el pasado mes de julio una cuestión de constitucionalidad sobre la nueva ley de lenguas aprobada por el Govern al alegar que es un «fraude de ley» e incumple al menos siete artículos de la Carta Magna. Sin embargo, el Govern considera que la normativa sigue vigente. «Es un éxito de país que ha demostrado que todos vamos en la misma dirección», dijo Cambray aludiendo al nuevo marco normativo y anunció que la intención de la Generalitat es «seguir avanzando en este objetivo».

El anuncio por parte del consejero fue contestado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que, según ha podido saber ABC, hará un envío masivo de cartas a todos los directores de centros educativos en Cataluña el próximo lunes advirtiéndoles de las posibles responsabilidades en caso de incumplimiento de resoluciones judiciales. Pese a que las órdenes del Govern son claras, la incertidumbre es total. En este sentido, la presidenta de la AEB, Ana Losada, apunta ABC que algunos padres a los que judicialmente se ha reconocido el derecho al 25% aseguran que las direcciones de sus centros no les han notificado que haya ningún cambios en el plan del lenguas, con lo que confían en mantener la asignatura adicional en español.

Desde la AEB, al respecto, se recordó que «las decisiones judiciales no pueden dejar de ser aplicadas de manera unilateral ni por la Consejería de Educación ni por los directores de los centros, estos últimos, responsables directos de su aplicación».

«Por ello, se exigirán todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla», anunció la entidad probilingüismo.

Al margen de los conflictos en materia de lengua, Educación logró ayer desactivar las movilizaciones previstas por los sindicatos educativos. Las centrales lo aceptaron tras arrancar del Govern la reducción de una hora lectiva en escuelas e institutos a partir del 1 de enero de 2023, lo que supondría dotar al sistema de 170 millones de euros para incorporar 3.500 profesores (1.500 maestros y 2.000 profesores).