El TSJC rechaza paralizar la orden de la Generalitat que busca expulsar el castellano de los colegios

A finales de julio, la asociación impugnó las instrucciones de la Generalitat y reclamó medidas cautelares para paralizarlas. Con el documento, titulado 'Proyecto educativo del centro. Curso 2022-2023', adelantado por este diario en su edición del 12 de junio de 2022, el departamento de Josep González-Cambray busca evitar el cumplimiento de la sentencia del TSJC de diciembre de 2020, que fija el 25 por ciento de español en todo el sistema. La aplicación de esta sentencia, en su fase de ejecución obligatoria, está a la espera de que el tribunal autonómico acuda al Tribunal Constitucional (TC) para que este valore la legalidad de la ley de lenguas oficiales en la enseñanza y el decreto ley que la regula. Ambas normas se aprobaron en el Parlamento catalán (con los votos a favor de ERC, Junts, los comunes y, para la ley, el PSC) con la intención de sortear la orden de la Justicia.

En las indicaciones, remitidas por la consejería a las direcciones de los centros, se establece que «la lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje», ya que es «la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».

En opinión de la AEB, dichas directrices vulneran los derechos fundamentales de educación y de no discriminación, según alegaron en su recurso. Ahora el alto tribunal rechaza paralizarlas al considerar que para adoptar cautelares es necesario que el solicitante acredite que no hacerlo causaría «perjuicios irreparables».

El escrito de la Sección 5ª, fechado el 26 de agosto, apunta que el objeto de las cautelares que solicita la AEB «coincide íntegramente» con el que interpuso en su recurso contra las instrucciones lingüísticas, «de manera que su adopción adelantaría prácticamente la estimación íntegra del recurso». Es decir, la Sala reprocha a la asociación que pretende «avanzar el dictado de una resolución favorable».

En una pieza separada, consultada por este diario, el Ministerio Fiscal rechaza igualmente la implantación de las medidas cautelares al entender que el objeto de fondo del recurso, que subyace también en las medidas cautelares, -si el marco normativo en el que se enmarcan las instrucciones presenta aspectos inconstitucionales- "desborda el ámbito de un procedimiento contencioso-administrativo" y "deberían ser planteados en el pertinente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional".

Ana Losada, presidenta de la AEB, anuncia en declaraciones a este diario que recurrirán la resolución. Entiende que las instrucciones "atentan directamente contra la vehicularidad del castellano", al no prever que se imparta ni una sola materia en esta lengua, y "no se ciñen ni a la sentencia de diciembre de 2020 ni al marco normativo aprobado por el Govern para esquivarla".

Mañana concluye el plazo para que la Abogacía del Estado presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y el decreto aprobado por la Generalitat, sobre los que debe pronunciarse el TC. "No lo hará", señala Losada y advierte de que la postura de la Abogacía del Estado en este proceso "se adapta a los planes de la Generalitat".