El Consejo de Estado le reprocha al Gobierno su reforma universitaria y alerta de choques con las autonomías y Europa

El Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, ha recibido numerosas alegaciones al texto por parte de, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o las universidades privadas. También ha sido cuestionado no sólo por las comunidades gestionadas por el PP, sino por el País Vasco, donde el PSOE gobierna en coalición con el PNV. Esta última crítica habría sido solventada con una concesión para aquellas comunidades con lengua cooficial, que tendrán algunas ventajas respecto del resto.

Sobre el papel, el decreto se ha vendido como un garante de la calidad universitaria (tanto pública como privada), pero a nadie se le escapa que en la práctica va dirigido a la segunda, a la que impondrá varios requisitos que dificultan su apertura y no siempre justificados, según se puede desprender del dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso a ABC. La norma pondrá coto sólo a los campus privados, puesto que la última universidad pública que se abrió fue en 1998. Además, el propio Pedro Sánchez, al hablar de «chiringuitos educativos» dejó claro cuál era el blanco de este real decreto.

El tono empleado por el presidente y por varios de sus ministros fue polémico y ampliamente censurado, teniendo en cuenta, además, que él mismo y un elevado porcentaje de los miembros de su Gobierno se educaron en centros de titularidad privada. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a decir que la universidad privada supone una «amenaza» para la clase trabajadora.

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Pero, ahora, las críticas vienen del Consejo de Estado. Uno de los puntos más polémicos es el carácter vinculante que el real decreto otorga a los informes de las agencias de evaluación de calidad, tanto la estatal Aneca como las autonómicas. Según el borrador, una comunidad no podría autorizar la creación de una universidad si recibe un informe negativo. El Consejo de Estado advierte de que esa previsión supone una «mutación de la competencia» autonómica. Es decir, que la comunidad deja de decidir realmente, porque su margen queda anulado por un dictamen técnico. La recomendación del máximo órgano consultivo del Gobierno es clara: mantener los informes como preceptivos —es decir, obligatorios de solicitar—, pero no como vinculantes. De lo contrario, se abre la puerta a recursos contencioso-administrativos de comunidades autónomas o incluso a cuestiones de inconstitucionalidad.

Otro de los puntos de fricción se refiere a las universidades con un perfil mayoritariamente virtual. El decreto establece que aquellas cuya oferta supere el 80% de créditos a distancia serán competencia exclusiva del Estado. Para que el Estado asuma la competencia, explica el dictamen, sería necesario demostrar que la actividad es auténticamente supraautonómica. De lo contrario, se corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional anule la norma por invasión competencial.

Un problema similar se detecta en el tratamiento del informe de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano que agrupa al ministerio y a las consejerías autonómicas. El proyecto de decreto exige que su dictamen sea favorable para que una comunidad autorice una nueva universidad.

El Consejo de Estado considera que esta previsión incurre en el mismo vicio: convierte una opinión colegiada en un veto estatal sobre una competencia autonómica. Tampoco aquí la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) ofrece cobertura legal suficiente. Para evitar riesgos, propone rebajar el informe a preceptivo, pero no vinculante.

El real decreto también fija un requisito mínimo de 4.500 alumnos para que una universidad sea viable. El Consejo de Estado no rechaza la medida, sin embargo, organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han criticado que un umbral tan elevado puede limitar la entrada de operadores especializados o de ámbito local, restringiendo la competencia. Si un juez considera que la cifra es arbitraria, podría tumbar la previsión por desproporcionada.

Por otra parte, el riesgo más claro de fricción con la Unión Europea es la exigencia de que al menos el 75 % del profesorado de las universidades virtuales resida en España o en otro país de la UE. La CNMC y el Ministerio de Trabajo advierten, como recoge el dictamen del Consejo de Estado, de que esta obligación puede vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios. El Ministerio de Economía, por su parte, incide en que el mero hecho de residir en España no garantiza calidad académica, y la restricción carece de justificación objetiva. Si se mantiene, es previsible que termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El borrador incluye, además, condiciones como la obligación de contar con experiencia previa en gestión universitaria o disponer de plazas de alojamiento para el 10% de los estudiantes. La CNMC considera que estas exigencias carecen de relación directa con la calidad académica y podrían actuar como barreras de entrada. El Consejo de Estado dice en su dictamen que la solución de vivienda debería exigirse sólo a aquellos estudiantes que no sean residentes. Además, señala que en la LOSU es dudoso, puesto que en la mencionada ley no se alude a ninguna previsión de alojamiento.

Más allá del fondo, el Consejo de Estado censura la tramitación formal del decreto. La memoria que acompaña al texto no cuantifica adecuadamente el impacto presupuestario ni las cargas administrativas. El Ministerio para la Transformación Digital llegó incluso a denegar su aprobación previa por este motivo. El dictamen considera insuficiente la estimación de costes —unos 5.500 euros anuales por universidad—. Estos defectos procedimentales pueden ser suficientes para que un tribunal anule la norma por falta de motivación. Otro reproche es la técnica utilizada. En lugar de redactar un nuevo real decreto, el Gobierno ha optado por modificar casi en su totalidad el vigente RD 640/2021. Para el Consejo de Estado, esta opción incrementa la complejidad normativa y genera inseguridad jurídica, lo que puede provocar interpretaciones contradictorias. Además, el máximo órgano consultivo del Gobierno afea al Ministerio de Morant la falta de concreción al aludir al beneficio de la norma sobre las familias.

En definitiva, el aviso es nítido: el Gobierno debe repensar el decreto si no quiere que el intento de ordenar el mapa universitario y garantizar la calidad académica del mismo desemboque en nuevos choques con las comunidades autónomas y con la Unión Europea.