Sánchez se pliega ante el PNV para aprobar el decreto contra la universidad privada

Tras varias semanas de negociaciones, el Ministerio que dirige Diana Morant ha terminado plegándose a algunas de las exigencias de los vascos, adaptándose a una casuística de las comunidades autónomas en las que existe una lengua cooficial. De hecho, esta concesión, además de al País Vasco, también beneficiará a las comunidades de Cataluña, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra. El acuerdo ha flexibilizado algunas exigencias que sí que tendrán que cumplir las demás autonomías: las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online serán de competencia estatal, exceptuando aquellas que cumplan uno de estos tres requisitos: las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma (como la Universidad Oberta de Cataluña); las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua. Por último, las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

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Además, el decreto obligará a obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2% del presupuesto anual de la universidad

Además, se ha acordado que, en el desarrollo del proceso de evaluación de las propuestas de creación de nuevas universidades y de reconocimiento de las universidades ya existentes, las agencias de calidad de las comunidades autónomas podrán incorporar sellos de calidad como parte de los criterios establecidos en el proyecto de modificación del Real Decreto 640/2021 (artículo 4.3) en el ejercicio de sus competencias y de su autonomía. El PNV había enmendando al Ministerio proponiendo una especie de semáforo de calidad, que ahora quedará incluido en el texto final del decreto. Lo que han llamado, «sellos de calidad».

Así mismo, ambas administraciones han acordado, en el marco de reforzamiento de los criterios de calidad del Real Decreto y de la necesidad de adaptarse a las nuevas necesidades de la globalización e internacionalización del conocimiento, una previsión específica relativa a la posibilidad de constituir centros que se asocien a una universidad con la denominación de Centro de Altos Estudios, en la línea con el proyecto del Gobierno Vasco de promover centros de estudios avanzados. Estas propuestas serán recogidas en la propuesta de Real Decreto y de aplicación en todo el Estado.

Entre los motivos del rechazo por parte del PNV se señalaron, en primer lugar, aspectos formales, como la tramitación del proyecto de reforma por la vía de urgencia sin justificar debidamente tal procedimiento en un asunto de gran calado. En segundo lugar, se criticaron aspectos competenciales, ya que el proyecto invadía, dijeron, atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas, dado que contraviene el reparto constitucional de competencias y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y, finalmente, cuestionaban la oportunidad del proyecto por «generar un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema, afectando de forma negativa a la diversidad y calidad del panorama universitario». Parece que las concesiones les han hecho cambiar de opinión.