Sánchez podrá vetar las fusiones entre universidades privadas

Sin embargo, como ha podido saber ABC, hay un último punto del borrador del texto que habría pasado desapercibido y por el que el Gobierno crea un mecanismo para 'vetar' las fusiones entre universidades privadas cuya sede social se encuentre en diferentes comunidades autónomas. En los últimos años, este sector no ha parado de crecer y en 2023, según datos del Observatorio Sectorial DBK, alcanzó la cifra de negocio de 3.700 millones de euros. «Todas las industrias que funcionan pasan por una fase en la que entran los fondos de inversión. Después, el mercado se consolida y los inversores terminan saliendo», introduce Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en ICADE y consultor corporativo independiente. A sus ojos, esta reforma del Gobierno puede ser «muy contraproducente» porque cuando entre en vigor el decreto interrumpirá y entorpecerá el proceso de consolidación de este mercado: «Torpedear estos movimientos corporativos es una injerencia y un frenazo que puede provocar la retirada de fondos», augura Ramiro.

Fue a partir de 2017 cuando los fondos de inversión entraron en el negocio de la universidad privada. CVC, accionista de Naturgy entre otros, adquirió el 70% de la Universidad Alfonso X El Sabio, aunque ahora este fondo ya está explorando la venta de la mencionada institución. Ilerna compró en mayo la universidad online Isabel I.Permira (que fue accionista de eDreams) adquirió hace años la Universidad Europea de Madrid, que desde el año pasado es propiedad al 60% del fondo sueco EQT. Universidades como esta última, la Europea, se han lanzado a la apertura de nuevos campus en distintas comunidades autónomas por el deseo de expansión de estos fondos de inversión y, así, hoy está presente en Madrid, Valencia, Alicante y Málaga. Pero también existe el caso de grupos como la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que cuenta con universidades en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía.

Si el decreto sale adelante, todas estas operaciones corporativas podrían resentirse. En concreto, el borrador elaborado por el Ministerio de Universidades dice lo siguiente: «La creación, adquisición y posterior adscripción de facultades, escuelas y centros ya existentes de una universidad ubicada en una comunidad autónoma diferente de la que se sitúa la sede social de la universidad adquiriente a la que se adscribirá, requerirá la aprobación de los órganos competentes de dichas comunidades, previa obtención de un informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria».

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Esa última parte es la verdaderamente relevante. La Conferencia General de Política Universitaria, que es la que tendrá que dar luz verde a estas operaciones, está presidida por la ministra de Universidades, Diana Morant, y formada por los responsables de este área de las comunidades autónomas. «En la práctica es el ministerio el que lo controla y decide», aseguran fuentes que han formado parte de este órgano. En cualquier caso, expertos en legislación educativa reconocen a ABC que en España existe un problema con la extraterritorialidad de las universidades, que está sin definir. «El borrador llama la atención sobre este problema, pero lo resuelve de mala manera, porque lo que se hace es ponerle trabas a una operación económica. Este Ejecutivo está obsesionado con que la educación no pueda tener ánimo de lucro, pero el ánimo de lucro no es sinónimo de mala calidad. El planteamiento es absurdo».

Esa voluntad de ponerle coto a la entrada de fondos de inversión en la universidad privada está justificada en la exposición de motivos del decreto: «En el panorama español hay centros creados por iniciativas empresariales locales [...] y otros promovidos por fondos de inversión internacionales». Y continúa: «Esa complejidad se acrecienta por el hecho de que algunas universidades se expansionen en otras comunidades distintas de donde tienen su sede social». Para los redactores del decreto, habría una «complejidad» en el panorama universitario nacional que requeriría de regulación por parte del Estado.

Y, además, la requeriría de forma urgente. En el sector tampoco han entendido la vía de urgencia por la que se pretende aprobar este real decreto que, por cierto, estaba previsto que saliera adelante en mayo o en junio. «La reforma se ha argumentado en la mejora de la calidad académica, pero hablar de calidad es ambiguo. La voluntad política está muy presente, porque desde el Gobierno saben que el movimiento de este mercado está en las comunidades autónomas de signo político contrario», recuerda Ramiro. De hecho, cuando el presidente hizo su anuncio criticó duramente a los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la Junta de Andalucía por, a su juicio, ahogar sin inversiones a la universidad pública.

La norma aún por aprobar del Gobierno ha sufrido algunos cambios de última hora para contar con la validación de sus socios. Hace semanas, el ministerio que dirige Diana Morant se plegó a las exigencias del PNV y accedió a que las universidades online de las autonomías con lengua cooficial sean las únicas que no dependan del Estado. Días después, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) criticó los requisitos «injustificados y discriminatorios» del texto.