La ley de Universidades se aprueba de forma definitiva en el Congreso con 150 enmiendas de los nacionalistas catalanes

A la salida del Pleno e inmediatamente después de la aprobación de la norma, Subirats, sonriente, agradeció las felicitaciones por la aprobación de la norma y dijo que «es importante esta ley después de 22 años de la anterior, se trata de la tercera gran ley de la democracia». Agregó que «en este momento se está enfocando el sistema universitario hacia su europeización e internacionalización y era importante garantizar elementos básicos: hemos conseguido el compromiso del 1% del PIB dedicado al sistema universitario».

Preguntado por ABC por las críticas de gran parte de los grupos parlamentarios sobre la pérdida de neutralidad de los campus con el polémico añadido introducido por ERC y Bildu que señala que los claustros podrán tratar «temas de especial trascendencia», el ministro respondió que «si algo garantiza el que la universidad sea plural es esa libertad de pensamiento crítico; es distinto debatir temas de trascendencia política que el claustro se posicione políticamente».

El texto salió adelante en el Senado y en la Cámara Alta se introdujeron algunos cambios (enmiendas) que obligaron a hacer volver el anteproyecto al Congreso, donde hoy están siendo ratificadas estas enmiendas y donde se votará la ley en su conjunto convirtiéndola en ley orgánica.

La norma llegó este jueves al Congreso con mucha polémica sobre todo porque en el Senado no se pudo evitar, pese a que se presentaron enmiendas para ello (del PP, UPN y Cs) la ideologización de los campus. Estos cambios no prosperaron y la ley salió adelante con el mencionado artículo que consagra que se podrán debatir temas de «especial trascendencia» en los claustros.

Esta vez, Subirats sí acudió puntual al debate de su ley (en el Senado apareció dos horas más tarde) dijo que su ley le «enorgullece» porque «cree» que «permiten a las universidades seguir manteniendo una función esencial: son y seguirán siendo pilares fundamentales para preservar el pluralismo ideológico, para la generación de conocimiento crítico, para la preparación humana y profesional de los jóvenes, para el desarrollo de la investigación y de la innovación y para su transferencia a la sociedad».

Marta Rosique, de ERC, se congratuló de que su grupo introdujera más de 150 enmiendas con solo 13 diputados y con 14 senadores. Y enumeró los logros de su grupo parlamentario: promover un Erasmus en catalán, garantizar el paro académico, conocer la lengua de impartición de la materia en los planes de estudio o el derecho a compatibilizar estudios con asociacionismo estudiantil, enumeró.

Y continuó: «Conseguimos la equiparación de los derechos y deberes de los laborales con los funcionarios, algo que era una injusticia», y recordó que con la nueva ley esta figura (los laborales) pueden ser rectores. Esta ha sido una de las grandes conquistas del grupo republicano teniendo en cuenta que es la primera vez que un laboral puede acceder al máximo escalón universitario y que, además, el personal laboral es la figura mayoritaria en Cataluña.

Además hizo alarde de cómo se han logrado más garantías para las universidades públicas catalanas, al garantizar una financiación vinculada a la lengua catalana y que se puedan debatir temas de actualidad, en alusión al fin de la neutralidad de los campus. «Lo mismo que hoy estamos haciendo aquí, lo mismo que pueden y deben hacer los ciudadanos en la calle y en la universidad, una institución que debe velar por los valores democráticos», insistió.

«Conseguimos garantizar que no puedan crearse universidades privadas ad hoc de una sola rama y garantizar la calidad de las privadas; garantías para el modelo catalán; que la Aneca desarrolle convenios de reconocimiento con la ACO, garantizar que sea inevitable que el modelo laboral catalán que se acabe desarrollando; garantizar el modelo de selección catalán; garantizar las competencias de las universidades y de las autonomías, incluso aumentándolas en algunos casos, como en los precios públicos; garantizar el modelo de unidades de igualdad y no discriminación catalán; las denominaciones propias del modelo catalán; la viabilidad de los centros de investigación catalanes y que puedan desarrollarse universidades específicas como el Campus de les Arts».

Pese a todas la concesiones que el Gobierno ha hecho con la Ley de Universidades, ERC dejó claro que esta no esta no es su ley, «ni lo será nunca aunque sea perfecta porque nuestra ley es la catalana, y porque en la raíz de este Estado hay un modelo de centralización profundo que nos ha impedido acabar con la mayoría de funcionariado».

El diputado del Grupo Mixto, Carlos García Adanero señaló, por su parte, que esta ley «es una oportunidad perdida y que volvemos al sectarismo y al debate corto con leyes como esta que no han satisfecho a nadie». El diputado insistió en que con esta norma «aparece el sectarismo» y que «es evidente que no se busca la libertad de expresión sino de solo de aquellos que interesan al Gobierno».

Adanero recordó cómo la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense puso trabas a un acto por las víctimas de ETA. A las asociaciones Sh'a Acabat y Libertad sin Ira les dijeron que no se podía celebrar nada si se criticaba al Ejecutivo. «No puede ser que se permita un acto en función de si va a criticar al Gobierno o no y pasó en Madrid y también ayer en Cataluña, donde los estudiantes no pudieron acudir porque se les impidió entrar y a usted eso le parece bien», le recriminó a Subirats.

Josune Gorozpe Lezcano, del Grupo Parlamentario Vasco, hizo una valoración positiva de la ley. «No es nuestra ley pero no impide el desarrollo de los diferentes sistemas universitarios, que era lo que pedimos pero es importante que las comunidades conectadas con otras regiones europeas a través de las eurorregiones vean reforzadas sus competencias en la cooperación transfronteriza», señaló en alusión a una enmienda de Junts aprobada en el Senado.

«También es importante que se promocionen las lenguas oficiales de los territorios, no solo limitándose a la promoción sino que también se refuerza la difusión y el aprendizaje en el ámbito de la transmisión académica; además, las agencias de evaluación de las comunidades avanzan hacia agencias europeas con competencias plenas; se avanza y se apalancan las competencias autonómicas en ámbitos importantes como la posibilidad de tener programas de becas propias o la posibilidad de establecer los precios máximos», apuntó Gorozpe en un discurso muy similar al de ERC.

María Jesús Moro, del PP, interpeló a Rosique: «¿800 años no son nada en la universidad española? ¿Qué hemos hecho sin usted?», ironizó. Moro recordó que su partido pidió que no se rompiera «el sistema de acreditación de la Aneca, sobre todo en lo que respecta a los funcionarios; no es solo la opinión del PP, sino también la directora saliente de la Aneca, ¿quizás por eso no la han renovado?», ironizó frente a la salida de Mercedes Siles que fue reemplazada por Pilar Paneque al frente de la agencia de acreditación, tal y como avanzó ABC.

«Esta mañana hemos tenido claro para quién está hecha esta ley, la agenda de la norma parece marcada por la ideología, no por las ideas y esto no es trivial porque debe dejarse de lado el partidismo, han atacado el principio de neutralidad institucional», lamentó Moro.

Juan Ignacio López-Bas Valero de Cs, dijo que las enmiendas con las que llegan del Senado son «parches» que «no solucionan el problema de conjunto». «Hemos perdido mucho tiempo, agradezco el diálogo pero las posiciones son encontradas y no llegamos al acuerdo que creíamos necesario. No hemos conseguido una universidad libre y tampoco hemos sabido estar a la altura del talento de docentes e investigadores ni del que esperamos de los alumnos en el futuro«. Como Adanero, criticó el artículo sobre el debate de temas de especial trascendencia: «Lo han hecho por interés partidista y sin pensar en lo que España requiere».

Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, dijo que no renunciarán a tener una universidad más feminista y con migrantes y agregó que «lo que rompe a la sociedad no es la conquista de derechos si no las políticas privatizadoras de Vox y el PP».

Pedro Fernández Hernández, de Vox, denunció que con esta ley, «la izquierda ha puesto el punto de mira en la universidad, no ha dejado sector social ni económico al que atacar, la izquierda se ha convertido hoy en una izquierda caricatura», criticó.

Roberto García Moris, del PSOE, destacó que la norma «evita el uso inadecuado de las figuras docentes como los asociados o los visitantes prácticas que se usaron en las universidades por las políticas «austericidas» del PP. Los socialistas podemos sentirnos orgullosos de la política universitaria pero el PP, no y en Madrid tienen el mejor ejemplo: 13 de las 41 universidades privadas de toda España, un tercio de todas ellas han sido abiertas en los últimos tres años por Ayuso; ese es el modelo de Ayuso que Moreno Bonilla está desplegando en Andalucía».