Belarra riega con 100 millones a doce entidades 'a dedo', sin audiencia pública y con el Gobierno en funciones

Mientras tanto, la ministra ha puesto sobre la mesa un proyecto de real decreto que previsiblemente se aprobará este lunes en Consejo de Ministros con el que regará con 100 millones de euros (en concreto, 97,04 millones) a doce entidades del llamado tercer sector para la implementación de actividades de capacitación en competencias digitales para la infancia, la adolescencia y la juventud vulnerable en el marco los fondos europeos para la recuperación. Se prevé que con este real decreto se consiga la formación en competencias digitales de 418.761 niños, adolescentes y personas jóvenes.

Belarra otorgará esta enorme subvención con un gobierno que está en funciones, de forma directa, es decir, 'a dedo' y sin hacer los trámites de consulta, audiencia e información pública.

Aunque lo ha justificado, estas formas de proceder están plagadas de controversia, avisan fuentes jurídicas. En primer lugar, el problema de conceder 100 millones de euros en funciones es que la ley del Gobierno señala en su artículo 21 que un ejecutivo que está en estas condiciones, es decir, en funciones, debe limitar su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos». Pero la ministra se ha 'acogido' a la coletilla del mencionado artículo que señala que sí puede tomar otras medidas en casos de «urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».

Por eso, la memoria que acompaña al proyecto de real decreto al que ha tenido acceso este periódico intenta justificar tanto la urgencia como el interés general. Así, dice que «la paralización del presente real decreto supondría la imposibilidad de conceder las subvenciones previstas a lo largo de 2023, lo que retrasaría sobremanera el comienzo de las actuaciones a subvencionar por el presente real decreto».

Por si esto fuera poco, Belarra señala que el umbral de horas para la formación de los niños y adolescentes que marca el real decreto es de 30 horas y que «esta cantidad de horas de formación se debe distribuir de forma adecuada en el calendario para evitar un efecto de saturación en los niños/as, lo que podría provocar su abandono del programa».

La posible saturación de los niños y adolescentes, sumado a que este colectivo vulnerable «resulta especialmente complejo de captar para la participación en un programa formativo» es la justificación de urgencia que Belarra usa para regar con 100 millones a doce asociaciones estando en funciones: «Teniendo en cuenta el número de horas mínimas de formación, el gran número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables que se debe atender y a que dicha formación debe impartirse en períodos y horarios no lectivos (lo que reduce de manera importante el período de tiempo disponible), debe concluirse que concurren tanto la urgencia, puesto que se necesita un gran período de tiempo para lograr los objetivos comprometidos, como las razones de interés general, toda vez que el incumplimiento de tales objetivos conllevaría la devolución proporcional de los fondos europeos asignados a la realización de estas acciones».

Respecto a la devolución de los fondos que usan como razón de interés general para aprobar el decreto en funciones, fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que «en primer lugar, los plazos de los fondos se pactan previamente con Europa, esta no los impone a priori. La ministra tiene dos opciones: negociar un nuevo plazo de ejecución que se puede hacer; o convocar las ayudas en el mes de febrero y adjudicarlas en el mes de noviembre previa valoración de los proyectos que presenten las entidades. Europa pide 'el compromiso', o sea que se hayan adjudicado las ayudas, no que las entidades se hayan gastado ya el dinero. Lo que no tiene justificación alguna es que después de diez meses sin hacer nada, en el mes número once, en noviembre, adjudiquen las ayudas directamente y sin concurrencia competitiva y aleguen que no se ha tenido tiempo de ejecutar, cuando han tenido todo el año para ello».

La otra maniobra que hace Belarra es optar por la concesión directa, es decir, sin concurrencia competitiva o 'a dedo'. Esto significa que ninguna entidad se puede presentar para obtener la subvención porque las cantidades ya están repartidas entre las entidades que ha elegido la ministra. También hay otra ley que impide el otorgamiento 'a dedo', en este caso, la de subvenciones pero al igual que la antes mencionada ley de Gobierno, la norma tiene una 'coletilla' que también usa la ministra. La ley dice que podrán concederse con carácter excepcional subvenciones de forma directa cuando «se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

Para Belarra la razón de interés público es «la importante brecha digital, agravada por la Covid-19, que afecta especialmente a aquellos colectivos identificados como prioritarios para la formación (niños/as en situación de pobreza, tutelados por las AAPP, con discapacidad, etc.)». La memoria del proyecto dice que se valoraron otras alternativas como la concurrencia competitiva pero se descartó por «razones de eficacia» ya que un «análisis realizado desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 revela que actualmente hay un escaso número de entidades del Tercer Sector que puedan llevar a cabo una formación de este tipo».

Son pocas las capaces, según el equipo de Belarra, de «llegar a los colectivos identificados como vulnerables, unos colectivos que por su propia naturaleza resultan especialmente complejos de localizar y convencer para su participación en este tipo de proyectos». Asimismo, continúa el equipo de Belarra, «las entidades que ejecuten este proyecto deben tener la infraestructura y capacidad técnica suficiente para proporcionar una formación especializada a un número suficientemente amplio de alumnos, que permitan cumplir con los objetivos establecidos por la Unión Europea. Todo ello, manteniendo además una estructura de costes unitaria –230 euros por alumno– que, de acuerdo a la metodología acordada, permita alcanzar dichos objetivos con los fondos concedidos, sin multiplicar su coste».

La otra opción valorada fue la distribución territorial de la ayuda entre las comunidades. Sin embargo, dicen que han sido las propias autonomías las que han transmitido «que se encuentran ya al límite de su capacidad de gestión para ejecutar estos fondos con las condiciones establecidas. Asimismo, razones de oportunidad aconsejan recurrir a otras entidades ejecutoras, que puedan tener mayor capacidad de penetración en las zonas de mayor vulnerabilidad, que constituyen un objetivo prioritario de las actuaciones». El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 decidió también no hacer ningún tipo de trámite de consulta, audiencia e información pública. Por tercera vez se acogen a la 'coletilla' de una ley.

En esta ocasión citan nuevamente la ley del Gobierno que señala que cuando se elaboren normas con rango de ley o reglamentos hay que llevar a cabo el trámite de consulta pública salvo excepciones. Algunas de ellas son las que usa el equipo de la ministra Belarra para evitar que el proyecto sea conocido por la ciudadanía: «Por lo que respecta al trámite de consulta pública previa a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, no se ha realizado porque la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y no regula aspectos parciales de una materia», señala la ya citada memoria.

Además, añaden que «se han observado razones de interés público que han aconsejado la no realización del trámite de información pública, motivadas por la dificultad de convocar y adjudicar públicamente las subvenciones. Esto se debe, fundamentalmente, a la magnitud de los proyectos a desarrollar, que solamente están al alcance de unas pocas entidades del Tercer Sector de Acción Social».

«Lo que viene a decir el Gobierno es que no hay trámite de información pública porque, en su opinión, no tiene sentido la concurrencia competitiva. En primer lugar, argumentan que no hay «mercado» suficiente de entidades que puedan concurrir (esto no lo sabe el Gobierno con certeza, pero lo afirma, sin aportar un solo dato); en segundo lugar, como supuestamente no hay suficiente número de entidades, ya se encarga el Gobierno de elegir las que están en condiciones de ejecutar los fondos europeos, algo que no se compadece con la Ley General de Subvenciones. En tercer lugar, el Ejecutivo no saca el decreto a información pública porque no quiere opiniones en contra de la adjudicación a dedo», analizan fuentes jurídicas.