Alegría paga otro favor a Junts en las Escuelas Europeas: «Queremos más profesores, pero no de catalán»

La petición del Ejecutivo recoge que el Ministerio de Educación «está dispuesto a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado esta petición, que se debatirá durante el día de hoy y mañana en Bruselas y que no incluye el gallego o el euskera, a la Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas.

El reconocimiento del catalán como una lengua oficial de la Unión Europea es uno de los compromisos asumidos por el PSOE con Junts en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propuesta de que esta lengua autonómica se estudie como una asignatura optativa el próximo curso 2025-2026 en la red de Escuelas Europeas se interpreta como un «movimiento claro» del gobierno socialista para acercar posiciones con el partido de Carles Puigdemont en un momento álgido en las negociaciones, con el traspaso de las competencias en materia de inmigración de fondo.

Así lo interpretan fuentes comunitarias consultadas por este diario, que denuncian la falta de solidez jurídica de la propuesta del Ministerio. «Jurídicamente se plantea algo manipulado, que no es real porque el catalán no es la lengua oficial del Estado, tal como figura en el texto impulsado desde el Ministerio, sino que es una lengua regional», aclaran las citadas fuentes. Consideran, asimismo, que el planteamiento del Gobierno «va en contra de los principios de la UE, que establecen el respeto a la diversidad lingüística pero bajo el Estado de Derecho, es decir, sin que se discrimine a ninguna otra lengua». En este sentido, las fuentes europeas recuerdan que «el artículo 3 de la Constitución española otorga el estatus oficial a varios idiomas en España, además del español». «¿Por qué solo al catalán? Está claro que es una estrategia totalmente política por parte del Gobierno español para acercarse a Junts», precisan.

Aunque esta petición se puede leer como un pago de favores del Gobierno a sus socios de Junts, fuentes del ministerio que dirige Pilar Alegría justifican a ABC que el hecho de que se haya escogido el catalán y olvidado al gallego y al euskera tiene que ver con «la importante presencia en administraciones, educación o vida cultural de una lengua que cuenta con más de 10 millones de hablantes».

Además, Educación refiere que la incorporación del catalán como optativa para estudiantes españoles en Escuelas Europeas es sólo «un primer paso», entendiéndose que luego podría venir la incorporación en las Escuelas Europeas del gallego o del euskera. Sin embargo, en la petición presentada ayer por el equipo de Pilar Alegría, no hay ni rastro de estas dos lenguas cooficiales.

Para el Gobierno español, la incorporación de otros idiomas (aunque en la petición sólo se plantea la inclusión del catalán) en el currículo de las Escuelas Europeas «contribuiría a enriquecer el sistema». También, según asegura el Ejecutivo, «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen». Justo en este punto, el texto presentado ayer por el Ministerio y alq ue ha tenido acceso ABC podría incurrir en una ambigüedad problemática pues se puede entender que ese «país de origen» al que volver es Cataluña. No se menciona en el texto la comunidad autónoma, sino el país.

Al margen ya de esa literalidad, a la reunión en la que se debatirá esta petición asistirán mañana representantes de los Ministerios de Educación de los Estados miembros, del equipo directivo de las Escuelas Europeas, de las asociaciones de padres de estos centros con representación española, y también un portavoz de la Comisión Europea.

El inspector Garralón Barba será el encargado de presentarla ante la Comisión y si ésta sale refrendada –si no registra 22 votos en contra– seguirá tramitándose hasta que en abril se vote en el seno de la Comisión Europea Board of Governors, donde se sabrá definitivamente si se aprueba, lo que supondría «un importante paso hacia adelante para que el catalán sea lengua oficial en las instituciones europeas».

El texto elevado por el Ministerio, consultado por ABC, propone que se imparta esta asignatura optativa entre el alumnado que la escoja con 90 minutos semanales en las etapas de Educación Infantil, Primaria y hasta tercero de Secundaria. A partir de cuarto curso de Secundaria propone cuatro clases semanales.

Portavoces próximos a las asociaciones de padres de las Escuelas Europeas, ven la llegada de esta nueva asignatura como «una iniciativa política sin base pedagógica». «Llevamos mucho tiempo reclamando más profesores para otras asignaturas optativas y también más especialistas para niños con necesidades educativas especiales sin conseguir nada; ahora plantean, sin embargo, barra libre de profesores para impartir catalán», denuncian en declaraciones a este diario.

«En Europa hay 33 lenguas ampliamente habladas, aunque solo tienen consideración de ONL el galéico (Irlanda), el maltés (Malta) y el sueco para los ciudadanos de Finlandia, donde es lengua oficial. No se entiende que se piense ahora en elevar a ONL a una lengua regional».

En cuanto al impacto presupuestario y la implementación de esta medida, detalla que «serían necesarios pocos espacios adicionales, ya que se podrían utilizar las aulas habituales para este propósito».

Sin embargo, en el documento se concluye que «este es un plan de estudios común que sólo necesitaría traducción al catalán, por lo que está listo para aplicarse. La implementación sería gradual a partir del año escolar 2025-2026».

Los países más reticentes al cambio del reglamento reclaman antes de volver a abordar este asunto que se pongan sobre la mesa un análisis jurídico sobre la eventual inclusión de lenguas regionales, así como evaluaciones de impacto sobre su coste y su aplicación práctica, aunque por el momento la tarea no está asignada a ningún grupo de trabajo en el Consejo.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, gallego y euskera en los plenos de la Eurocámara, siguiendo el ejemplo de otros acuerdos administrativos que España ya tiene con otras instituciones comunitarias como la Comisión Europea o el Comité de las Regiones de la UE. En este caso, un grupo de trabajo de la Mesa está analizando la petición por encargo de Metsola, aunque no hay un calendario establecido para concluir el proceso.