El Vaticano ha recibido 220 denuncias a sacerdotes españoles por abusos sexuales desde 2001

De los 220 procedimientos canónicos abiertos en la Congregación para la Docrtrina de la Fe, 144 corresponden al clero secular y los otros 76 al clero regular, es decir, a sacerdotes religiosos . Según explicó el portavoz de los obispos, 151 han sido resueltos, mientras que otros 69 expedientes permanecen todavía abiertos. Con esta información, los obispos quisieron poner en contexto este viernes la dimensión de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia en España, ya que el último informe de la Fiscalía General señalaba que en los últimos 20 años se han producido 220.000 denuncias en todos los ámbitos.

«Hemos caminado despacio e incluso en el pasado hemos mirado para otro lado, pero no nos cabe duda de que la Iglesia en España le puede decir a la sociedad de que tenemos un problema, pero lo tenemos todos», afirmó el portavoz, quien insistió una y otra vez en la firme decisión de la Iglesia de «colaborar en todo con la Justicia» para acabar con esta lacra.

El secretario general recordó que todas las diócesis españolas han creado en el último año oficinas para denunciar los casos de abusos sexuales y en algunas de ellas para atender también a las víctimas. Además se ha puesto en marcha una comisión en la propia Conferencia Episcopal para dar apoyo a esos centros y para poder informar a la opinión pública de la labor que realizan.

Sin embargo, los desencuentros entre la Iglesia y el Gobierno de coalición no han sido desde el inicio de la legislatura solo a cuenta de los abusos sexuales. La agenda legislativa de PSOE y Podemos también se ha convertido en una causa de desacuerdos. «Nos gustaría poder hablar más sobre las distintas iniciativas legislativas porque la relación sobre asuntos de interés menor como la reforma fiscal o los bienes inmatriculados es adecuada pero es preocupante y discordante en materia legislativa», aseveró monseñor Argüello.

Para los obispos, tanto la ley de eutanasia, como la nueva ley educativa, la ley trans, la reforma del aborto o la de protección de la infancia muestran «una visión antropológica preocupante», además de «restar importancia al papel de la familia, a la patria potestad de los padres». «Pareciera que se quiere establecer una relación entre el invididuo y el Estado disolviendo las insituciones intermedias como es la familia», advirtió.