Podemos registra una ley que suprime la diferencia entre el abuso y la agresión sexual

Desde Podemos apuntan que la finalidad de la proposición es eliminar la distinción introducida en el Código Penal en 1995 entre agresiones y abusos sexuales . Este cambio normativo, aducen desde la formación, configura la agresión como un delito contra la voluntad de la víctima, que hace hincapié en cuestiones como el grado de violencia e intimidación para diferenciar entre el abuso y la agresión. Este marco normativo, explican, configuró «dos efectos negativos» en la jurisprudencia: que es necesario que la víctima se resista activamente para que se considere agresión, y que para que la intimidación pueda ser equiparable a la violencia tiene que ser lo suficientemente grave para bloquear a la víctima psicológicamente.

En este sentido, tanto Podemos como los penalistas que han trabajado en la redacción de la ley denuncian que las sentencias y los jueces se centran «en demasiadas ocasiones» en la conducta de la víctima , en su resistencia, para determinar si se trata de un tipo u otro de delito. Estas mismas personas califican el delito de abuso como una suerte de «cajón de sastre» de todas aquellas conductas que no llegan a la violación, algo que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. El ejemplo, explican, se puede encontrar en situaciones como las pocas condenas que hay sobre agresiones a menores de edad, algo que se explicaría, siguiendo el argumento de los expertos y de los diputados que han trabajado la propuesta, porque la violencia para someter a un menor «es de escasa entidad».

«La ley saca del foco el comportamiento de la víctima y lo sitúa en la conducta del agresor», precisan desde el grupo confederal. Esto conlleva también que cobre relevancia el factor del consentimiento para que las relaciones sexuales no puedan considerarse agresiones, algo muy comentado a raíz del anuncio de la ministra de Igualdad, Carmen Calvo , que propuso la necesidad de decir «sí» expresamente para que se puedan considerar relaciones consentidas. En Podemos apuntan su apoyo al «sí», pero matizan que no se trata de configurar una suerte de «contratos verbales», sino que el consentimiento también puede ser, «lógicamente», tácito, es decir, que se puede apreciar en conductas como el comportamiento de la víctima, sus gestos, o el grado de participación que tiene en el acto sexual.

Otros puntos relevantes de la proposición de ley tienen que ver con los atenuantes y agravantes del delito de agresión . Al suprimir el delito de abuso y uificar los tipos delictivos en el de agresión, serán los atenuantes y agravantes, en función de cada caso, los que determinen el tipo de sanción. Una de las novedades es la introducción del agravante de la agresión sexual en grupo. Antes, explican desde la formación, «se podía juzgar en una agresión en grupo a cada participante como responsable de su propio abuso y como colaborador necesario en el de los otros»; en la ley de Unidos Podemos se recoge la figura de la «agresión sexual colectiva».

También se recoge como delito leve el acoso en la vía pública. «Será castigado con penas de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad el que se dirija a una persona en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria», apunta la proposición de ley.

Por último, el grupo confederal destaca que uno de sus principales objetivos es el de la protección integral a las víctimas, por lo que se incluyen en el texto formas de protección que van desde el ámbito económico al psicológico, y que incluyen fórmulas de reparación del daño causado, por ejemplo, en redes sociales . El fin de todo esto, apuntan desde Podemos, es que no se produzca «una victimización secundaria que hemos visto en casos como el de la Manada». En este sentido, la ley recoge cuestiones como que no será necesario un documento judicial para poder disfrutar de la protección, que la víctima no tenga contacto con su agresor a la hora de prestar declaración, o que no pueda ser preguntada en un proceso judicial por cuestiones ajenas a la agresión, como «sus hábitos sexuales». También se prevé estrategias de divulgación de la perspectiva de género y formación a jueces en este sentido.