Podemos quiere convertir todos los colegios concertados del país en públicos

El texto, firmado por el diputado de Podemos, Joan Mena, y al que ha tenido acceso ABC, señala que «han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública. Así pues, sería oportuno establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar que las escuelas privadas o privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del Estado español ».

También usan como argumento lo que ocurren a nivel europeo. Así, apuntan que la media de los países miembros de la UE y la OCDE «arroja que el 90 por ciento del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10% lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea ».

Pero si es voluntario, ¿por qué la concertada está tan preocupada? « Que se diga que tendrá carácter "voluntario" es engañoso , ya que la realidad es que los centros concertados están sufriendo con dureza una creciente infrafinanciación del llamado módulo de conciertos (es decir, la cantidad recibida de la administración para gastos de funcionamiento), hasta el punto de entrar en quiebra económica. Y en esa tesitura, aparece la administración que ha causado esa situación de asfixia y ofrece asumir el colegio; es como decir: "Yo te tiro al río y cuando te estás ahogando te ofrezco salvarte a cambio de perder tu identidad" . Cabe recordar que los colegios no sólo dejan de ser concertados, sino que olvidan su proyecto educativo católico». Cabe recordar que los colegios no sólo dejan de ser concertados, sino que olvidan su Proyecto educativo católico», señala Luis Centeno , secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal de la concertada más grande del país, con 1.200.000 alumnos y 2.000 centros.

Centeno alerta de que al problema de la financiación se suma también que «los colegios no pueden recibir ayudas de las familias porque cada vez más perseguidas las llamadas aportaciones o cuotas voluntarias. Al final, los centros no van a poder ni cambiar una bombilla y las familias elegirán centros públicos más modernos , en los que tienen comedor o transporte gratuito, en los que no les piden ayudas económicas, etc.»,

Los cobros obligatorios a las familias ya están prohibidos desde siempre y de forma expresa en la LOE en su artículo 88.1. Los que sí pueden hacer los centros concertados es pedir aportaciones voluntarias. Sin embargo, la escuela pública y la privada suele denunciar que muchos de esos cobros se hacen de forma obligada a las familias. Así lo aseguran la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) en sus anuales informes en los que denuncian a la concertada . El problema de los informes es que analizan un número muy reducido de colegios (en el último 338 de los 3.000 que hay en todo el país) para denunciar a la concertada de cuya caída ambas redes se beneficiarían.

Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) dice que el texto de Podemos le « recuerda a los planes de nacionalización que han sido tan habituales en los regímenes autoritarios . En vez de financiar lo suficiente la escuela concertada prefieren asfixiarla y luego absorberla a precio de saldo . A base de dinero público quieren reducir la pluralidad en la escuela, y eso, además de injusto, es un retroceso en derechos. La mayor parte de la segregación que puede haber está producida por políticas públicas equivocadas: infrafinanciación de la concertada, discriminación a las familias de la concertada en el acceso a becas de transporte y comer, o a las extraescolares en muchos municipios, etc».

El mecanismo que propone Podemos para absorber a la concertada en la pública consiste, en primer lugar, en abrir un proceso de convocatoria por parte de la administración para escuelas de Infantil, Primaria y Secundaria y la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación, la consejería de la comunidad autónoma correspondiente, el ayuntamiento y el titular del centro. Este último deberá solicitar la voluntad de integración « previo acuerdo del Consejo Escolar del centro, especialmente de las familias, el ayuntamiento de la localidad y el claustro del centro ». La ley prevé la creación de una comisión encargada de aprobar la integración. La ley establece que cuando lel organismo que tenga problemas para adquirir o arrendar el inmueble recibirá ayuda económica «sin costes adicionales» por parte del Ministerio de Educación. La ley garantiza que los docentes no perderán su trabajo, aunque «en el plazo máximo de cinco años a partir de que el el centro educativo quede adscrito al departamento correspondiente» deberán presentarse a las oposiciones de profesor.

Fuentes parlamentarias Partido Popular han adelantado a ABC que votarán en contra de la iniciativa y Vox hará probablemente lo mismo. El PSOE, por su parte, no ha respondido a la pregunta.

El texto de Podemos señala que está inspirado en lo que se hizo en Cataluña. En 2019 se aprobó un decreto ley para absorber centros concertados e integrarlos a la red de titularidad de la Generalitat. En la exposición de motivos, el real decreto señala que «es urgente disponer de una normativa que permita cambiar titularidades de los centros con el fin de superar las dificultades que hay actualmente para atender las necesidades de escolarización , como son la implementación de aulas prefabricadas o módulos, las dificultades evidentes de encontrar suelo público y la limitación de recursos económicos para construir nuevos edificios«.

Centeno denuncia que se hace extensivo a todo el Estado lo que ya ha existe en Cataluña, impulsado por ERC, para ir acabando poco a poco con la concertada. «Ya que no pueden prohibir los conciertos como desearían, han optado por asfixiar a la concertada. En Cataluña, según informe del Sindic de Greuges, el módulo de conciertos no llega ni para pagar la mitad de los gastos de funcionamiento . Además, la Generalitat dejó de financiar el llamado Premio de Fidelidad a los profesores que ahora lo tienen que abonar los propios titulares de los centros. Igualmente, han puesto el foco en perseguir las aportaciones voluntarias. De esta manera, esperan que sean los propios centros concertados los que pidan incorporarse a la red pública por quiebra económica«.