Cataluña deja a la concertada fuera de la planificación educativa

Ayer, último día de plazo para presentar alegaciones al proyecto de decreto de programación de la oferta educativa y del proceso de admisión de alumnado, y armados con más de 121.604 papeletas que cuestionan algunos aspectos de la normativa, las principales patronales de la concertada se plantaron ante la sede del departamento de Educación.

Allí presentaron los alegatos de las familias a esta nueva normativa, que podría aprobarse en las próximas semanas y sustituirá a un anterior decreto, en vigor desde 2007.

El proyecto de decreto ha sido diseñado, según la Generalitat, para combatir la segregación escolar y garantizar un mejor reparto del alumnado de contextos socioeconómicos desfavorecidos , y da un giro al actual modelo de preinscripción, dejando en manos de la Generalitat y los ayuntamientos la planificación de la oferta educativa, lo que ha soliviantado a la red concertada.

El decreto que se cuece en el departamento de Educación, y que supondrá también la eliminación de la financiación pública a las escuelas que separan por sexo, « afecta al derecho de las madres y padres de elegir para sus hijos la educación que sea conforme a sus convicciones », denuncian desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres.

El proyecto de Cataluña no es más que la punta del iceberg del ataque que la concertada sufrirá en la «ley Celaá» que, en la línea con el decreto catalán, deja en manos de las administraciones educativas la programación de la oferta educativa de modo que garantice «la existencia de plazas públicas» sin aludir a las concertadas . Además, elimina la demanda social.

Cataluña se desmarca del régimen general para diseñar un procedimiento basado en la planificación previa de la oferta, que realizará unilateralmente la Consejería. Sin embargo, las normas sobre programación y admisión de alumnos en todas las comunidades autónomas deben regirse por el marco fijado en los artículos 84 y 109 de la LOE (ley aprobada por los socialistas en 2006).

¿Qué dicen estos artículos? «Las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores... ». Por su parte, el 109, apunta que «en la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores legales ». Además, el 109.2 de la LOE actualizada por la LOMCE, señala también que «las administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza (...)tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social».

Por otra parte, el nuevo proyecto de decreto «tampoco incluye ninguna alusión a que la obligación legal de impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano», según denuncia Cs. Por eso, la formación naranja presentó también ayer sus alegaciones a la normativa.