Los partidos nacionalistas catalanes, entre los que más atacan la libertad religiosa

De ese cómputo global, Podemos fue responsable de 34 ataques a la libertad religiosa convirtiéndose en el partido más laicista de España. Junto a Izquierda Unida —ambos se presentaron juntos a las últimas elecciones legislativas— cargaron sobre sus espaldas 44 casos, doblando el número de agresiones del segundo partido más laicista, el PSOE, con 20. Tras ellos, le siguen los partidos nacionalistas catalanes y valencianos (CUP, PdeCAT, Compromís y ERC) . El principal blanco de esos ataques fue la Iglesia católica.

Cataluña además se convirtió por primera vez en 2017 en la comunidad autónoma con más atentados contra este derecho fundamental (29 casos). La Comunidad Valenciana (con 21) también se encuentra entre las primeras posiciones. «La inestabilidad política que hay en Cataluña afecta a la libertad religiosa. A ello hay que sumar el laicismo radical de algunos partidos que quieren convertir al Estado en religión», denuncia a ABC, la presidenta de OLRC, María García, quien subraya que aunque el año pasado se produjeron menos ofensas a las confesiones religiosas, «fueron más violentas».

La mayoría de los atentados que se produjeron en 2017 fueron episodios de marginación de la religión de la vida pública (62 casos), seguidos de ataques a los lugares de culto (44) y escarnio a la religión (41). El informe del Observatorio detalla caso por caso. Entre ellos, destaca la proposición no de ley presentada por Podemos en el Congreso en febrero para eliminar la emisión de la Misa en la 2 de TVE o la decisión del alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve (Podemos), de prohibir a los bomberos la celebración de la tradicional misa de su patrón —San Juan de Dios — en el parque de bomberos de la ciudad.

La lista de acoso y derribo contra la confesión mayoritaria es larga. El informe recoge la petición de Izquierda Unida de retirar del escudo de la ciudad de Sevilla, la imagen de Fernando III el Santo y de los obispos hispalenses San Isidoro y San Leandro, al considerar que las referencias cristianas del escudo «constituyen un atentado a la aconfesionalidad que recoge la Constitución». A esta persecución se suman también las reiteradas peticiones de la formación morada en el Congreso y en multitud de asambleas regionales para que se deroguen los Acuerdos Iglesia-Estado, una solicitud a la que además se sumó ERC y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el objetivo de consolidar «un Estado laico».

La marginación de la religión de la esfera pública llega incluso a extremos tan absurdos como la propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana (Compromís) de cambiar el calendario escolar para que se base «en criterios pedagógicos y no en las fiestas religiosas» , subraya el informe. La CUP también se suma a la lista de los partidos más laicistas de España . El informe recoge su propuesta de expropiar la catedral de Barcelona para «su socialización forzosa ante el exceso de turismo en el distrito antiguo».

«Algunos partidos, sindicatos y asociaciones han utilizado sus comparecencias sobre el Pacto Educativo para cargar contra la Religión en la escuela, especialmente contra la católica, los acuerdos con el Vaticano y la libertad de los padres a elegir la formación que quieren para sus hijos, en vez de buscar soluciones para que mejore la calidad educativa. Ponen las instituciones democráticas al servicio de sus intereses ideológicos», explica García.

El laicismo radical de estos partidos de izquierda y nacionalistas se manifiesta también en numerosos ataques a los lugares de culto, que subieron el año pasado con respecto a 2016 (44 casos). Entre ellos, figura la profanación protagonizada por Arran —las juventudes de la CUP— en abril de 2017. Esta organización colgó en Youtube un vídeo en el que se veía a dos mujeres besándose frente a la imagen de la «Moreneta» para denunciar «la misoginia y la lesbofobia de la Iglesia».

Por séptimo año consecutivo, el informe da cuenta de todas las noticias aparecidas durante 2017 en los medios de comunicación , así como la información que proporciona el Congreso de los Diputados, el Senado y los Parlamentos autonómicos en relación a este tipo de ataques.