Parricidio de Castellón: La juez no apreció en las grabaciones que la madre se sintiera amenazada

Itziar y Ricardo pactaron que él llevaría a las pequeñas de seis y dos años al colegio todos los días y las recogería otros dos, pernoctando con ellas tres de cada quince días.

La magistrada deniega la orden de protección el 27 de febrero con tres argumentos: que no ha dado una explicación del miedo que dice sentir; que ese miedo no es compatible con sus actos fijó su residencia a unos metros) y que la Policía la ha catalogado como «riesgo bajo» . Tras el asesinato de las dos pequeñas, el foco se ha puesto en esta decisión judicial pero los siguientes pasos evidencian la extremada dificultad para predecir determinados comportamientos y las carencias que persisten en la dotación de medios para combatir la violencia de género.

La madre recurre la decisión y la juez le pide que aporte las grabaciones realizadas a su marido. En su siguiente auto de 6 de abril, al que ha tenido acceso ABC, se desmenuzan tanto las frases amenazantes de dichas grabaciones como el contexto. Tras escucharlas -fueron grabadas el 3 de noviembre de 2017 y el 23 de febrero de 2018- la magistrada asegura que no aprecia que Ricardo « tratara de intimidar a su esposa y, lo que es más, que esta se sintiera amenazada por sus palabras». Son conversaciones largas de 6, 29, 15, 21 y 2,38 minutos en las que ambos hablan sobre cómo deben desarrollar la convivencia con sus hijas; en ellas discrepan «pero en un tono normal y sin palabras estridentes ni ofensivas».

Y aquí hay que enmarcar el contexto. «No, si tú ya estás sentenciada, tú ya estás lista de papeles», le dice Ricardo a Itziar en una de ellas, justo cuando acaban de hablar sobre sus discrepancias con la interpretación judicial de las visitas. En otra, él intenta convencerla para que flexibilicen ese régimen a lo que ella se niega y le dice: «Todo lo que puedas solucionar, lo hablas con tu abogado» (...) Siguen hablando y él la interroga sobre lo que va a hacer (se supone que en ese momento). La respuesta de la mujer es: «Pues me voy a casa y luego a trabajar... y tú qué vas a hacer». Ricardo dice: «Ya lo veré». Y ella continúa: «¿Ya lo veré? ¿me estás diciendo que me despida de mis hijas porque no las voy a volver a ver... Pues espero que mañana pueda hablar con ellas porque lo pone la sentencia. «Más allá de la ruptura familiar las palabras vertidas por el investigado no revisten entidad penal y se enmarcan en el ámbito de una difícil ruptura (...)», aprecia la juez.

El origen de esta denuncia, la primera y única que ella interpuso, fue la discusión que sostuvieron en una cafetería porque él quería adaptar las visitas a su nuevo horario laboral. «Entonces no vas a hacer nada, ya te puedes ir despidiendo de las niñas », le dijo él. Aun así ella acompañó a las niñas a casa del padre y se marchó. Itziar contó que antes de separarse, en julio de 2017 él le advirtió: «Me voy a cargar lo que más quieres». En el juzgado dio otra fecha y otro contexto. «Cambia su versión e indica que las amenazas van dirigidas a sus hijas y pide protección para las menores pese a afirmar que voluntariamente entregaba a las niñas al padre tras la ruptura» y que luego pactaron las amplias estancias con él.

La magistrada, especializada en violencia de género, da cinco razones de por qué no ve una situación objetiva de riesgo: las discrepancias son por la relación con las hijas; Itziar no ha argumentado por qué denuncia las amenazas muchos meses después, al hilo de una disputa por las visitas; no pidió protección para ella ante el Juzgado; el temor que dice sentir no es coherente con sus conductas y el riesgo valorado por la Policía es «bajo». El 29 de mayo se archivó el procedimiento. En julio, a Ricardo le embargaron las cuentas por impago de la pensión.