La juez citó tres veces a la madre de Castellón para que justificara su denuncia

En el colegio Lope de Vega, Javier Alguacil, su director, atiende a ABC «muy dolido», como todos. Hoy han faltado algunos pequeños a clase. Los padres de los compañeros de pupitre de las dos pequeñas asesinadas guardan un minuto de silencio y muestran su pesar. «Nos ha explotado en la cara», confiesa Alguacil. Castellón está «muy tocada», corroboran en el Ayuntamiento. En una ciudad de 180.000 habitantes , todo el mundo tiene referencias de quiénes eran: Itziar, psicóloga madrileña, con 42 años y problemas psicológicos desde que comenzó los trámites de separación; Ricardo, trabajador del sector del azulejo, se quedó en paro hace unos meses y ahí comenzó a cabalgar por el abismo de la depresión .

Ahora, a toro pasado, y con el final que ha tenido la historia, todo el mundo mira a la Justicia. La respuesta es compleja, pero revisado el caso paso a paso se puede decir que nadie previó, empezando por Itziar, que su ex se volvería loco una noche y acabara con tres vidas . El mar de fondo es la desunión de la pareja y tres procedimientos paralelos: el civil; el propio de ese divorcio para fijar cuestiones económicas y de la custodia de las niñas; y el penal, con dos causas a la vez que acabaron sobreseídas en mayo. Ambas se siguieron por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, pero «no hubo denuncia por maltrato» en ningún momento, según las fuentes jurídicas consultadas.

Durante 2018, Itziar interpone dos denuncias contra Ricardo. La primera, de enero, no la inicia ella, sino su psicólogo. Es una denuncia con un parte médico. En una visita pautada durante su separación , Itziar le comenta a su terapeuta del Centro de Mujeres 24 horas que la trata que vio a Ricardo estrellar una silla y teme que haga lo mismo con el carrito del bebé, de Martina. Por protocolo, él deriva ese parte médico al juzgado, que abre la causa el 18 de enero. El 22 de febrero declara Itziar, que renuncia expresamente a declarar y a cualquier medida de protección y dice que quiere que se archive, según las mismas fuentes. Aun así, la juez no sobresee.

En paralelo, como se ha dicho, Itziar y Ricardo dirimen su separación en un Juzgado de Familia. En él, una semana antes, el 14 de febrero ambos progenitores llegan con su convenio regulador y pactan de mutuo acuerdo el régimen de visitas para las niñas. Ella reclama 200 euros de pensión por cada una , él 100. Se resuelve de modo favorable a la petición de Itziar; la madre recibirá una pensión por manutención mensual de 400 euros por parte de su expareja. Pese a que existía la citada denuncia del 18 de enero, el fiscal «pide custodia compartida». El juez de Familia la rechaza y establece el régimen de visitas acordado por los padres. No hay elemento objetivo de riesgo, tampoco policial, porque Itziar acuerda salir de la casa conyugal con las niñas y se muda a solo 200 metros , a vivir en la misma calle.

Las mismas fuentes no entienden la «incoherencia» de Itziar al retirarse de la causa el 22 de febrero cuando solo dos días después, el primer fin de semana que las niñas están con su padre, el del 24 de febrero, la madre le denuncia por amenazas. Es sábado y en Castellón no hay Juzgado de Violencia contra la Mujer abierto, así que el caso se deriva al de Instrucción de guardia. Itziar denuncia a Ricardo por amenazas y explica que las tiene grabadas, aunque no aportó la prueba. No reclama orden de alejamiento , sino que se suspenda el régimen de visitas. Al parecer, se había producido una fuerte discusión al dejarle a su ex a Nerea y Martina. Cuando la titular y el fiscal especializados del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón asumen la instrucción, constatan que no hay grabación y que las amenazas a las que alude remiten a 2017. El fiscal solicita una orden de alejamiento de 250 metros para ella y para las niñas. El abogado de Itziar se adhiere a esa petición. Esta es una de las grandes controversias del caso : la mujer acaba de pactar las visitas y pernoctaciones en la casa de su ex y días después solicita una orden de alejamiento.

El 27 de febrero la magistrada de Violencia deniega la orden de protección. Esgrime tres razones: la denunciante no ha dado una explicación razonable al miedo que dice sentir; dicho miedo «no es compatible con sus actos» (fija la residencia en la misma calle) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la han catalogado como riesgo «bajo».

Itziar recurre la decisión, pero el fiscal lo impugna y da la razón a la juez el 20 de marzo «al ser ajustado a Derecho», dice. Es decir, el Ministerio Público cambia su propio criterio , dado que antes sí había solicitado esa medida de alejamiento: una sola vez en toda la travesía judicial iniciada en enero. En mayo, la propia denunciante se suma a la Fiscalía y desiste de continuar con el procedimiento. La primera causa, la que empezó con un parte en el juzgado enviado por el terapeuta de la mujer, y la segunda, la denuncia por amenazas acaban en un sobreseimiento a finales de mayo. Desde entonces, en el Juzgado de Familia tampoco se había producido ningún cambio en el régimen de la custodia ni en las visitas.

Solo en una ocasión, el Ministerio Público ha pedido conceder una orden de alejamiento a Itziar, y cuando se le ha denegado, el fiscal ya no se ha opuesto. «Es un disparate que salga el fiscal jefe de Castellón y meta la pata diciendo que el fiscal sí pidió alejamiento y los juzgados no se la concedieron. Silencia una parte», aseguran las fuentes consultadas. « Ojalá se hubiera podido evitar , pero judicialmente no fue así», resuelven. Las niñas siguen durmiendo con el padre hasta las 5.30 horas del pasado miércoles. Encabezados por la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer del Supremo, Pilar Martín Nájera, expertos juristas reclamaron ayer unidades forenses que valoren el estado de los niños en casos de violencia machista y sepan «leer epan leer entre líneas» cada caso.