El Parlamento Europeo analiza hoy el ultimátum a España por no actuar en Doñana

La primera denuncia es de Javier Castroviejo , en nombre del Club Doñana, y se refiere al «deterioro en que se encuentra el Parque», quejándose, concretamente, del humedal de Doñana . A su juicio, algunos de los proyectos que se estaban llevando a cabo afectaban significativamente a su conservación y se violaban sistemáticamente las disposiciones contenidas en la legislación europea en materia de medio ambiente.

Esta denuncia fue admitida a trámite en 2009 y la Comisión contestó en 2010 solicitando información a las autoridades españoles con el objetivo de analizar si se estaba produciendo ese incumplimiento. La institución europea recibió la información en 2014 y consideró que «España no ha adoptado las medidas necesarias para proteger y evitar el deterioro del estado de las masas de aguas subterráneas del coto de Doñana».

Además, apunta que «España no ha adoptado las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats dependientes de las aguas subterráneas en los lugares protegidos de Natura 2000 y, por tanto, no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a la directiva sobre hábitats».

Como consecuencia de este incumplimiento, la Comisión decidió «iniciar un procedimiento de infracción oficial» y «envió un requerimiento a España » y la obligó a adoptar en el plazo de dos meses «las medidas necesarias para cumplir este dictamen motivado y la Comisión evaluará dichas medidas cuando sean comunicadas por España».

La segunda denuncia fue presentada por Pedro Jiménez en nombre de Izquierda Unida de Huelva y por Aurelio González Peris, en representación de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, relacionadas con la aprobación de proyectos que implican la extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en Doñana.

Las peticiones fueron admitidas a trámite en 2013 y la Comisión reclamó a España información adicional, que recibió en 2014. En su respuesta, España aseguró que la autorización para el desarrollo de los proyectos no se concederá hasta que no se haga una evaluación global adicional de los efectos de dichos proyectos.

La comisión aseguró entonces que como el procedimiento de autorización está en curso «y no existen pruebas de que se haya infringido la legislación de la Unión aplicable en materia de medio ambiente, la Comisión no está en disposición de proseguir el examen de estas peticiones».

Posteriormente, en 2016, se concedió autorización para el proyecto de almacenamiento de gas denominado «Marismas Occidental» . La comisión pidió información y España confirmó que de los cuatro proyectos en cuestión la administración solo ha autorizado uno y la decisión ha sido impugnada ante los tribunales.