Del papel de Iglesias en el CNI a la okupación, las reformas que el Gobierno ha hecho de tapadillo

Esta estrategia ha provocado que tanto la oposición conservadora como los propios socios del Ejecutivo le hayan acusado de «chantajear» a la Cámara Baja, dado que frecuentemente los socialistas piden apoyo para un texto que incorpora a modo de letra pequeña otras reformas muchas veces polémicas. «Es un 'lo tomas o lo dejas'», ha protestado con frecuencia el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

A la hora de usar esta estrategia, al Gobierno no se le ha puesto nada por delante: ha llegado a cambiar alrededor de veinte veces un mismo decreto de ayudas –las medidas para afrontar el impacto de la pandemia– y no ha tenido problema en utilizar iniciativas de la talla de los decretos de lucha contra el Covid-19 o los Presupuestos Generales para meter cambios en otras materias de tapadillo.

El más sonado fue el blindaje del exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CNI) . El Ejecutivo lo incluyó en el decreto-ley de medidas económicas contra la pandemia del 17 de marzo de 2020. Una maniobra que Vox y el PP llevaron ante el Tribunal Constitucional entendiendo que no se daban las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para que ese nombramiento pudiera introducirse vía decreto. El TC dio recientemente la razón al grupo que preside Santiago Abascal –el recurso del PP está pendiente de resolver – y anuló la disposición por inconstitucional, afeando que el blindaje de Iglesias era «una cuestión ajena a la crisis sanitaria», que no presentaba coherencia con el decreto-ley y cuya urgencia no había sido justificada por el Gobierno. Otra polémica reforma 'colada' fue permitir la okupación de viviendas durante el estado de alarma. El pasado enero, el Ejecutivo usó el decreto de medidas en el ámbito social y económico para modificar la legislación antidesahucios y evitar que se pudiera desalojar a okupas, aunque hubieran forzado la cerradura o roto algún mecanismo de acceso para entrar en la vivienda.

Y tan solo unos meses antes, el Gobierno había utilizado el proyecto legislativo más importante del año, los Presupuestos, para aprobar un rosario de reformas que tampoco tenían nada que ver con las cuentas. Entre ellas, cambios en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para modificar los precios de referencia de los fármacos. Los Presupuestos vigentes incluyeron también cambios en la Ley de Regulación del Juego , elevando las tasas de cuantía fija. Y también fueron utilizados para reformar la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y recuperar la figura de las agencias estatales, modificar el régimen de las entidades públicas empresariales o las causas de disolución de organismos públicos.

La Ley de Contratos del Sector Público es otra de las que sufrió cambios por la 'puerta de atrás', también a través de los Presupuestos. Por esta vía, el Gobierno eliminó algunas obligaciones de las empresas para que se adjudiquen contratos y estableció sanciones por incumplir la legislación. El Estatuto del Empleado Público fue reformado por el mismo camino para cambiar la regulación de los permisos de los funcionarios y lo mismo sucedió con la eliminación de las mutualidades. La lista sigue porque, de momento, La Moncloa no renuncia a esta estrategia .